Junio 16, 2026

Daniel Urrutia: La secuencia de escándalos del juez y el cuaderno de remoción que le abrió la Suprema por viajes al extranjero

Ex-Ante
El juez Daniel Urrutia el 8 de noviembre de 2023. (Víctor Huenante / Agencia Uno)

En 2020 viajó a Costa Rica tras presentar una licencia por estrés. En 2022 lo hizo a la localidad amazónica de Tena, en Ecuador, para recibir terapias alternativas cuando estaba con licencia tras protagonizar múltiples controversias, entre otras, su llamado a “refundar” el Poder Judicial. Hoy es uno de los 56 casos que enfrenta un cuaderno de remoción, por decisión del máximo tribunal.


Lo nuevo. La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich confirmó este martes que el pleno del máximo tribunal ordenó la apertura de cuadernos de remoción en contra de 56 jueces que salieron de Chile mientras estaban con licencia médica por enfermedad.

  • Consultada si uno de estos casos correspondía al titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, dijo que su nombre se mantendría en reserva, “mientras no se notifique al magistrado”.
  • Su abogado, Carlos Quezada, confirmó a Meganoticias que el magistrado “se defenderá en el procedimiento de remoción y demás instancias legales” para intentar evitar su destitución.
  • Se trataba de un golpe a un polémico juez de 51 años, conocido por sus llamados a “refundar el Poder Judicial” y que ha protagonizado controversias que incluyen decir que hubo “presos políticos” tras el 18-O y autorizar videollamadas de narcos.
  • Una de sus más recientes actuaciones fue enviar a prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León (ex UDI), imputado de un fraude al fisco de al menos $104 millones, lo que fue ratificado por la Corte Suprema.
  • En mayo, diputados de la UDI habían pedido su remoción por su rol en el escándalo de las licencias.

Sus viajes con licencia. En diciembre de 2025 se sumó se sumó al escándalo de las licencias médicas luego de que la fiscal judicial Macarena Troncoso abriera una investigación por dos viajes que realizó al extranjero —en enero de 2020 y octubre de 2022— tras presentar licencias médicas por estrés.

  • La investigación del Poder Judicial —que partió luego del informe de Contraloría de 2025 que detectó 25.078 funcionarios públicos salieron del país pese a estar con licencia médica entre 2023 y 2024— arrojó que 84 jueces incurrieron en estas acciones desde 2020, aunque ningún supremo.
  • Su primer viaje, dio a conocer Mega, habría sido utilizado por Urrutia para viajar a una audiencia en San José de Costa Rica, donde funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo habría sido a la localidad amazónica de Tena, en Ecuador, para recibir terapias alternativas cuando estaba con licencia tras múltiples controversias, entre otras, su llamado a “refundar” el Poder Judicial.
  • Previo a la decisión de la Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago había declarado prescrito el caso de 2020, que dio por acreditado, y lo había absuelto del de 2022.

Su carrera.  Daniel David Urrutia Laubreaux, 51, nació en 1974 en Santiago. Estudió derecho en la U. de Chile e ingresó al Poder Judicial el 2000.

  • Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001; de Ovalle en 2003 y de Coquimbo en 2004. En 2006 llegó al Séptimo Juzgado, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Parte de sus polémicas tienen su origen en X.
  • Su perfil controversial se remonta a 2004, cuando la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos.
  • Urrutia lo aprobó y envió a la Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada”.
  • La respuesta de Urrutia fue acusar una persecución y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2020 el tribunal internacional emitió una resolución en que consideró responsable internacionalmente al estado de Chile de violar su “libertad de pensamiento y expresión”.
  • Más tarde comenzaría a acuñar una idea que repetiría en 2021 en la disuelta Convención Constitucional: la necesidad de refundar el Poder Judicial.

La “primera línea”. El 25 de marzo de 2020 resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total.

  • El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.

Presos del 18-O. Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O.

  • “Sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik.
  • El 23 de junio de 2021 el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado.

Lenguaje inclusivo. El 15 de julio de 2021 acogió un recurso de amparo presentado por las entonces convencionales María Rivera (Lista del Pueblo) y Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), en favor de 11 detenidos durante una manifestación por los presos del 18-O.

  • La resolución llamó la atención por su redacción. “Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dijo el texto, abriendo un debate por el lenguaje inclusivo.

Beneficios a narcos. Tras una visita a la Cárcel de Alta Seguridad realizada el 19 de enero de 2024, ordenó a Gendarmería otorgar beneficios carcelarios a 13 reclusos, como videollamadas, pese a que entre los internos había narcos y miembros de bandas de crimen organizado, que podían usar las llamadas para entregar información delictual. La corte revocó la medida.

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