Mucho ha cambiado desde que en 1992 el país se conectó a internet. Lo que en aquel momento parecía una tecnología lejana y especializada, hoy se ha vuelto parte de la cotidianeidad de millones de chilenos. Incluso, de aprobarse el nuevo texto constitucional, este hará explícito el derecho al “acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación…”. Algunos han denominado esta transformación la emergencia de una verdadera “república digital”.
Desde el Estado, las últimas décadas han visto crecer una ambiciosa agenda para facilitar la interacción digital con la ciudadanía. De este modo, el último informe E-Government de la ONU, que mide aspectos como infraestructura de banda ancha, capital humano y servicios estatales, ubica a Chile en el lugar 42 de 193 países.
Si bien Chile se ubica por sobre el promedio regional, está lejos de los países líderes en esta temática y, peor aún, llevamos casi una década con un crecimiento por debajo de los países que estaban en nuestro nivel.
Avanzar en digitalización no solo facilita la vida de los ciudadanos, también tienen relevantes beneficios económicos. Por ejemplo, en Chile hoy se puede hacer aproximadamente el 86% de los tramites digitalmente (1.598 trámites), en Estonia (el país modelo de la digitalización estatal) esta cifra es de 99%. Según algunas estimaciones, la digitalización del Estado de Estonia supone un ahorro de 2% de su PIB, además de hacer al país especialmente atractivo para la inversión.
En el camino hacia la digitalización del Estado hay importantes ejemplos locales. Nuestro Servicio de Impuestos Internos, con la posibilidad de hacer las declaraciones de renta por internet, es un ejemplo mundial.
También ha habido un importante avance gracias a la agenda de digitalización que impulso el expresidente Piñera, incluida la masificación del uso de la clave única, que permite la realización de 1.600 trámites y que tiene unos 14 millones de usuarios.
La reciente entrada en vigor de la ley de Transformación Digital del Estado es una gran oportunidad para avanzar en este sentido. Son al menos tres los aspectos que habría que enfatizar en una agenda como esta.
Primero, seguir avanzando en hacer más amable la interacción entre ciudadanos y el Estado. Esto pasa, por cierto, por avanzar en una agenda de digitalización de trámites, pero, también, es importante cuestionar cuáles trámites son esenciales y cuáles pueden ser eliminados. Construir la infraestructura para que un trámite inútil pueda hacerse digitalmente sería un desperdicio de recursos. La digitalización no puede volverse la consolidación de tales trámites.
Avanzar en digitalización de las interacciones en el Estado también pasa por mejorar la interoperabilidad. El Estado tiene una heterogeneidad impresionante en estos aspectos. Asegurar que la información y el manejo de datos de las distintas instituciones pueda conversar entre ellas podría facilitar mucho la vida de los ciudadanos reduciendo los trámites requeridos, además de entregar valiosísima información estratégica para la gestión pública.
Segundo, mejorar el acceso. El Plan de Emergencia Digital tiene el objetivo de llevar la conectividad a internet a la población que todavía no tiene acceso. El 17% de las personas en Chile no usan internet. Una parte de la explicación es el costo de acceso. En este sentido, es una excelente noticia que se entregarán 150 millones de dólares anuales para subsidiar familias que no pueden costear internet y 1.700 millones de dólares para para llegar a localidades sin tecnología móvil.
A su vez, la barrera al acceso no viene solamente de la conectividad. Es necesario formar y alfabetizar digitalmente a la población. Además de la formación que se puede realizar en los espacios educacionales tradicionales, como los colegios, hay dos elementos que debiesen focalizarse. En primer lugar, la formación digital para MIPYMES y emprendedores y, en segundo lugar, la formación digital para funcionarios públicos. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, 30% de las funciones que hoy realiza el sector público podrían realizarse en el futuro por mecanismo de inteligencia artificial. Es importante que se les entregue a los funcionarios públicos las herramientas para adaptarse a esta nueva realidad.
Tercero, es fundamental avanzar en ciber seguridad y el resguardo de datos. La creación de la “Agencia Nacional de Protección de Datos”, así como la nueva ley que establece normas sobre el delitos informáticos, van en esta dirección. En definitiva, a medida que más de nuestra vida pase por el mundo digital, más relevante será asegurar que no haya abusos y atropellos que se aprovechen de eventuales debilidades.
La agenda de digitalización es una gran oportunidad para el actual gobierno y para el país. Quizás no sea un aspecto que cope la atención del debate público, pero puede tener un tremendo impacto en la vida de las personas. Ojalá el actual gobierno, con apoyo transversal, avance decididamente en esa dirección.
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