Enero 3, 2021

Análisis: el trasfondo del proyecto del Gobierno sobre crimen organizado

Pablo Basadre G.
Archivo: Decomiso de la PDI

Las balaceras en distintas comunas de Santiago, los narco funerales y los casos de sicariato que se han registrado en Chile, han despertado un fuerte debate respecto a cómo se enfrentan los nuevos delitos y la violencia con la que se actúa hoy. El proyecto de gobierno ingresado a la Cámara intenta dar respuesta a distintas preguntas. Lo que parece claro es la necesidad de modernizar el Código Penal, que data de 1874.

Los narcos ganan espacio: Las últimas balaceras registradas en la Plaza de Maipú en medio de las fiestas de fin de año, alertaron respecto a la violencia con que operan hoy los delincuentes y las distintas bandas de narcotráfico o clanes familiares en el país.

  • El estallido social y la pandemia hicieron su aporte. Policías consultados coinciden en que los narcos ganaron mucho espacio en este periodo.  Tal como lo ha advertido el arquitecto Iván Poduje en sus textos: el abandono que viven alrededor de 800 mil chilenos que han visto cómo sus barrios y calles fueron secuestradas por las drogas y sus líderes.
  • De acuerdo a cifras del OS7 de Carabineros, se han realizado 62.931 operativos antinarco. Según un reportaje de Biobío son más de 11 mil los allanamientos que efectuados en los últimos dos años. Las cifras reveladas por ese medio indican que se han detenido a 159 organizaciones criminales y de 1.600 bandas.
  • Se incautaron 3.500 millones de pesos en dinero efectivo.
  • Decomisaron 4.700 kilos de cocaína.
  • 22 toneladas de pasta base.
  • Por su parte, distintas diligencias de la PDI lograron incautar 11.500 kilos de drogas avaluadas en más de 100 mil millones de pesos.

Funerales Narco:

  • Pero las grandes cifras se traducen en hechos más pequeños como los robos de motos a los repartidores de comida de aplicaciones móviles que se hicieron famosos en pandemia entregando alimentos y mercadería en medio de las cuarentenas.
  • Una serie de videos caseros, exhibidos por los canales de televisión, mostraron cómo día a día eran víctimas de violentos asaltos, donde les quitaban sus vehículos. Lo que no repararon los medios que informaron de estos hurtos, es que muchas de esas motos -la mayoría- iban a parar a poblaciones secuestradas por bandas de narcotráfico que utilizan estos vehículos motorizados para que sus “soldados” los alerten cuando la policía llega a una redada. Los llamados soldados, generalmente, son menores de edad adictos cuyo “trabajo”  se paga con droga.
  • Los soldados forman parte de una especie de “anillo de seguridad” como lo muestran algunas series de narcotráfico: altas sumas de dinero pagadas por los capos de la droga a jóvenes pistoleros y sicarios que se preocupaban de custodiar sus territorios.
  • Lo que se vive hoy, de acuerdo a policías uniformados y civiles, no se trata de un discurso extremo sobre la delincuencia, que muchas veces ha servido de bandera en elecciones políticas. Es la realidad que viven miles de habitantes de comunas de la periferia de Santiago que han visto cómo los líderes de bandas de narcotráfico manejan hoy territorios donde no llegan ni siquiera los servicios básicos.

Los efectos:

  • La ausencia del Estado en los sectores donde opera el narcotráfico, ha desembocado en violencia, inseguridad, pobreza, expansión del consumo de drogas, corrupción y una pérdida de bienestar.
  • El daño en la convivencia en los barrios -comerciales y residenciales- , ha traído problemas que se iniciaron como casos aislados, pero que hoy son cada vez más habituales: los fuegos artificiales en distintas comunas cuando se celebra un triunfo deportivo o como demostración de poder o ‘territorio’; los narcofunerales -que a principio de 2000 eran habituales en Colombia- o la idea de que las bandas de narcotráfico son las que defienden la seguridad de un barrio.
  • También las que cubren sus problemas económicos y que permearon no solo a quienes viven en esos lugares: se han infiltrado en las policías, alcaldías y otros lugares insospechados, hasta ahora.

