La Cámara de Diputados aprobó ayer la acusación constitucional contra el exministro Gru con tres votos más de los que necesitaba y ésta pasó al Senado, que tiene el carácter de jurado. Para refrendarla allí se necesita la aprobación de la mayoría (26) de los senadores en ejercicio.
Como se sabe, de la carrera inicial entre Republicanos y Nacional Libertarios por presentar el libelo acusatorio pasaron prontamente a la colaboración en una presentación común, al punto que concurrirán al Senado dos representantes de la Bancada de Kaiser y un diputado del partido Republicano.
Aunque inicialmente a la gran mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos esta acusación inédita de un partido oficialista contra un ministro del gobierno precedente le parecía un despropósito, como suele ocurrir, casi todos terminan alineándose, emplazados a demostrar con su voto que comparten la mala evaluación del gobierno cuya autoridad es objeto de la acusación.
Se repite como si estuviera descrito en un manual el procedimiento de distorsión habitual de convertir las acusaciones constitucionales en meros instrumentos de evaluación política y de gestión, no de juicio y sanción de ilícitos constitucionales y legales, del mismo modo en que ocurrió durante los dos ciclos previos de uso indiscriminado de esta herramienta, el empujado por la izquierda contra autoridades del gobierno de Piñera y del propio presidente y luego, su reflejo especular, impulsado por la derecha, las más de las veces Republicana, contra ministros del gobierno de Boric.
En este caso, sólo cuatro diputados de Renovación Nacional (Schalper, Ossandón, Pardo y Celis) y uno de Evopoli (Guzmán) resistieron el emplazamiento y osaron votar contra su tribu, reivindicando la necesidad de poner término de una vez al uso distorsionado de la herramienta constitucional que dominó las dos legislaturas precedentes, la inconveniencia para el gobierno de iniciar un nuevo ciclo de acusaciones y de generar un clima político desfavorable para la búsqueda de mayorías para sus leyes.
Pero ni los votos de todo el oficialismo y el PNL eran insuficientes para la aprobación de la acusación. Fue la diputada Pamela Jiles, como ya había ocurrido con la ley de Reconstrucción Nacional, quien logró movilizar en favor de la acusación a 10 de los 14 diputados del Partido de la Gente, dos la rechazaron y otros dos no concurrieron a votar.
Como el PDG no tiene presencia en el Senado y los partidos impulsores de la acusación tienen mucho menor gravitación en la Cámara Alta (5 Republicanos y una PNL), además que el rol que les atribuye la Constitución los obliga a considerar la existencia de ilícitos constitucionales, es previsible que no se exprese íntegramente a favor de la acusación la estrecha mayoría de 26 escaños que mantiene el oficialismo, menos aún por la coincidencia temporal de esta votación con el trámite de la Ley Miscelánea, que exige un clima contrario a la polarización que generan las acusaciones constitucionales.
Apostaría a que la decisión de Republicanos de embarcarse junto al partido de Kaiser en esta iniciativa sin consultar a los demás partidos del oficialismo, sumado a la inacción del gobierno e indolencia del presidente para evitar esta incursión con alto riesgo de fracaso y represalias, vendrá a reforzar el movimiento de recuperación del orgullo, carácter y personalidad propia de RN y la UDI, que ya puede observarse en la conducta de algunas figuras de Renovación Nacional y en el regreso de Pablo Longueira a la primera línea de la política. Movimiento de diferenciación que se profundizará inexorablemente, lo que más temprano que tarde llevará al presidente Kast a necesitar incorporar plenamente a esos partidos en la conformación de su equipo de gobierno.
La diputada Jiles celebró lo ocurrido en la Cámara como un importante avance en la “PDGización” de la política chilena, retomando el bastón de Republicanos en la crítica a la “derechita cobarde” y planteándose contra las oligarquías de derecha y de izquierda “que nos han mentido y nos han robado” por décadas.
En esta carrera por quién es más duro con el gobierno anterior ya anunció que después de Grau sigue el expresidente Boric, aunque perfectamente podría ponerse en la fila el ministro Quiroz, porque la “PDGización” consiste básicamente en entregarle al PDG la llave de las decisiones que vienen. Hoy para ir contra “la oligarquía” de izquierda, mañana contra la de derecha, porque no los mueve otra convicción que no sea la de la popularidad y los deseos de la gente.
La polarización, el complejo de la centroizquierda para diferenciarse del PC y abrirse a conversaciones que encaminen a acuerdos, junto a la escasa disposición del oficialismo a salir de sus trincheras, ha permitido que el PDG refuerce su rol de fiel de la balanza, concentrándose inteligentemente en producir resultados beneficiosos para la gente, por pequeños que estos sean. De hecho, no entró en la discusión de las más de 40 medidas del Plan de Reconstrucción, sino que obligó al gobierno a asumir una medida del programa presidencial de Franco Parisi a cambio de votar favorablemente la idea de legislar.
Oficialismo y oposición caminan con la venda sobre los ojos hacia la “PDGización” de la política chilena. Atrás en el pasado quedaron veinte años de continuidad de una misma coalición en el gobierno. Luego vino la alternancia binominal entre Bachelet y Piñera, pero con Gabriel Boric comienza la alternancia plural, ya no es ni la Concertación ni Chile Vamos, camino que se consolida con el triunfo de Kast.
Si los principales actores de la política nacional no se abren pronto al diálogo para producir acuerdos que permitan avanzar en la solución de los principales problemas del país, estarán pavimentando el camino de la “PDGización” ya no sólo de la política, sino del país.
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