Septiembre 9, 2022

¡Calentando de nuevo la calle! Por Juan Ignacio Correa

Ex-Ante

El regreso de los fanáticos de overoles blanco saqueando, incendiando y destruyendo los bienes públicos, la locomoción ciudadana y cuanto encuentran a su paso, nos debe poner en sobreaviso de que el fantasma insurreccional que recorrió el país el 18 de octubre y después ha vuelto a salir de su cueva invernal mostrándonos sus feroces garras.


Resulta atractivo rechazar para reformar. Pero ya vimos lo que pasa cuando se privilegian los eslóganes, como Nueva Constitución, por sobre el contenido.

El nuevo pacto político requerido para elaborar el futuro texto fundamental no puede quedar constreñido por abstractos lineamientos, como los que moldearon la redacción del Borrador Constitucional, rechazado categóricamente el pasado 4 de septiembre. Ni al chantaje al que se sometió a la democracia bajo la extorsión del quiebre institucional instado de partir del atardecer del viernes 18 de octubre de 2019.

Con esa amenaza blandiendo sobre nuestras cabezas se forzó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. No seamos candorosos. La ejecución casi a la perfección de esa partitura revolucionaria tuvo la dirección de la batuta inmerisicorde del siempre conspirativo PC. Hoy está claro. Así lo ha reconocido parte de su feligresía.

Quizá tampoco se sabrá cuánto influyó en la precipitación por suscribir ese acuerdo tanto el ultimátum de cuarenta horas que La Moneda dio a los partidos políticos para negociar cuanto el triple tuit subido simultáneamente, ─a las 21:49 horas del miércoles 13 de noviembre de 2019─ desde las cuentas: @Ejercito_Chile, @Armada_Chile y @FACh_Chile, dando su absoluto y total respaldo al actuar de carabineros tras el inicio de la asonada.

Perfectamente ambos hechos podrían interpretarse como un aggiornamento del ruido de sables del Inspector General del Ejército, el general Mariano Navarrete, que fue la partitura a cuyos sones marciales se impuso la Carta Constitucional del 25.

Por la boca de Andrés Allamand, uno de los líderes del conglomerado de gobierno y luego canciller, se supo que “fue un acuerdo obtenido bajo presión de una violencia intimidante”. Y de la expresidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, que agregó: “el gobierno estuvo muy cerca de caer, probablemente más cerca de lo que la gente piensa”.

¿Cómo negarlo? El regreso de los fanáticos overoles blanco saqueando, incendiando y destruyendo los bienes públicos, la locomoción ciudadana y cuanto encuentran a su paso, nos debe poner en sobreaviso de que el fantasma insurreccional que recorrió el país el y tras 18 de octubre ha vuelto a salir de su cueva invernal mostrándonos sus feroces garras, asustando a la ciudadanía con sus espeluznantes graznidos y metiendo miedo en nuestras ciudades.

¿Nuevamente la tolerancia, emanada de la cobardía e indolencia gubernamental, permitirá que esta revolucionaria avalancha nos paralice y volvamos a claudicar?

Así, ahora no basta con manifestar que la nueva Carta Constitucional respetará el carácter de republicano y democrático del Estado, las sentencias ejecutoriadas y los tratados internacionales vigentes, como ingenuamente se pactó en la madrugada de ese 15 de noviembre.

Si fuese así, se corre el riesgo de que el nuevo texto vuelva a ser defenestrado, como también lo es la actual carta que no logró consolidarse debido a que su origen se entronca con los abusos de los DD.HH. de la dictadura militar. Las 257 modificaciones introducidas a octubre de 2019 no fueron suficientes para despercudirlo de ese karma.

Si al expresidente Lagos no se le hubiera olvidado que, en el maletero constitucional desde el siglo XX, la aprobación plebiscitaria de los textos es una condición esencial para su futura legitimidad y estabilidad, quizás el país no habría sido ─ni continuaría siendo─ estresado por la cuestión constitucional. Entonces, se creyó que la aprobación parlamentaria casi unánime de la profunda Reforma del 2005 y la firma de Lagos y de su gabinete eran suficientes para legitimar la Constitución del 80, estimándose innecesaria su consulta popular. Lógico. Si solo tres senadores votaron en contra: Canessa, Cordero y Martínez y otro se abstuvo: el senador Stange. O sea, el cien por ciento de los elegidos por el voto popular la aprobaron. Solo se opuso la bancada militar.

Ahora surge la clásica pregunta: ¿qué hacer?

Pienso que en el trazado del camino a seguir debe estar especificado expresamente el carácter democrático del Estado. Ello significa el respeto intransable del principio: Un hombre/mujer, un voto.

También exige precisar, igualmente en forma expresa, que una república no solo es la antípoda de la monarquía, sino que requiere de la existencia de una efectiva Separación de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como un mecanismo de fiscalización y contrapeso al intento populista que hoy amenaza a las democracias occidentales, cuya concretización en Chile creen liderar los overoles blancos, palitroques que el PC reactivó para calentar la calle en la esperanza de que ahora sí podrá concluir el fallido golpe de Estado intentado a partir del 18 de octubre.

Igualmente y también de un modo expreso, en el nuevo texto deberá estar inequívoca y claramente sancionada y excluida la violencia como medio para dirimir nuestras diferencias políticas.

Esta vez, el tránsito para reemplazar el actual texto requiere dejar de lado la cobardía, improvisación e ingenuidad. Hoy se debe actuar con realismo político, republicanismo y amistad cívica.

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