Por qué importa. El anuncio de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la causa abierta en enero por la compraventa de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende abrió la interrogante sobre si el fiscal regional Patricio Cooper agotó todas las diligencias necesarias para esclarecer si hubo tráfico de influencias y fraude al fisco en el fallido trato inmobiliario.
La familia Allende. El trato por $993 millones para convertir la casa de Guardia Vieja en un museo infringía dos normas de la Constitución que prohíben al estado hacer negocios con parlamentarios y ministros, y tanto la entonces senadora socialista Isabel Allende como la ministra de Defensa Maya Fernández Allende, figuraban como propietarias de la propiedad de Providencia.
El diagrama de flujo. En el diagrama de flujo contenido en la carpeta de investigación, bajo el título “tráfico de influencias”, se ven fotos de nueve personajes de la trama. A estos luego se sumaron directivos y funcionarios del Segundo Piso que participaron de la aprobación del trato.
El débil momento de Cooper. El anuncio de no perseverar en la causa ocurrió también en medio del débil momento del fiscal que meses atrás era descrito como el perseguidor que complicaba al oficialismo.
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Casa de Allende: el portazo que el Séptimo Juzgado dio en febrero a Cooper y que ahora usó para cerrar el caso. https://t.co/XZy0sWvYQ9
— Ex-Ante (@exantecl) October 21, 2025
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