La semana pasada el diputado del Partido Republicano Cristián Araya envió un oficio solicitando al Servel información de las personas que figuran en el padrón electoral del plebiscito de salida como detenidos desaparecidos, alegando prever un eventual fraude electoral. Esto se suma a declaraciones de otras personas en programas emitidos por redes sociales, como Mario Waissbluth, y aún, por ahora, no tan masivo #servelcorrupto que alega todo tipo de posibilidades de fraudes que bordean entre la teoría de la conspiración y el absoluto desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema electoral.
Esta película ya la hemos visto en otras partes. Basta recordar cómo terminó en enero del año pasado lo que debía ser un hito republicano más en Estados Unidos para certificar el triunfo del presidente Biden en las últimas elecciones y que terminó con un intento de toma del Capitolio, con personas muertas y una imagen impactante para una democracia antigua y estable. Como han dicho las investigaciones recientes, el alegado fraude electoral sin base del expresidente Trump fue clave para azuzar el asalto al capitolio.
Guión al cual también parece estar plegándose el presidente brasileño Bolsonaro al estar aún lejos de su principal rival en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre. El capítulo de Transparencia Brasil junto a otras organizaciones ya ha indicado que estas acusaciones y afirmaciones son completamente infundadas y solo tienen por objeto cuestionar un posible resultado adverso.
Nuestro país se ha caracterizado desde el plebiscito del año 1988 -realizado en plena dictadura-, por contar con una autoridad electoral que organiza de manera impecable las elecciones, a través de un sistema que cuenta con una participación relevante de la ciudadanía que cuentan los votos y que luego es sistematizado por el Servel para comunicarlos públicamente de modo muy rápido y con una confianza altísima. Esto se ha mantenido en el tiempo incluso con algunos impasses menores, como la confusión que creó el cambio de domicilio electoral por el Registro Civil hace unos años atrás, la innovación de las elecciones en dos días por el Covid y la crisis de confianza institucional en la cual el país se encuentra inmerso hace unos años.
Por eso preocupa de sobremanera que algunas personas que tienen voz pública, llegada a los medios e incluso cargos públicos utilicen la misma estrategia con un fin electoral de corto plazo, sin hacerse cargo de las consecuencias que esta irresponsabilidad puede conllevar. Destruir confianzas es algo que se puede lograr en un lapso de días, sin embargo, construirlas toma años. En una democracia representativa en la cual el sistema electoral es clave, y lo será también de aprobarse la propuesta de nueva constitución que incorporaría nuevas formas de democracia directa o participativa, no tener confianza en su actuar y el resultado de las elecciones puede llevar al desplome absoluto de las instituciones políticas y las autoridades electas.
Es mucho lo que está en juego en el plebiscito de salida y el proceso constituyente y la ansiedad, incertidumbre, y miedos en el ambiente solo pueden aumentar si es que además le introducimos, sin razón de peso alguna, la eventual posibilidad de un fraude electoral. Cuidar las instituciones y la democracia es un deber de quienes ostentan cargos públicos, pero también de todos quienes realmente apreciamos esta forma de organizarnos y que está por encima de cualquier opción electoral. Parte clave de esta es saber perder hidalgamente y ganar humildemente, respetando a nuestros legítimos contendores.
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