El escándalo Monsalve ha derivado en la más grave crisis política enfrentada por el gobierno, y no solo por las implicancias de los delitos que pudo cometer el exsubsecretario del Interior, sino por la dudosa actitud de quienes tenían la obligación de actuar con la cabeza fría para defender el interés público, y no lo hicieron, en primer lugar, el presidente de la República. Ello obliga a revisar las posibles ilegalidades cometidas.
Fue el propio mandatario quien generó una percepción devastadora sobre la forma en que actuó La Moneda cuando se supo que la fiscalía investigaba a Monsalve por abuso sexual y violación. Fueron sus pasos en falso, en particular su desdichada conferencia de prensa de 50 minutos en Lampa, los que hicieron crecer la sospecha de que había maniobras gubernamentales de ocultamiento o encubrimiento. Era lógico que mucha gente pensara que, si no hubiera sido por la portada del diario La Segunda del 17 de octubre, el exsubsecretario habría continuado en el cargo.
La interpretación benevolente de los errores de Boric ha aludido a su inexperiencia. Es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo por los desatinos acumulados desde que llegó al cargo. Se ha dicho también que la demora en reaccionar se explica por el estado de shock en que quedaron él y sus colaboradores, lo que habría provocado una suerte de parálisis. Supongamos que ese fue un factor determinante. Pero, ¿cuánto duró el estado de shock? ¿reflexionó el mandatario sobre los intereses que estaban en juego? Mejor no pensemos en lo que ocurriría si, por desgracia, se produjera una emergencia nacional.
Lo concreto es que Boric, con la información que tenía el 15 de octubre, dilató la salida de Monsalve y lo envió al sur a “explicar” lo que ocurría a su familia. Además, marginó de las decisiones a la ministra del Interior, la ministra vocera y la ministra de la Mujer, y optó por confiar en los “hombres” de confianza, Miguel Crispi y Carlos Durán. ¿Cuáles fueron las consideraciones políticas y éticas que hicieron Boric y sus consejeros? ¿Aceptaron sin más la estrambótica historia de Monsalve de que quizás había sido víctima de una conspiración que incluyó drogarlo?
En tal contexto, es válido pensar que el calendario electoral haya gravitado decisivamente en las vacilaciones y torpezas. Faltaban pocos días para la elección municipal y de gobernadores del 26 y 27 de octubre, y no es descaminado suponer que fue grande el temor de que el escándalo tuviera efectos catastróficos para los candidatos del oficialismo. No puede descartarse, entonces, que la estrechez de miras haya estado fuertemente determinada por los cálculos electorales.
Será larga esta historia, porque será larga la investigación. Monsalve se encuentra en prisión preventiva en razón de los cargos por abusos sexuales, pero la fiscalía sigue investigando la posible transgresión de las normas de la Ley de Inteligencia. Por si fuera poco, ha saltado al primer plano el eventual mal uso de los gastos reservados que se asignan a la subsecretaría del Interior, lo que podría configurar el delito de malversación de caudales públicos.
La comisión investigadora que designó la Cámara, presidida por el diputado Miguel Mellado, de RN, tendrá que ir al fondo del asunto. Ha citado a declarar a las ministras Tohá y Orellana, los asesores Crispi y Durán y otros funcionarios, y además enviará un cuestionario al propio Boric. Será el momento en que, probablemente, quedarán de manifiesto las omisiones y las incongruencias. Cuando estalló el escándalo nadie podía imaginar que se iba a crear un cuadro tan ruinoso para el bloque gobernante, pero allí está.
El caso Monsalve terminó de desnudar la precariedad del liderazgo presidencial, y ese sí que es un problema inquietante en términos institucionales. Si, finalmente, se acumulan los indicios de que el mandatario incumplió sus deberes constitucionales, se creará una situación muy compleja para la marcha del país, frente a la cual todas las fuerzas políticas deberán actuar con máxima prudencia.
Los partidos opositores, y sobre todo sus líderes, deberán demostrar templanza en los tiempos que vienen con el fin de que la confrontación política no derive en una reyerta ciega. Si ello llegará a ocurrir, no ganará ningún sector y el único perdedor será el país. Las lecciones de 2019 son demasiado recientes como para olvidarlas.
Lo que menos necesita Chile es una crisis institucional. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para que no se produzca. En tal sentido, es muy alta la responsabilidad del Congreso Nacional en cuanto a garantizar que no se debiliten los procedimientos democráticos, y asegurar la estabilidad y la gobernabilidad en cualquier escenario.
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