Agosto 28, 2022

Ante la amenaza autoritaria, ¡a votar! Por Sergio Muñoz Riveros

Sergio Muñoz Riveros

La violencia en gran escala fue el acta de bautismo de la aventura constituyente. El chantaje de que podían venir nuevas violencias fue, sin duda, “el factor de éxito”. Por eso, se ilusionaron con ganar el plebiscito de salida, para así copar el poder sin contrapesos. ¡Qué revelador fue que el PC calificara el plebiscito como “la batalla de todas las batallas”!


No es propiamente una discrepancia constitucional la que nos conduce al plebiscito del próximo domingo, sino un conflicto crudamente político. Es la herencia del ataque a mansalva que sufrió nuestra convivencia en octubre de 2019 por parte de quienes se propusieron llevar a Chile hacia otra parte a cualquier precio.

La revuelta consiguió la desestabilización institucional buscada por sus promotores, en tanto que la Convención ayudó a entender “los hechos necesarios”, como calificó la violencia el redactor jefe del proyecto de Constitución. La cuestión medular es, entonces, si seremos capaces o no de sostener el régimen democrático frente a la más seria amenaza configurada desde el fin de la dictadura.

En la primera etapa de la Convención no fue sencillo que los ciudadanos percibieran el trasfondo político que había en la inmensa variedad de materias discutidas. A fin de cuentas, cómo no sentir cercanía con la protección del medio ambiente, la ampliación de los derechos sociales garantizados, el incremento de la presencia de las mujeres en los órganos de poder, el reconocimiento de los pueblos indígenas, etc. Sin embargo, todo aquello era adjetivo en el plan de los operadores del Frente Amplio y el Partido Comunista que redactaron el proyecto.

Lo determinante era crear condiciones para disputar el poder con ventaja y, en lo posible, quedarse con él por tiempo indefinido. No les interesó elaborar un proyecto que favoreciera la unidad nacional y reforzara el régimen democrático, sino armar uno que promoviera la idea de refundar Chile y aplicar, por fin, “el otro modelo” que tenían reservado para corregir lo hecho en los últimos 30 años, verdadera obsesión de la nueva y la vieja izquierda, hoy unidas.

Los redactores pusieron todos los árboles posibles para tapar el bosque. Por ejemplo, el reconocimiento de 103 derechos sociales tapa el hecho de que en el texto no hay ni una sola forma de incentivo al crecimiento de la economía y al aumento de la productividad para que tales derechos se hagan realidad. La ampliación del derecho de huelga, que parece favorecer a los trabajadores, tapa la perspectiva rupturista de paralizar las actividades de muchas empresas al mismo tiempo, y no solo por razones laborales. La expropiación de tierras reclamadas como ancestrales tapa el riesgo de que estallen innumerables enfrentamientos a lo largo del país.

Las huellas digitales están en el parlamento ideado: un Congreso de Diputadas y Diputados hecho a imagen y semejanza de la Convención, pero esta vez con facultades omnímodas, superiores a las del Presidente. Si la izquierda autoritaria controlara al mismo tiempo ese órgano y la Presidencia, se iniciaría la cuenta regresiva para la democracia. Tan seguros estaban los operadores de que así favorecían su propio plan, que pasaron por alto que esa misma estructura podría ser aprovechada por una derecha autoritaria.

Fue visible el desprecio por el Estado nación y los fundamentos de la democracia liberal. También la actitud indulgente hacia la violencia política. Y ciertamente, la hostilidad hacia la estrategia de desarrollo sustentada en la confluencia del mercado y el Estado en favor del progreso real.

Lo que propone el texto es que el país adopte otro rumbo, de contornos brumosos, pero en el que es posible reconocer la ilusión revolucionaria que tantas calamidades ha provocado en tantas partes. Seis millones de venezolanos forzados a abandonar su país, son el último testimonio de tales desastres.

El proyecto de Constitución que apoya el gobierno es la condensación de la revuelta de 2019. La violencia en gran escala, que prohijaron los partidos oficialistas, fue el acta de bautismo de la aventura constituyente. El chantaje de que podían venir nuevas violencias fue, sin duda, “el factor de éxito”. Por eso, se ilusionaron con ganar el plebiscito de salida, para así copar el poder sin contrapesos. ¡Qué revelador fue que el PC calificara el plebiscito como “la batalla de todas las batallas”!

La verdadera definición es la lealtad con la democracia. Esto no es claro para quienes creen en la acción directa como vía de compensación de todas las frustraciones, o para los que solo ven su propia bandera identitaria, o para quienes imaginan una sociedad feliz que surgiría de las cenizas de la actual. Muchos jóvenes deberían saber que es perfectamente posible que surja una dictadura que se declare ecologista, o que tenga paridad de género, o que dé un trato preferente a los indígenas, ¡y no dejaría de ser una dictadura! La causa que necesitan defender es la libertad. Otros jóvenes, que no lo entendieron hace 50 años, perdieron la libertad y en muchos casos la vida.

De poco le servirá a nuestro país tener una nueva Constitución si sigue habiendo partidos que toman la parte de ella que les conviene y le dan la espalda al resto. Sabemos, además, que hay grupos a los que no les interesa ninguna Constitución. ¿Qué Constitución podría satisfacer a la Coordinadora Arauco Malleco y las otras agrupaciones dedicadas al latrocinio revolucionario en el sur? ¿Qué Constitución llenaría el gusto de los “overoles blancos” y demás grupos comprometidos en el vandalismo? ¿O de las bandas criminales?

Para que Chile supere las complejas pruebas que hoy enfrenta, lo decisivo es sostener el orden democrático sin vacilaciones. Hay que mejorarlo, por cierto, pero lo primero es oponerse a pie firme a los intentos de debilitar sus cimientos. Afortunadamente, ha crecido la comprensión de este asunto vital. Corren vientos esperanzadores. ¡A votar!

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