En un curso de diplomado, nos encontrábamos comentando las características actuales del Impuesto de Segunda Categoría y de Global Complementario, y cómo la reforma tributaría propuesta por Mario Marcel pretendía incrementar las tasas de algunos tramos de estos impuestos. En efecto, algunos contribuyentes verán “afectados” directamente su propio bolsillo por la reforma, con incrementos que van desde un 5% a casi un 20% del impuesto que pagaban originalmente.
Esto se traducirá en múltiples casos en una menor devolución de impuestos, que muchos ven como una suerte de “bono”, a pesar de que se trata de dineros propios de contribuyentes que se encontraban retenidos por el Fisco. En otros tantos casos implicará un mayor desembolso por los contribuyentes en abril del año siguiente para cubrir la diferencia en un período del año en que las personas están con el bolsillo bien apretado.
En mitad de la clase uno de los alumnos señaló que, si bien dicha alza afecta de forma importante a las familias, podría ser razonable por el bien del país. Pero a continuación preguntó qué pasa con aquellas personas que, desempeñando actividades lucrativas, se encuentran exentos del pago de impuestos o simplemente no declaran los dineros que reciben por el ejercicio de su actividad económica. Es decir, ¿Cómo ellos contribuyen a la mantención del Estado?
Todos sabemos que el Estado es necesario para el desarrollo de la vida en sociedad, siendo el principal garante en el resguardo del orden público, administración de recursos, y provisión de ciertas prestaciones básicas para la ciudadanía. Cómo tal resulta lógico que debe proveerse de recursos para el cumplimiento de sus funciones, recursos que serán aportados en una parte importante por sus propios ciudadanos.
Por eso, es importante que todos los ciudadanos contribuyan en la medida de sus posibilidades a la mantención del mismo. De hecho, es el mismo argumento que se esboza en el planteamiento del proyecto de reforma respecto a la inclusión de los impuestos al patrimonio o a las utilidades acumuladas de la empresa (de un 1,8%), ya que como dichas personas tienen “más”, es “justo” que ellos contribuyan en mayor proporción. A contrario sensu, es justo que las personas que tengan menos contribuyan en una menor medida. Pero todos tienen que contribuir.
Lo anterior no es algo nuevo o una idea muy innovadora. En los estados sociales o de bienestar y miembros de la OCDE, todos aportan de alguna otra manera mediante al pago de impuestos. En Austria, por ejemplo, un sueldo mínimo sería considerado de €1.500 mensuales, el que estaría sujeto a una tasa preliminar de impuestos del 20%. Sin perjuicio de ello, los residentes en Austria tienen derecho a deducciones y créditos por situaciones personales y familiares, como también por las contribuciones sociales en que incurran. Del mismo modo en Alemania, tienen un impuesto progresivo anual de 14% a 42% que va desde los € 10.000 o €21.000 dependiendo si se es casado o soltero y nuevamente sujeto a diversas deducciones y créditos atendidas a la situación personal del contribuyente.
En definitiva, la gran mayoría de los ciudadanos en dichos países paga impuestos y, a su vez, accede a servicios de infraestructura (metro, trenes, carreteras) como también a servicios sociales. Existe una retribución, al menos “psicológica” de ver los impuestos en acción, y como los mismos pasan a formar parte integrante de los servicios o beneficios que utiliza de forma directa.
En Chile se da la situación contraria, los impuestos personales son cobrados a personas que la mayoría de las veces no utilizan los servicios públicos (salud, transporte, etc.) y, por otro lado, muchas personas que ocupan estos servicios no pagan impuestos algunos por las rentas que perciben. Por eso los alumnos se preguntan: ¿Cómo hacemos para que estas personas contribuyan de manera equitativa?, ¿de qué manera los integramos al sistema tributario considerando su escaso patrimonio y necesidades particulares?
Evidentemente el Servicio de Impuestos Internos no puede establecer una fiscalización eficiente a las actividades económicas informales por el nivel de atomicidad de los contribuyentes en esta situación.
En este punto podría ser interesante el establecimiento de un impuesto municipal, considerando que es el órgano del Estado más cercano a las necesidades de las personas, que dé cumplimiento a las obligaciones tributarias de estos pequeños contribuyentes, que a la fecha se mantienen en la informalidad. Con dicha contribución (por pequeña que sea) además de quedar al día con sus obligaciones tributarias, les permite acceder a programas de subsidios, capacitaciones y de desarrollo social. Por ejemplo, una mujer madre soltera dedicada la instalación de calefones o calderas, que se integra en el sistema mediante el pago de este impuesto especial, podría postular a un subsidio para la adquisición de las herramientas para el desempeño de su profesión.
Finalmente, y lo más importante, la persona queda “formalizada” ya que al tener el negocio debidamente enrolado le permite acceder a financiamiento y programas de apoyo pro-pyme.
Soluciones o alternativas a la propuesta hay por miles, sin embargo, lo importante es que, pagando un impuesto, aunque sea pequeño o simbólico, se aprecie la inmediatez de una “retribución” para el contribuyente cumplidor por medio de beneficios concretos, más allá de amenazar con multas y las penas del infierno a los incumplidores.
Es de esperar también que serían las propias personas quienes exigirían una mejor administración de los recursos públicos que ellos mismos proveen (por algo estoy pagando) como también el conocimiento y orgullo de que todos aportamos a la generación del espacio público que compartimos.
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