Diciembre 17, 2022

Acuerdo constitucional: Un balde de agua fría para la izquierda. Por Kenneth Bunker

Analista político
Los presidentes de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic y del Senado, Álvaro Elizalde.

A medida que los incentivos comiencen a operar, comenzarán a dividir a la coalición del Presidente Boric entre quienes defienden el acuerdo, porque es lo que había, y quienes lo critiquen, porque es insuficiente. Esta tensión ya se observa, por ejemplo, en el Partido Comunista, que parece estar dividido entre el sector “oficialista” de la mesa que participó en las negociaciones y el sector “opositor” que cree que el acuerdo es una burla para todos aquellos que han luchado para forzar transformaciones estructurales.


El acuerdo constitucional permite reinsertar al país en una senda hacia la estabilidad. En buena hora, reduce la incertidumbre que inevitablemente traía la naturaleza de estar en el limbo y le permite al gobierno empezar a enfocarse en lo que hasta ahora ha omitido: las urgencias cotidianas de las personas.

El acuerdo es positivo para todos aquellos que siguen pensando que Chile necesita una nueva Constitución pero que la que ofrecieron los constituyentes en septiembre pasado era (por lo bajo) inadecuado. El acuerdo también es positivo para todos aquellos que creen que debe haber cambios pero que esos cambios no pueden ser a costo de la estabilidad política y económica conseguida en los vilipendiados 30 años.

Para entender lo que significa el acuerdo hay que mirar los incentivos de las reglas electorales y las regulaciones legislativas propuestas. Y en eso, es casi chocante observar la distancia polar entre el primer acuerdo (noviembre de 2020) y el segundo (diciembre de 2022). Mientras que el primero estuvo hecho al calor de las brasas de una sociedad agitada por la violencia del estallido social, el segundo se hizo en paz, con reflexión, y con el estrepitoso fracaso del primer proceso constitucional en el espejo retrovisor.

Si las reglas electorales del primer proceso tenían incentivos centrífugos que conducían a la fragmentación y radicalización, las reglas electorales del segundo proceso tienen incentivos centrípetos que conducen a la moderación. Esto está dado principalmente por la reducción en el número de escaños totales, la reducción en el número de miembros que se elegirá en cada distrito, y la eliminación de provisiones especiales para pueblos originarios e independientes.

Asimismo, si las regulaciones legislativas del primer proceso tenían incentivos para capturar el proceso políticamente por medio de mayorías fantasmas, las regulaciones legislativas del segundo proceso tienen resquicios de tutelaje y de resguardo. Para evitar la experiencia anterior, lo que se propone es básicamente darle legitimidad de origen a tres grupos de personas diferentes para que ningún solo grupo se pueda imponer sobre las demás.

Por supuesto, nada está escrito en piedra y aunque todo apunte a la moderación (relativa, en comparación al primer proceso), al final va a depender del espíritu democrático de las personas que compongan cada uno de los tres órganos (el consejo constitucional; el comité de expertos, y el comité técnico de admisibilidad). Otra vez, un cambio trae riesgo, y esta no es la excepción.

Por ahora, es evidente que el segundo proceso parte de un punto muy diferente que el anterior, y que, por lo tanto, no debe ser sorpresa si los resultados son muy distintos. Los redactores del acuerdo actual incluso se preocuparon simbólicamente de purgar cualquier referencia a la fatídica Convención Constitucional.

Por todas estas razones es sorprendente que el gobierno primero, y los sectores más duros de la izquierda después, se hayan sumado al acuerdo. Considerando la magnitud de los incentivos antagónicos, es derechamente increíble que el Frente Amplio de Boric y el Partido Comunista de Teillier hayan endosado este segundo proceso, puesto que es prácticamente lo opuesto a lo que ocurrió en el primero, el que ellos dominaron.

Para ser claro, lo que la izquierda está apoyando es un proceso constituyente de carácter mixto, que utilizará un sistema electoral restrictivo, que incluso usa el sistema binominal en 6 de las 16 regiones, y que inevitablemente los perjudicará en el número de candidaturas que tendrán si es que deciden maximizar su influencia participando en una coalición electoral amplia. En corto, está apoyando un proceso constituyente que usa un sistema electoral que ha favorecido históricamente a la derecha.

Incluso, si por algún motivo logran a llegar a un quórum medianamente útil en el Consejo Constitucional, igual están apoyando un proceso constituyente que los obligará a lidiar con un comité de 24 expertos nominados por el Congreso, y en última instancia con una comisión técnica de admisibilidad de 14 personas nominadas por el Senado (que para todos los efectos prácticos está controlado por la derecha).

Otra vez, por todas estas razones es sorprendente que la izquierda haya apoyado este acuerdo, sobre todo el Partido Comunista, que no firmó ni el acuerdo de 1988 ni el de 2020. De Boric y el gobierno se entiende, en tanto no les quedaba otra. Trataron de imponer un sistema similar al primer proceso, pero el comité de negociación les pasó por encima. No los “pescaron”. Finalmente, se vieron obligados a apoyar lo que había.

Todo esto abre un gran flanco para la coalición de Boric, que inevitablemente, a medida que los incentivos comiencen a operar, comenzarán a dividir a la coalición entre quienes defienden el acuerdo, porque es lo que había, y quienes lo critiquen, porque es insuficiente. Esta tensión ya se observa, por ejemplo, en el Partido Comunista, que parece estar dividido entre el sector “oficialista” de la mesa que participó en las negociaciones y el sector “opositor” que cree que el acuerdo es una burla para todos aquellos que han luchado para forzar transformaciones estructurales.

No sorprenderá si lo que ocurre en el Partido Comunista comienza a ocurrir en otros partidos también, como el Partido Humanista, Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, Comunes y Convergencia Social, que también firmaron el documento. Todos estos partidos dicen ser de izquierda, pero en la práctica no escatimaron en endosar un acuerdo que no solo subsidia a la derecha, sino que, además, por medio de sus incentivos, busca impedir grandes cambios.

Si los presidentes de los partidos que firmaron el documento respetan su palabra empeñada, y logran unificar a sus bancadas en el Congreso para ratificar el acuerdo, la amenaza no desaparece. Todo lo contrario. Si la presión no viene desde dentro, vendrá desde fuera. Tal como la izquierda del Frente Amplio acusó a la centroizquierda de Bachelet de no haber hecho lo suficiente, inevitablemente vendrán fuerzas nuevas que increparán al oficialismo de lo mismo, de no haber hecho lo suficiente.

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