Qué observar. La inversión involucrada en el proyecto asciende a US$300 millones. Se trata de una iniciativa mixta, de departamentos, oficinas y comercio. La paralización de la iniciativa ingresará a la agenda del ministro de Economía, Nicolás Grau, mientras la CPC acusa incertidumbre para estas y futuras inversiones.
El telón de fondo. El lunes pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -integrada por los seremis del nuevo Gobierno y su delegada presidencial- rechazó por 9 votos contra 2 el proyecto ligado a la Inmobiliaria Fundamenta, que asciende a US$ 300 millones. Pese a que desde 2019 contaba con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), a fines del año pasado, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó retrotraer la evaluación para revisar temas relacionados con las sombras que generará la obra, que contaría con cuatro torres. Esto terminó la semana pasa en la paralización de las faenas.
Tras la decisión de la Comisión Ambiental, la inmobiliaria terminó anticipadamente el contrato con la empresa constructora DLP, que desarrolla las obras, y que cuenta con 350 trabajadores de los 1.300 empleos directos e indirectos que generaría el proyecto. Los trabajadores se manifestaron con barricadas y cortes de tránsito con Av. Américo Vespucio por la pérdida de puestos de trabajo.
El rol del Gobierno. Este lunes, Pablo Medina, fundador de Inmobiliaria Fundamenta, dijo que el rechazo de la iniciativa puede deberse a que las nuevas autoridades fueron presionadas para votar en contra y apuntó a las autoridades comunales. “Creemos que, de alguna manera, el gobierno municipal tiene la llave para destrabar esto a nivel de gobierno central”, afirmó en Diario Financiero. “Creo que el gobierno central ha escuchado estas voces comunales en contra del proyecto y creemos que, con anuencia o un cambio de actitud de los dirigentes comunales, podría resucitarse el proyecto”, agregó.
Inicialmente, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, sostuvo la semana pasada que la inversión es un tema que preocupa al Gobierno y que, por lo tanto, analizarían qué ocurrió en este caso. Sin embargo, ahora desde Teatinos 120 afirman que el tema quedará en manos del ministro de Economía, Nicolás Grau.
El fin de semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio luces en ese sentido en una entrevista en Mesa Central, de Canal 13. “Este es un tema en que, en particular, el Ministerio de Economía está preocupado de ir siguiendo los proyectos de mayor envergadura del sector privado y tratar de que se puedan materializar de acuerdo con las normativas existentes”.
Preocupación por certeza jurídica. Desde el empresariado, el presidente de la CPC, Juan Sutil, reiteró su preocupación por tema, ya que, a su juicio, se pone en duda la certeza jurídica de las inversiones en general. “Estamos frente a una autorización que se otorgó de acuerdo con la ley vigente, no pueden paralizar ahora un proyecto. Es una aberración y una señal muy mala”, afirmó el dirigente empresarial. “Quién va a querer invertir en un proyecto inmobiliario de alto desarrollo y alto valor, en cualquier otro proyecto, si el día de mañana se les desconocen los permisos”, agregó.
Sutil sostuvo que este tipo definiciones “no pueden tener una connotación política”. Por ello, la semana pasada, le planteó la preocupación por este tema a la ministra Siches, en una reunión en La Moneda, mientras que con el ministro Marcel han conversado, en general, sobre la importancia de incentivar la inversión para reactivar la economía y el empleo.
Alcaldesa llamó a rechazar. La alcaldesa frenteamplista de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), sostuvo el fin de semana Twitter que la comuna necesita “crecimiento a escala humana” y la inmobiliaria tiene la oportunidad de replantear su proyecto.
Ríos es opositora a la iniciativa. De hecho, el día en que realizó la sesión de Comisión de Evaluación Ambiental, llamó abiertamente a través de redes sociales a que los miembros de la instancia votaran en contra de la iniciativa.
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