Los objetivos:

  • Frente  esta realidad, el Gobierno busca modernizar “los delitos que sancionan la delincuencia organizada” para establecer técnicas especiales para su investigación.
  • Además de actualizar aspectos del Código Penal que hoy se ven obsoletos ante las nuevas organizaciones.
  • Como la modernización del delito de “asociación ilícita” para que se aplique a bandas criminales que, a juicio del Ejecutivo, se presentan como verdaderas empresas delictivas bien organizadas.
  • La modernización del delito de asociación ilícita, más allá de las regulaciones particulares en materia de tráfico de droga, lavado de activos y atentados terroristas, requiere de una discusión más profunda y de una revisión. Fiscales y penalistas consultados hablan de la dificultad actual para probar esta figura delictiva y sus críticas apuntan a la falta de modernización penal o a la creación de nuevos delitos que antes no existían.
  • No solo por las pruebas que se necesitan sino que también -a juicio del Gobierno- por los años que han  pasado desde que fue incorporado este ilícito basándose en el Código Penal Belga de 1867.
  • El proyecto del Ejecutivo también contempla la regulación sistemática y orgánica de las técnicas especiales de investigación.
  • Los alcances de las técnicas especiales de indagación a todos los casos de criminalidad organizada.
  • Y la ampliación del ámbito de aplicación de la técnica especial de entrega vigilada.

Los contenidos del proyecto:

  • El proyecto de ley reemplaza la figura de “asociación ilícita” por dos figuras diferentes: “la asociación delictiva” y “la asociación criminal”. En ambos casos, se define qué es cada tipo de asociación. La diferencia es que en la primera, la planificación está encaminada a la comisión de simples delitos (aquéllos cuya pena legal no supera los 5 años) y, la segunda, para la comisión de crímenes (delitos cuyas penas van de 5 años hacia arriba).
  • En segundo lugar, se regulan orgánicamente las técnicas especiales de investigación, las que actualmente están autorizadas para la indagatoria de algunos delitos particulares, y reguladas en cuerpos normativos especiales. Estas técnicas son las siguientes:
  1. Interceptación de comunicaciones telefónicas y otros medios técnicos de investigación.
  2. Agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes.
  3. Entregas vigiladas.

El debate que se viene:

  • Las normas legales siempre deben estar sujetas a evaluación y perfeccionamiento. No debería existir novedad o sorpresa en buscar modernizar y adecuar la legislación.
  • La propuesta del Gobierno puede tener mérito técnico, el punto está, en su oportunidad, en el impacto, la eficacia, y si se hace o no cargo del problema que busca enfrentar.
  • Hay dos hechos que que son clave en la agenda: el incremento acelerado del crimen organizado (cada vez más extendido, violento, territorial y transfronterizo) y que el Código Penal chileno es de 1874 y debe ser reemplazado.
  • Durante los gobiernos de Piñera 1 y Bachelet 2, el Ministerio de Justicia convocó a expertos para elaborar propuestas para un nuevo Código Penal. Existen propuestas técnicas integrales y actualizadas. Esta discusión hay que darla, y terminar con el cuenta gotas de proyectos de ley que van creando delitos y aumentando penas en función de la opinión pública, los matinales y las encuestas.
  • Uno de los indicadores más potentes para medir la degradación de una sociedad es el “populismo penal”.
  • El crimen organizado no se combate, ni menos se termina creando un delito, aumentando sus penas u otorgando algunas facultades investigativas adicionales. Tampoco mejora la persecución penal otorgando mayores prerrogativas a la fiscalía y a las policías.
  • El fondo del asunto, más allá del carácter punitivo que tenga cualquier reforma legal, es qué se ofrece a cambio y ahí hay un desafío por explorar: un plan como el que se ha aplicado con éxito en Medellín en las últimas décadas, parece ser un buen comienzo.

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