-Mario Marcel debió cambiar su propuesta de impuesto a la renta. Desde quienes ganaban $3,2 millones pasó a $4,5 millones. ¿Crees de todos modos que este es un golpe a los profesionales exitosos, como han dicho parlamentarios?
-Es una medida facilista y equivocada. La idea original del Gobierno, que era de 3,2 millones, afectaba al 15% de las personas que pagan impuestos, unas 435 mil personas, y recaudaba algo así como 600 millones de dólares, o 0,2% del PIB. El supuesto nuevo acuerdo -recordemos que aún no existe un proyecto de ley-, de subir los impuestos a las personas que ganan sobre 4,5 millones afectaría a unas 200 mil personas y la recaudación sería menor a los 500 millones de dólares.
Me parece que no es el camino correcto. Es una salida política fácil para el Gobierno, de bajo costo, pero de poco impacto. Hoy no es bueno para nuestra economía subir ningún impuesto. La mala reforma tributaria del 2015 y la incertidumbre provocada por esta larga discusión han contribuido a frenar nuestra economía.
Si quisiéramos discutir en serio cómo debiera ser nuestro sistema tributario, la verdad es que debiéramos tomar medidas impopulares e incómodas: bajar drásticamente los impuestos corporativos, probablemente al 20% en un plazo determinado, porque necesitamos con urgencia más inversión, y al mismo tiempo aumentar la base de tributación, que en Chile es el 25% versus un 75% en la OCDE, lo que significa que más personas paguen impuestos. Pero eso requiere una economía sana y creciendo, y este no es el caso.
-¿Es populista?
-Es una medida que podría ser popular por afectar a profesionales de mayores ingresos, pero que no aborda el problema de fondo que es volver a crecer. Cada punto adicional de crecimiento de la economía recauda un 50% más que esta propuesta del gobierno, unos 800 millones de dólares anuales. Enfoquémonos en volver a crecer en lugar de subir los impuestos.
-¿Te ha decepcionado Mario Marcel? Fue criticado por celebrar el 0,2 % de crecimiento. Y este año va a recibir mucha presión de gasto.
-Tengo una buena opinión personal del Ministro, pero no comulgo ni con las políticas públicas que ha impulsado el Gobierno en materia económica ni con sus resultados. Si miramos las cifras oficiales, la verdad es que el PIB per cápita cayó en un 0,45% el 2023. Siempre la autoridad puede hacer cherry picking y buscar algún dato conveniente, pero no podemos estar discutiendo la chaucha, porque la realidad es que, décimas más o menos, el país no crece, no genera empleo y las personas hoy están peor que hace dos años atrás. Para ponerlo en perspectiva, un 0,2% de crecimiento del PIB es lo mismo que crecíamos en dos semanas de un año normal en nuestro país. Tenemos que subir la vara y para eso tenemos que hacer las cosas diferente.
-¿Cómo evalúas la gestión del ministro de Economía Nicolás Grau en el caso Huachipato? ¿Hay que castigar las importaciones chinas para salvar a la empresa chilena?
-Separemos los temas. Huachipato, aun cuando no es una empresa estratégica como lo señaló el ministro, sí es muy importante para la región y su cierre genera un perjuicio social enorme y afecta a más de 2 mil empleos directos y 20 mil indirectos. Esa crisis social debe ser abordada por el Gobierno. Otra cosa son las pérdidas que ha tenido la compañía y las salvaguardas que se puedan tomar. Para eso debemos dejar que la institucionalidad antidistorsiones funcione, cuestión que aún está en proceso. Muchos países aplican sobretasas al acero Chino que llegan hasta el 25%, pero sobre eso se hace muy difícil avanzar, pues significa introducir subsidios que pueden ser injustos porque terminan paliando ineficiencias operacionales.
-Camila Vallejo culpó al modelo de fomentar empresas que hacen malos negocios y que terminan salvadas por el Estado. ¿Qué te parece esta declaración?
-Ese es el problema del fondo, que repite una y otra vez, la ideología del Gobierno. Esa declaración parece parte de un guion bien urdido que busca instalar una creciente desconfianza hacia el sector privado y con un discurso contra la empresa, como si fueran evasoras y abusivas y ahora resulta que ineficientes. Como dato, Huachipato se puede eventualmente cerrar porque es una empresa privada. Si fuera una empresa Estatal, en forma inmediata hubiese sido subsidiada por el fisco, como ocurre con decenas de empresas públicas ineficientes, con plata de todos los chilenos.
-Grau también ha sido criticado por no combatir con mayor fuerza la llamada permisología. ¿Ha sido un flanco débil del Gobierno?
-Recordemos que el crecimiento económico no fue parte del diseño original del Gobierno y que incluso dirigentes hablaban de que era necesario “introducir inestabilidad al país” y generar un “decrecimiento económico planificado”. Luego, por la fuerza de los hechos tuvieron que impulsar una agenda. Pero yo veo una disonancia fuerte entre el discurso y los hechos. Es decir, el relato pro-crecimiento no calza con la realidad, y se trunca cuando uno va al detalle de los proyectos de ley o en el día a día, cuando nos enteramos de la burocracia que sigue frenando la inversión.
-¿Qué te parece el proyecto de Empresa Nacional del Litio? ¿Es una mala idea, como han dicho economistas como Sebastián Edwards?
-Es una mala idea. El gobierno ha marcado con claridad una agenda con un rol preferente del Estado. No me parece apropiado seguir creando empresas públicas, pues ya sabemos cómo terminará esta historia. En cambio, confiemos en el sector privado, licitemos y que el mercado actúe con la supervisión del Estado. Ya hemos perdido mucho tiempo que a estas alturas es difícil de recuperar.
-Se discuten reformas en salud y pensiones, mientras vuelve a rondar la idea de un séptimo retiro. Las isapres en tanto siguen en riesgo con el rechazo de la mutualización. ¿Cómo observas el nivel de discusión de estas reformas?
-Son demasiados los flancos abiertos. A esto sumemos la crisis de seguridad y crimen organizado y la debacle de la educación pública. En materia de salud, la mutualización es otra forma de solidaridad, racionalmente aplicada para enfrentar un problema serio. Espero que el Gobierno sea consistente y pueda avanzar en una propuesta de iniciativa exclusiva, porque una caída de las isapres significará también el colapso del sistema público.
En materia previsional, veo poco espacio para la reforma del gobierno. Hay gran consenso en la oposición que la cotización debe ir a cuentas individuales, que se debe evitar cualquier tipo de reparto y que la separación de la industria obedece a criterios ideológicos y la aspiración de que el Estado pueda controlar buena parte del mercado de capitales. Entonces el Gobierno deberá optar por hacer una renuncia ideológica en beneficio de los chilenos, o seguir hablándole a su 30% de base.
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