Pocas modernizaciones institucionales han sido tan estudiadas dentro de la economía como la autonomía de los bancos centrales y los beneficios que esta traería para lograr un buen manejo monetario en favor de la estabilidad macroeconómica.
La experiencia comparada es enfática en el hecho de que para controlar la inflación, que en la practica es “impuesto” regresivo -pues va en directo desmedro de los más vulnerables al devorar sus sueldos y ahorros-, se debe respetar la autonomía del Banco Central respecto del Ejecutivo y de los vaivenes políticos.
Así, es al menos dudoso que el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia proponga al Pleno mantener la autonomía del Banco Central, estableciendo puntos que en realidad la debilitan. Ejemplo de esto es que establece que debe existir una “coordinación” entre dicho órgano y el Gobierno, lo que podría abrir la puerta para que los intereses de la administración de turno se inmiscuyan en las decisiones de política monetaria.
Eso podría llevarnos a adoptar una política monetaria expansiva y discrecional que en el corto plazo podría entregar cierta sensación de bienestar -diluida por los agentes económicos que se adelantarían con sus expectativas-, pero que en el mediano plazo no aumentaría el crecimiento, pero sí la inflación.
Otros ejemplos que dan cuenta de como se condiciona la autonomía del Banco Central, son:
El Banco Central de Chile, a través de su ley orgánica constitucional promulgada en 1989, ha demostrado ser excepcionalmente eficaz al momento de alcanzar sus objetivos inflacionarios. Los cambios que se proponen consagrar en el borrador de la nueva Constitución van en directo desmedro de una institución que ha funcionado muy bien desde la definición de su autonomía. Aquel deseo refundacional de la Convención, que busca solo “cambiar por cambiar”, tiene incluso aún menos sentido en un aspecto en el que nuestro país ha trabajado con distinción. ¿Y para qué?
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