Recientemente, el propio Presidente sostuvo que “la Constitución de 1980 es un obstáculo para algunas de las reformas que nosotros queremos hacer”; y la Ministra Vallejos indicó que “el programa de gobierno, su profundidad, depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre”. ¿Le faltan argumentos para convencerse?
A continuación, 5 “productos” del Ejecutivo que supuestamente estarían subordinados a la aprobación de la propuesta de Constitución:
1) Sistema de seguridad social: En su campaña, el entonces candidato Boric prometía que crearían un nuevo “Sistema de Seguridad Social” que asegurara una pensión mínima universal de $250.000. En su discurso de la Cuenta Pública, el Presidente se comprometió a enviar un proyecto de ley de la materia con la máxima premura.
2) Sistema Nacional de Salud: ¿La promesa del Gobierno? Crear un Sistema Universal de Salud con un Fondo Universal de Salud. ¿La Convención? Se compromete a lo mismo, pero además amarra la creación de un órgano público que administre dicho fondo en 24 meses.
3) Derechos de la Niñez: Tanto en la campaña como en el discurso de la Cuenta Pública, el oficialismo sostuvo que implementará la “Defensoría de la Niñez” junto a un potenciamiento de sus facultades. El texto constitucional, además de fortalecerlo le entrega carácter de un órgano autónomo, fijando el cumplimiento para los próximos 18 meses tras una eventual aprobación del texto constitucional.
4) Legislación laboral: En su programa, el Presidente Boric afirmaba: “Nuestro compromiso con el objetivo del trabajo decente implica el pleno derecho a la libertad sindical, con negociación colectiva multinivel”. Esto se ve perfectamente reflejado en la propuesta de nueva Constitución: “corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial”.
5) Educación: En esta materia, existe una significativa coincidencia entre los innumerables fines y principios que deberán regir la educación según la propuesta constitucional y el programa del entonces candidato.
Además, esto se potencia con la eliminación del reciente avance que establece el kínder obligatorio —impulsado por Piñera—; la Ley de Inclusión escolar —impulsada por Bachelet—; la gratuidad universitaria —impulsada por los exdirigentes universitarios que hoy gobiernan—; y la idea de reemplazar la lógica de la demanda y el subsidio en el financiamiento de los establecimientos educacionales por el de la oferta.
Sin duda que existe una evidente simbiosis entre las promesas presidenciales y el borrador de nueva Constitución. ¿Qué pasará si no gana el Apruebo? ¿No cumplirán con el programa? Sin duda el camino será cuesta arriba, pues el marco de la Constitución actual no tendrá esta simbiosis y a ratos incluso puede ser contradictoria con los desafíos del programa.
¿Qué ocurrirá si en cuatros años más un sector político diferente asume el poder? Lamentablemente no podrá gobernar con sus ideas, ya que estamos repitiendo los males constitucionales del 80, pero desde una vereda ideológica contraria.
Una Constitución no puede ser un programa de gobierno y un programa de Gobierno no puede estar subordinado a una Constitución. Esto nos aleja del tan anhelado pacto intergeneracional capaz de proyectarse en el tiempo y pasaría a ser una promesa obligada para los futuros gobiernos, agregando además una incertidumbre innecesaria al actual gobierno.
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