-¿El anuncio de esta acusación llega en mal momento? ¿Provocaría mayor tensión en la campaña presidencial?
-Naturalmente, esta acusación constitucional va a tensionar y polarizar la campaña presidencial. Veremos a los candidatos de Chile Podemos Más distanciándose aún más del gobierno, y a los candidatos de la centro-izquierda haciendo frente común para llevar adelante la acusación. Es probable que esta acusación avance en la Cámara mediante un apoyo masivo de los partidos opositores, pero es casi seguro que será rechazada por el Senado pues ahí se requiere de los dos tercios. La disputa será entre gobierno y oposición, y no necesariamente entre los candidatos presidenciales de uno y otro pacto. Sichel y Kast ya han tomado distancia del gobierno, y ya dejaron caer al Presidente.
-¿Esto es un golpe muy duro a Piñera? ¿Una demostración de que su poder, que ya estaba en declive, puede seguir debilitándose?
-En sus dos gobiernos la aprobación presidencial ha sido un asunto esquivo para Piñera, salvo los primeros meses de su mandato en que se vio favorecido- como casi todos los Presidentes- por el efecto “luna de miel”. Posterior al estallido social, Piñera incluso registró niveles de aprobación de un dígito, cuestión que podría repetirse si el caso “Pandora Papers” sigue en la agenda pública. Si durante su primer gobierno la aprobación presidencial se transformó en una piedra en el zapato para el Presidente, en su segundo mandato ha sido un verdadero calvario.
-¿A quién favorecería este clima polarizado: a los extremos? ¿De qué manera podría impactar en las campañas de Boric y Kast?
-En un clima de polarización los sectores más intensos suelen cosechar ganancias. El problema es que esta polarización está más presente a nivel de elite que a nivel de ciudadanía. Si se miran los datos de la última encuesta CEP, en la escala política las opciones de centro totalizaron un 34% y los no identificados un 33%. La izquierda consiguió un 18% y la derecha un 15%. Visto así, el ambiente político está abierto para una candidatura más moderada que sepa sintonizar con esos segmentos. El gran drama es que esos segmentos- personas de centro y desafectos- muestran menor interés en salir a votar en las elecciones de noviembre. Entonces, acá se junta el hambre con las ganas de comer: candidatos polarizados y un votante probable más frecuente en los extremos que en la zona intermedia de la escala ideológica.
-¿Qué efectos tendrá en la primera vuelta?
-El gobierno dejará el poder con cifras que podrían estar en torno al 20% o incluso más bajas si hay acusación constitucional. Su candidato presidencial no saldrá a defender la obra del gobierno y existe una izquierda muy consolidada que hoy por hoy tiene la primera opción de pasar a segunda vuelta. Esa izquierda sabe que su mejor rival para la segunda vuelta es Kast, por lo que un escenario de polarización facilitará sus objetivos.
-Sichel marcó distancia con el Presidente Piñera por el tema de los Pandora Papers. ¿Fue una buena táctica? ¿Eso le permitirá no verse tan atado a esta discusión?
-Sichel hizo lo estratégicamente correcto. Los encargados de inmolarse por el Presidente son sus ministros, no sus candidatos presidenciales. Si Sichel hubiese apoyado al Presidente, hoy su candidatura sería una cosa del pasado. Sin embargo, tendrá que llamar a sus legisladores a rechazar la acusación constitucional. De hecho, Sichel podría salir airoso de este proceso, pues si todos los diputados votan en contra y luego los senadores del sector hacen lo mismo, Sichel quedaría como un líder capaz de ordenar sus filas, haciendo olvidar- aunque sea por un momento- lo que sucedió con el cuarto retiro.
-Pese a ello, el candidato del oficialismo es, por su calidad de exministro, el principal damnificado si la acusación prospera. ¿Debería asumir una defensa de Piñera? ¿O el costo sería altísimo?
-No será el gran damnificado si hace bien las cosas. Sichel está confundido por los últimos resultados de las encuestas, pero sus opciones siguen intactas. Lo primero que debe hacer es distanciarse del Presidente. Luego, llamar a investigar más sobre el asunto e instar a que esto quede en manos de la justicia. Tercero, debe aunar a sus legisladores para votar en contra, cuestión que representa una tarea sencilla. Cuarto, una vez rechazada la acusación constitucional, debiese insistir en separar los negocios de la política y en evitar que el Congreso se transforme en un campo de fusilamiento para los mandatarios.
– Yasna Provoste va a estar en medio de la vorágine. ¿Es una oportunidad para ella? ¿Cómo puede aprovecharla?
-Provoste debe estar más preocupada de reunir los votos para sacar adelante el cuarto retiro que de liderar la acusación constitucional. Esa acusación se va a perder en el Senado o, por lo menos, es lo que creemos hasta ahora. Tendría que surgir información nueva y muy contundente para que los senadores de gobierno opten por la destitución presidencial. Dado que es un evento poco probable, entonces la oposición le estará dando vida al gobierno, pues sea como sea, un rechazo a la acusación será interpretado como un triunfo de Piñera y una derrota de la oposición. Provoste no debiese estar en esa foto de derrota.
-La cámara ha sido criticada por su actitud frente al cuarto retiro. ¿Qué evidencia este anuncio de acusación?
-Esto es indicativo de algo muy claro. Se ha dicho hasta el cansancio que en Chile el presidencialismo es extremo y que el Congreso no tiene poder absoluto respecto a la figura presidencial. Por eso mismo, muchos han planteado que la Convención Constitucional debe rediseñar el sistema político chileno, ya sea avanzando a un semi-presidencialismo o hacia un sistema parlamentario. Sin embargo, la evidencia- a veces cruel- nos indica algo distinto. Hoy por hoy es el Congreso el que marca la discusión pública. Ha sido así al menos desde el estallido social. El gobierno siempre ha aparecido como un agente reactivo más que como un actor proactivo. Si todos los economistas dicen que el cuarto retiro es una pésima política pública pero el Congreso está cerca de aprobarlo, y si gran parte de los analistas considera que la acusación constitucional no tiene ningún destino pero el Congreso igual llevará esto adelante, significa que el poder- en este contexto- recae en el Congreso y no en el Presidente. Así de claro.
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