Polémica causó una propaganda radial del Senador Felipe Kast asegurando que el borrador de la nueva constitución permite el aborto hasta los 9 meses de gestación. Afirmación que fue desmentida por algunos medios de factcheking, pero más allá de eso, llama la atención que ya se esté pagando por propaganda radial y por redes sociales, tanto por el apruebo como por el rechazo, cuando aún no inicia legalmente.
El año 2016 se hicieron reformas relevantes a las reglas de campaña y propaganda electoral. Básicamente se buscó regular de un modo más eficiente lo que antes no se cumplía. Así, los períodos legales están bastante determinados -60 días previos a la elección- y qué se puede hacer durante ellos también, con facultades reales de fiscalización para el Servel e incluso posibilidad de denuncia ciudadana por incumplimiento. Ahora ya no vemos las rotondas, veredas y postes del alumbrado público tapizados con palomas que luego nadie se molestaba en retirar.
Para los plebiscitos de entrada y salida se replican varias de estas reglas, como los plazos y formas de realizar propaganda. Sin embargo hemos visto como, a pesar de esto, la campaña ya se adelantó. Hoy en día el concepto de propaganda electoral es más amplio y no el llamado expreso y directo a votar, como se entendió previo a las reformas y que llevaba a que la propaganda real comenzara mucho antes tan solo omitiendo el “vota por”. Hoy se entiende que es aquello que induzca a votar por una u otra opción. También se establece que lo que se emita en ejercicio de la libertad de expresión queda excluido de estas regulaciones.
Para poder discernir cuándo estamos frente a propaganda y cuándo frente al ejercicio de la libertad de expresión, el Servel ha interpretado que en caso de que ésta se contrate o sea pagada, es propaganda, sino, libertad de expresión. A mi juicio es una interpretación bastante reducida y deja abierto el espacio para que parlamentarios, por ejemplo, hagan actividades de propaganda durante sus semanas territoriales (con recursos públicos), sin límites. Respecto del Poder Ejecutivo hay bastante más delimitación, por las instrucciones de Contraloría.
Pero otro de los problemas que explica el por qué se adelanta la campaña a pesar de una normativa más clara y exigente, es la demora del Servel en tramitar los procedimientos sancionatorios. Si bien es evidente que los procesos toman su tiempo y que hay un debido proceso que respetar, a veces la justicia cuando llega tarde, no es más que simbólica. De los más de 800 procedimientos sancionatorios que abrió el Servel por las elecciones del año pasado, a la fecha solo 16 se encuentran finalizados, un 2% del total, con un promedio de resolución de 8 meses. Es decir, cuando ya nadie se acuerda de qué ocurrió y probablemente nadie se entera de la multa o sanción interpuesta.
Además de lo anterior, un 63% de las denuncias recibidas por las elecciones del 2021 se declaran inadmisibles. Esto nos lleva a preguntarnos si el problema es la falta de conocimiento de las personas de cuáles son las reglas y por tanto sus infracciones o un estándar de admisibilidad demasiado alto por el Servel. No es menor, ya que sabemos que puede constituirse en un fuerte disuasorio de futuras denuncias y que este mecanismo deje de cumplir con su objetivo de hacer a la ciudadanía parte de la fiscalización y coayudar al Servel en este trabajo.
Si queremos que se cumplan las reglas que nos dimos y que las sanciones sean efectivas y realmente disuasorias es clave avanzar en procedimientos más expeditos, ojalá lo más cercanos a la fecha de las elecciones -para que esta información sea considerada por las y los votantes-, así como revisar qué estándares de admisibilidad se están utilizando para las denuncias ciudadanas. Que el Estado de Derecho se respete pasa por cumplir las reglas que los mismos partidos y parlamentarios aprobaron hace unos 5 años atrás y que la justicia llegue y ojalá no tan tarde.
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