Qué observar. La exministra de Justicia Marcela Ríos envío al Congreso la contestación a la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios de Chile Vamos, el 9 de enero.
La acusación. La acusación contra Ríos consta de 2 capítulos: uno sobre el indulto a Mateluna y a 6 de los 12 indultados del 18-O, y otro sobre la supuesta falta de control jerárquico en la entrega de beneficios carcelarios y traslado de internos en el marco de la crisis de violencia en el sur.
La línea de defensa de Ríos. La exministra argumentó en el escrito que los indultos particulares son una facultad presidencial discrecional, que el mandatario puede adoptar independientemente de los informes técnicos realizados en cada caso y que por lo tanto los reparos que se puedan plantear al perdón de condenas corresponden a críticas políticas, pero no a ilegalidades.
Sus descargos por los presos del 18-O. “En cuanto a que habría sujetos cuyos informes de Gendarmería habrían sido negativos, cabe tener presente que tales informes no son vinculantes para el Ejecutivo al momento de decidir el otorgamiento de un indulto”, escribió en la página 86.
Sus descargos en el caso Mateluna. “Si bien el Presidente de la República realizó declaraciones acerca de una opinión personal, en ningún caso buscó hacer referencia a los fundamentos que se tuvieron a la vista para tomar la decisión de conceder el indulto”, escribió Ríos en la página 79.
Sus descargos por los traslados de comuneros. “Según el libelo acusatorio, habría existido una falta de control jerárquico en mi calidad de Ministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de determinados beneficios penitenciarios y los traslados autorizados por Gendarmería”, escribió Ríos en la página 96.
Panorama general. Pese a la salida del gobierno de Ríos el sábado 7, la oposición ingresó la acusación constitucional en su contra el lunes siguiente, abriendo 2 flancos para el gobierno. Esto, ya que también se tramitaba el libelo presentado por parlamentarios del Partido Republicano en contra del ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social.
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