Bonos: Altas autoridades de gobierno recibieron un bono por desempeño, incluyendo al presidente de la República y la directora de Presupuestos (además de los directivos y profesionales de dicha repartición, que también lo recibieron durante 2025). Reciben un premio cuando nos acaban de notificar, no obstante, que el déficit estructural será muchísimo mayor al proyectado, con el perjuicio que eso significa para toda la nación.
¿Cuál es la explicación? Aparentemente, ninguna. Todo indica que no debiéramos sorprendernos ni menos hacer de esto un problema ya que no habría nada nuevo bajo el sol, pues en el pasado estos bonos los han recibido autoridades anteriores, incluyendo presidentes.
Pero ¿es esa una explicación razonable? No lo parece.
La crítica no se origina en la eventual novedad en la distribución de estos incentivos o reconocimientos que otrora, efectivamente, han recibido otros, sino en que no están dadas hoy las condiciones que ameriten el premio.
En líneas gruesas, sucede que la entrega de este tipo de bonos, en realidad, se da por descontada en el sentido que los funcionarios los entienden casi como un derecho, como parte integrante de la remuneración, por lo que no constituyen un verdadero incentivo o reconocimiento de una mejor gestión, que realmente contribuya a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
En el sector privado, cuando los incentivos están bien diseñados, los indicadores existen y son exigentes para dar cuenta si la gestión de la administración ha tenido (o no) un impacto positivo en el retorno de la inversión, en el beneficio de la empresa y en la estrategia de mediano plazo de la compañía.
En el Estado todo ello se diluye. Los dueños del capital -todos los chilenos- que al final del día estamos pagando estos incentivos, tenemos que preguntarnos ¿cuáles son los indicadores o los KPI bajo los cuales se entregan estos premios? ¿Realmente reflejan un esfuerzo adicional por cumplir con aquello de que el Estado está al servicio de las personas o forma parte de los deberes básicos de los funcionarios? ¿Son fáciles o difíciles de alcanzar? ¿Los niveles de cumplimiento, a partir de los cuales se pagan estos bonos, son altos y exigentes? ¿Existe un sistema o veedor independiente?
Y, por cierto, debemos prender las alarmas cuándo éstos se pagan de todas formas, a pesar de los malos resultados de la gestión -desequilibrio fiscal mayor- que son y serán perjudiciales para las generaciones actuales y futuras.
Cable a China: Tal y como ocurrió con el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, las explicaciones al efecto, en realidad, no son tales. A la fecha, más bien, lo que hay son múltiples contradicciones (prácticamente, durante la misma jornada, se dijo que se trataba de un “proyecto en evaluación” y “proyecto en la recta final”, para luego enterarnos -por la prensa- que se trataba de una concesión concedida y luego anulada) y, cuando no, ocultamiento de antecedentes relevantes.
Más allá de la grave falta de transparencia sobre información que la Constitución declara pública, el asunto compromete la posición y credibilidad de Chile con dos potencias mundiales muy relevantes.
Nuevamente estamos lejos de contar con explicaciones y antecedentes claros, y menos aun se comprende cómo este proyecto, de ejecutarse, resultaría o no beneficioso para los intereses de la nación toda.
Más que cable a China, hoy parece que lo que falta en los tomadores de decisiones es un cable a tierra.
Uso indebido de establecimientos públicos: ¿Qué explicación se ha dado acerca del lanzamiento, en las instalaciones del Hospital del Tórax, del libro “Sobre Cuba: 70 años de Revolución y Lucha”, difundido por cuentas ligadas al Partido Comunista?
La directora del hospital niega haber autorizado la actividad y señaló que ni siquiera se le consultó.
¿Es suficiente esa respuesta? Por supuesto que no; es más, abre otras preocupaciones. Si la máxima autoridad del establecimiento es pasada a llevar respecto de este asunto, ¿en qué otros, no se la considera?
Luego, se ha dicho que se iniciarán investigaciones sumarias, lo que está muy bien, pero el asunto es que estas cuestiones no debieran ocurrir, entonces cabe preguntarse ¿Dónde están los procesos, establecidos ex ante, para prevenir la ocurrencia de un hecho indebido o que se materialice un riesgo? Y luego, ¿En qué plazos tendrá lugar la investigación y, dada la gravedad de la falta, terminará en sanciones proporcionales a ella, o se tratará solo de una cuestión declarativa?
Por lo demás, nuevamente el asunto vuelve sobre la cuestión de la relación de nuestro país con Estado de Unidos, toda vez que se usa un bien público para la realización de un acto en que se releva la experiencia cubana y se condena el actuar del gobierno estadounidense.
¿En qué quedamos? Nuestro marco jurídico vigente señala que son públicos los actos y resoluciones del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Al respecto, los fundamentos de las decisiones no son cualquier cosa, sino explicaciones razonadas, basadas en la evidencia, del por qué se adoptan las determinaciones, lo que conlleva conocer cuáles eran las vías alternativas y su costo, y por qué fueron desechadas. Así se contribuye a evitar la arbitrariedad y el uso indebido de recursos públicos.
Exigir explicaciones adultas a las autoridades por las decisiones que adoptan o por lo que sucede bajo su guardia, y que ellas las provean de manera suficiente y oportuna, es un derecho y deber básico que debe ser cumplido.
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