-¿Cómo evalúan, como Corte Suprema, este nuevo proceso constitucional?
-Nosotros creemos que es importante tomar la experiencia del proceso anterior. En lo que respecta al Poder Judicial, por ejemplo, en el proceso anterior nosotros tuvimos poca posibilidad de intervenir antes de que se desarrollaran los hechos, porque en el fondo el presidente de la Corte fue citado por la Convención, pero cuando todavía no había ninguna normativa propuesta por la propia Convención. Entonces, lo que se hizo ahí fue hacer una exposición general y después se avanzó en muchos temas sin nosotros. Cuando nosotros empezamos a participar fue ya sobre textos que ya estaban propuestos y sin posibilidad mayor de hacer intercambios con la Convención, y los intercambios que pudimos hacer fueron casi al último, a propósito más bien de las normas transitorias.
-No están dispuestos a repetir esa experiencia.
-Esa experiencia nosotros la recogemos en el sentido de que esto no puede volver a pasar, porque nosotros somos un incumbente y el que tengamos encargada la administración de justicia significa que nuestra opinión sobre el tema de la administración de justicia es importante darla a tiempo y poder colaborar sin inmiscuirnos en las facultades que son exclusivas del organismo que genere la propuesta constitucional.
-¿Colaboración, sin intervención?
-Apuntamos a ser propositivos, a tener una postura que ellos conozcan y las razones por las cuales la tenemos, pero por supuesto sin tratar nosotros de subrogar a ese organismo ni meternos en su independencia. Para nosotros es tan importante ser independientes, como también lo va a ser para el organismo encargado de este tema.
-Esta vez están creando una comisión de ministros dedicada al tema, ¿qué características va a tener?
-No hay todavía nada al respecto, solamente se tomó el acuerdo de que esté esta comisión. Todavía no hay nada determinado sobre quién la va a dirigir, cuántos miembros va a tener.
-¿Cuál es el óptimo?
-La idea es que tenga seguramente unos 5 miembros, pero no hay un detalle todavía sobre esta materia, porque este es un tema que finalmente tiene que resolverlo el pleno. Cómo se va a dotar esa comisión, si va a haber un encargado de los temas constitucionales separado de los temas legislativos o un encargado para A y para B. Esa parte no se ha resuelto todavía, tendrá que resolverse en los plenos que vengan, porque este acuerdo está recién tomado.
-Uno de los temas complejos fue la justicia indígena, ¿tomaron una resolución sobre eso?
-Así es. Nosotros creemos que la clave de la justicia indígena es que la justicia indígena tiene que ser parte del sistema de justicia y el sistema de justicia ser unitario. No puede haber dos sistemas de justicia, porque eso genera una serie de complicaciones y problemas y, además, en los administrados genera dudas y sensaciones de inseguridad. ¿Por qué sistema me van a juzgar?, ¿Qué va a pasar con mis derechos?, ¿Tengo distintos derechos con respecto de un persona de las etnias originarias o no? Ese es un tema del que hay que hacerse cargo. Nuestra propuesta en principio, como gran base, es que haya un sistema de justicia. Ahora, dentro de ese sistema de justicia, nosotros queremos estudiar qué posibilidades hay para que ciertas instancias puedan considerar la participación de comunidades indígenas, con las realidades locales que cada una tiene, porque no hay una relidad estándar, sino que hay distintas realidades y, en consecuencia, para nosotros es un tema de estudio, porque creemos que se ha desarrollado poco el estudio mismo de este asunto y, en eso, nosotros queremos avanzar y aportar, para tener una posición en un momento determinado, cuando esto se discuta.
-Otra propuesta sensible en la Convención anterior fue el cambio del Poder Judicial por el Consejo de la Justicia, restando quizás su equivalencia con el Poder Legislativo y Ejecutivo.
-Cuando se estableció este lenguaje, de los sistemas de justicia, nosotros dijimos que creíamos que no había ninguna intencionalidad en eso, sino más bien reflejar la idea de que iba a haber un sistema de justicia indígena y otro sistema de justicia nacional, pero dado que nosotros mismos, lo creímos entonces y lo ratificamos ahora, de que es absolutamente fundamental de que haya un solo sistema de justicia, también creemos que es fundamental que el Poder Judicial siga teniendo el mismo nombre, porque las cosas son según de las llama y, en consecuencia, si uno baja el estándar en la nominación de un poder, aunque no quiera bajar el estándar en el fondo, la imagen que se da hacia afuera es muy mala y se da la impresión que uno está debilitando ese poder o desconsiderándolo. Desde ese punto de vista creemos que es muy importante que el Poder Judicial mantenga su nombre, mantenga su independencia y que el sistema de justicia sea uno.
-En el tema de las atribuciones y de los nombramientos hubo mucho cuestionamientos por su posible politización.
-La propuesta que tenemos ahora es que se separen la función jurisdiccional de la función de gobierno judicial, pero con organismos que sea mayoritariamente integrados por jueces. No solamente por jueces, pero mayoritariamente por jueces. Ahí se va a determinar cómo se eligen, si va a ser estamental o no. Ese es un tema que tiene que ser desarrollado después. Nosotros hemos dicho que este es un organismo que va a gobernar al Poder Judicial, en consecuencia es importante que tenga una buena representación de jueces, que tengan la experiencia de los temas que al Poder Judicial convoca.
-¿Se elimina el tema de la politización con esta propuesta o sigue el riesgo?
-Siempre hay un riesgo de politización, pero creemos que baja ese riesgo en la medida que la mayoría sean jueces. Ahora, otra forma de eliminar los riesgos de politización es que se establezcan bien las separaciones entre unas funciones y otras y se establezcan bien y adecuadamente los controles, que sean organismos que tengan una transparencia en su actuar. Todo eso baja también la posibilidad de una politización.
-Entre los organismos propuestos para la vigilancia de las bases constitucionales se ha propuesto al Congreso Nacional, con una integración mixta de Senado y Cámara; la Corte Suprema y el tribunal Constitucional, ¿hay disposición de la Corte Suprema para asumir la tarea de vigilante de estas bases?
-Nosotros ya estuvimos designados en el proceso anterior, para revisar los problemas del reglamento. No hubo nunca un requerimiento formal a que esto finalmente se concretara, así es que quedó la atribución nuestra, pero nunca llegó ningún requerimiento concreto a la Corte Suprema. Nosotros siempre vamos a tener la mejor voluntad para revisar el tema de las bases constitucionales, si es que finalmente se resuelve que seamos nosotros .
-¿No ha habido una petición hasta ahora?
-No. A nosotros no se nos ha hecho ningún requerimiento formal, pero el Poder Judicial siempre está disponible para ayudar de la mejor manera posible.
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