-¿Cómo surge esta querella?
-La querella surge para efecto de solicitar investigar hechos y circunstancias que tenían que ver con un evidente sesgo en las investigaciones de responsabilidad penal de carabineros y uniformados imputados por violencia institucional en relación a los hechos que se dan lugar a partir del 18 de octubre de 2019.
-¿De qué manera lo ejemplificas?
-En los procesos investigativos los presupuestos fácticos sistemáticamente son asociados a los tipos penales más gravosos (tortura o apremio ilegítimo), a fin de conseguir las medidas cautelares de mayor gravedad.
Una y otra vez el Ministerio Público deriva en la ampliación de diferentes aristas de investigación a fin de imputar una multiplicidad de hechos ilícitos asociados, todos surgidos de un mismo procedimiento policial, como el de obstrucción a la investigación o falsificación ideológica de instrumento público.
Se logran sumar pretensiones punitivas absolutamente delirantes como los 38 años solicitados al capitán Ricardo Luengo y los 24 años solicitados para la subteniente Javiera Navarrete. Ambas personas presentaban irreprochable conducta anterior, y se encontraban además ejerciendo sus funciones, de la forma en que el Estado los preparó.
-¿Qué antecedentes presentas?
-Los antecedentes que acompañé a la querella, están más bien relacionados con referencias a diferentes causas en las cuales quedan en absoluta evidencia no solamente inhabilidades y prohibiciones de ciertos fiscales para el conocimiento de estas materias, por ser conocido su sesgo político, sino que también relacionado con sus familiares y vinculaciones políticas, específicamente con el Frente Amplio y Partido Comunista.
-Describes una reunión del 13 de diciembre de 2019 de Abbott con fiscales regionales.
-En el mes de marzo del año 2020 se filtró en varios medios de comunicación el acta de la reunión sostenida por el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, con sus fiscales regionales el día 13 de diciembre del año 2019 en las dependencias de la Fiscalía Nacional, en las cuales también se encontraba presente la fiscal nacional de Derechos Humanos y la fiscal Ximena Chong.
-¿Cuál crees que fue el objetivo de dicha reunión?
-El objetivo principal fue establecer las directrices específicas que se mantendrían, como política del Ministerio Público respecto de las investigaciones de responsabilidad penal por violencia institucional imputada especialmente a carabineros.
En dicha reunión el fiscal (Xavier) Armendáriz, de gran influencia en el entorno del fiscal nacional, dijo que “la institución de Carabineros se caracteriza por ser una institución que encubre a sus delincuentes” y que por esta circunstancia debían tomarse ciertas decisiones:
-¿Qué consecuencias tiene?
-Se establece por tanto un concepto discriminatorio, que infringe derechamente la obligación de ejercer la actividad investigativa por parte del Ministerio Público de manera objetiva, respetando la igualdad ante la ley de los imputados y particularmente la presunción de inocencia. Lo que obedece al conocido sesgo político de los diferentes fiscales presentes en dicha reunión, que ha sido históricamente manifestado en charlas, seminarios, actividades académicas y en sus propias redes sociales.
-También comentas que Ximena Chong, “en una verdadera caza de brujas, remite instrucciones de diligencias investigativas” para sostener la tesis de que carabineros “han violado y torturado de manera sistemática masiva y generalizada”. ¿Hay una mirada ideologizada en la institución persecutora del Ministerio Público?
-Los fiscales que asistieron a dicha reunión han ejercido sus funciones desde una afectación politizada, sesgada, ideologizada, instrumentalizando a la institucionalidad del Ministerio Público. Por ejemplo la persecutora Chong, que lejos de inhibirse por su claro activismo político que se plasma no solamente en sus comunicaciones de redes sociales en las que habla de “pacos c…” o “ a veces es necesario que la justicia arda”, sino también en su participación en organismos cómo ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas) que conceptualizan a Carabineros como esencia misma del machismo patriarcal.
Personalmente he participado en audiencias de formalización, en la que persecutores como ella han elaborado verdaderos montajes con el objetivo de relevar las causas a nivel mediático e instrumentalizarlas políticamente, ocultando información o manipulando otras sabidamente falsas.
-¿Qué argumentos o pruebas tienes?
-Se basa en mi experiencia de los últimos 3 años ejerciendo la defensa de numerosos funcionarios, en los que he visto cómo este Ministerio Público ha ocultado pruebas y mantiene hasta el día de hoy una persecución penal en contra de carabineros.
Dichas diligencias no solamente exigen una agobiante labor investigativa de numeroso personal de carabineros que debiera estar abocado a otras funciones, sino que mantiene, además, en el ambiente del personal activo y aún en retiro, la sensación de constante persecución por parte del Ministerio Público, aún cuando no hay denuncias ni víctimas. Continuamente son citados a declarar, una y otra vez sobre los mismos hechos. Sin que, más de 3 años después de ocurridos los sucesos, se archive la investigación o finalmente se les formalice.
-¿Hasta qué punto, en tu opinión, Carabineros es una institución en crisis?
-El poder político que históricamente ha cuestionado a Carabineros ha sido precisamente aquel que ha intentado destruirlo en su validación social y en su moral. Recordemos declaraciones de personeros que como bancada aseguraban que la institución de Carabineros era un organismo de poder que en su labor de control de orden público violaba de manera masiva, sistemática y generalizada garantías y derechos constitucionales. Hoy ese mismo poder político es Gobierno, y continúa menoscabando a Carabineros e inhibiéndolo en su accionar, prohibiendo el uso de los elementos que le han sido entregados por el propio Estado para ejercer su labor de ser garantes del control del orden y la seguridad pública.
El Gobierno ha logrado inhibir la acción de los funcionarios, intimidándolos para hacer uso de los elementos que el propio Estado les ha proveído para ejercer su labor, toda vez que el costo puede ser perder su vida, su trabajo o su libertad. A la vez se instala un manto de impunidad a la delincuencia, quedando en evidencia que la presunción de inocencia se aplica de manera diferente cuando el imputado viste uniforme.
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