Chile frente al espejo: la erosión de la confianza y el avance del crimen. Por Claudia Miralles A.

El tráfico de niños no es un hecho aislado: es una señal de alarma. Una advertencia sobre el debilitamiento del Estado y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. Porque cuando las instituciones fallan en proteger a los más vulnerables, no fracasan solas; fracasa el país entero.

El tráfico de niños no solo constituye uno de los delitos más aberrantes que puede cometer una sociedad; es también la expresión más brutal de una crisis institucional que amenaza los cimientos de la convivencia democrática. Cuando un menor puede ser objeto de explotación, traslado ilegal o desaparición bajo la mirada de organismos públicos y privados que no logran detectarlo ni impedirlo, no estamos frente a un simple delito: asistimos al fracaso del Estado en su deber de proteger a los más vulnerables.

La corrupción suele asociarse exclusivamente al dinero, los sobornos o el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, existe otra variante igual de dañina: aquella que se manifiesta cuando las instituciones dejan de cumplir la función para la cual fueron creadas. Cuando los mecanismos de control fallan sistemáticamente, las responsabilidades se diluyen, nadie responde por los errores graves y las consecuencias recaen siempre sobre los ciudadanos, la confianza pública se erosiona irremediablemente.

En Chile asistimos desde hace años a un deterioro progresivo de esa confianza. Semana tras semana aparecen antecedentes que refuerzan la sensación de que el Estado pierde capacidad para ejercer sus funciones esenciales. La seguridad pública se debilita, el crimen organizado gana terreno, el comercio ilegal prolifera y la ciudadanía observa con creciente preocupación cómo sectores enteros de nuestras ciudades escapan al control de la autoridad.

Hace un par de semanas fue la “Operación Tokio”. Antes fueron los casos vinculados al crimen organizado en distintos barrios de Santiago. Luego, la implicación de trabajadores financieros en redes ilícitas. Reportajes de televisión exponen mercados tradicionales donde las normas parecen opcionales y la informalidad avanza sin contrapeso. Basta recorrer sectores emblemáticos como Bellavista, el Mercado Central, la Vega Central o el tradicional barrio 10 de Julio para percibir un deterioro que ya no se puede ignorar: hurtos, incivilidades, automóviles mal estacionados y comercio sexual en una escalada sin freno.

Por supuesto que existen esfuerzos. Las autoridades anuncian operativos, planes de recuperación de espacios públicos y estrategias de seguridad. Sin embargo, la ciudadanía percibe que estas acciones tienen un fuerte componente comunicacional, mientras los problemas estructurales permanecen intactos y la sensación de impunidad crece.

Lo verdaderamente preocupante es que el tráfico de personas —y especialmente el de niños— nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que hechos de esta naturaleza ocurran en pleno siglo XXI? ¿Cómo pueden operar redes criminales aprovechando vacíos legales, falta de coordinación o debilidades en la fiscalización? Cada caso expuesto no solo revela la existencia de delincuentes, sino también las grietas del sistema que debió detenerlos, un Estado que cruje.

La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por sus procesos electorales o la estabilidad de sus indicadores económicos; se mide por su capacidad para proteger a quienes no pueden defenderse solos. Cuando la vulneración de la infancia se repite y la sociedad comienza a normalizarla, corresponde preguntarse qué está fallando en el aparato estatal.

Chile sigue siendo un país con importantes fortalezas, pero negar la magnitud de esta crisis sería un error ciego. La confianza pública, una vez perdida, es extremadamente difícil de recuperar, y ninguna campaña comunicacional puede reemplazar la necesidad de instituciones eficaces, transparentes y profesionales.

El tráfico de niños no es un hecho aislado: es una señal de alarma. Una advertencia sobre el debilitamiento del Estado y la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. Porque cuando las instituciones fallan en proteger a los más vulnerables, no fracasan solas; fracasa el país entero.

Personalmente, tengo la convicción de que Chile enfrenta un grave problema de corrupción. La pregunta que hoy debemos hacernos es si estamos dispuestos a reconocer que esta también se manifiesta cuando las instituciones pierden eficacia, cuando se contrata a personal sin las competencias necesarias para desempeñar sus cargos, cuando la responsabilidad se diluye y la protección de las personas deja de ser la prioridad real. Ignorar esta realidad es el primer paso hacia una degradación aún mayor de nuestra vida pública.

Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.