Estamos a 48 horas de que el Gobierno presente su reforma tributaria. Si bien recién el viernes conoceremos el detalle de la propuesta, sabemos al menos tres elementos: (i) se espera recaudar cerca de 4,3% del PIB (unos $12.000 millones de dólares); (ii) se abordarán los impuestos a la renta, patrimonio, royalty a la minería, impuestos verdes y disminución de la evasión y elusión; y (iii) la estrategia legislativa se basará en tres paquetes de medidas. Lamentablemente, hasta el momento, no hemos escuchado ninguna propuesta para asegurar que los ingresos fiscales adicionales (y menos los actuales) se gasten de manera eficiente y eficaz.
En las discusiones tributarias el debate suele centrarse exclusivamente en la recaudación adicional, olvidando una pregunta central: ¿Cómo asegurar que esos recursos adicionales sean utilizados de buena manera? Vaya paradoja. Cuando la evidencia señala que mientras la recaudación tributaria explica solo un cuarto del efecto redistributivo del Estado, tres cuartos se explican por los subsidios y transferencias (Joumard et al., 2012). Por lo tanto, es fundamental asegurar que los recursos no se pierdan en el entramado burocrático y logren los objetivos buscados. Eficiencia y efectividad; términos tecnocráticos que pueden sonar ajenos para algunos, pero fundamentales para administrar bien los recursos que son de todos los chilenos.
Lo cierto es que poco se hace para frenar la inercia del gasto público. En la última década éste ha crecido, en promedio, a una tasa de 9,1% anual real y al 2020 -según datos de la Dipres- el Estado contaba con 684 programas públicos; la mitad de ellos, con un presupuesto menor a 3 millones de dólares. Es decir, tenemos una proliferación de programas pequeños, desarticulados y sin mayor evidencia sobre su impacto. En este sentido, desde Horizontal hemos empujado con fuerza una reforma a nuestra política social para transformar gran parte de estos programas en transferencias monetarias con foco en aquellas que incentiven la formalidad laboral (Horizontal, 2021). Con estos elementos a la vista, creemos que es clave que el Ministerio de Hacienda impulse una agenda de mejor gasto público, en conjunto con la reforma tributaria actual.
Esta agenda debería tener tres focos: mejorar el ciclo presupuestario, fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación y aumentar la transparencia. En primer lugar, se debería avanzar hacia un Presupuesto Base Cero, donde año a año se discuta sobre los presupuestos “basales” de los servicios públicos y no solo sobre el monto incremental. Junto con esto, la discusión presupuestaria en el parlamento debería reestructurarse para que primero se definan objetivos de gasto y luego el monto total para cada uno de ellos. Segundo, se debe crear un organismo técnico y autónomo dedicado exclusivamente a la evaluación ex-post de programas (las nuevas atribuciones entregadas a la Comisión Nacional de Productividad van en la línea correcta) y utilizar los programas públicos como unidad principal de análisis (hoy representan apenas un 53% del gasto total). Por último, para mejorar la transparencia, se debe rendir cuenta a los contribuyentes en el marco de la operación renta, estandarizar la información de los Informes Financieros de Dipres y disponibilizar datos de ejecución presupuestaria a la ciudadanía.
Si vamos a recaudar más es un imperativo moral asegurar que esos recursos públicos se gasten bien. Para que el gobierno tome en serio el rol del Estado en su lucha contra la desigualdad, debe tener a la vista que los esfuerzos en gastar bien son tres veces más efectivos que los esfuerzos en recaudar más. La invitación, entonces, es a acompañar la discusión de la reforma tributaria con una agenda de mejor gasto público que ojalá incluya los elementos aquí expuestos.
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