El miércoles 10, el expresidente Gabriel Boric intervino por primera vez desde su propia voz, y desde Chile, en una decisión del nuevo gobierno. Lo hizo en X, para denunciar los embargos que la Tesorería General de la República está aplicando a una porción de los 550 mil morosos del CAE, cuyo stock acumulado al fisco supera los 4 billones de pesos. Acusó “inflexibilidad y castigo” y recordó que durante su gobierno propuso una reforma de financiamiento de la educación superior que la derecha bloqueó.
Lo notable de la intervención, sin embargo, no es lo que dijo. Es lo que decidió no decir. Pues, el CAE fue una de las promesas más emblemáticas con que llegó a La Moneda. La condonación universal de las deudas estudiantiles estaba en el programa de gobierno, anclada en las movilizaciones estudiantiles de 2011 que él mismo había liderado. Era, junto a la reforma de la salud y a la reforma de pensiones, una de las tres grandes promesas con que la coalición frenteamplista pidió el voto.
Pero, durante cuatro años, no se hizo nada al respecto. Cuando finalmente llegaron, ninguna de las tres reformas lo hizo en la forma que se había prometido. Lo hicieron en versiones tan modificadas que perdieron todo sentido ideológico. Si a las Isapres se les consolidó con la Ley Corta, y a las AFP se les ratificó como la única forma de ahorro previsional, la propuesta relacionada al CAE llegó tan amarrada que ni avanzó en su tramitación legislativa.
Sobre esto, la misma Carolina Tohá, exministra del Interior, reconoció el jueves 11 que hubo “errores” en cómo se administró el compromiso.
Las consecuencias materiales de las promesas incumplidas no se quedan en el plano simbólico. La expectativa de condonación, sostenida desde 2021 hasta el final del mandato, generó un efecto tangible entre los morosos. Quienes creían que la condonación iba a ocurrir tenían pocos incentivos para ponerse al día, y las cifras lo confirman. Bajo el gobierno de Boric, la tasa de titulados con CAE que dejaron de pagar saltó 25 puntos, pasando de 28% a 53% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, el alza más alta registrada en cualquier administración. En el mismo período, el stock de deuda del CAE creció un 22%, de USD 11,6 mil millones a USD 14,1 mil millones. La morosidad total del sistema cerró en 67,4%. La promesa que no se cumplió, en términos prácticos, terminó siendo una invitación a no pagar.
Hay además un detalle que conviene subrayar. El expresidente eligió reaparecer por el CAE justo cuando se había abierto otro frente que lo tocaba más directamente, la acusación constitucional contra su exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Teniendo dos puertas abiertas, eligió la del CAE y no la del cierre fiscal. Una decisión, no una coincidencia. Y como toda decisión, dice algo sobre lo que se quiere evitar y sobre lo que se cree poder ganar.
Para clarificar, el problema con la intervención no es que defienda a los morosos. Es legítimo debatir si los embargos son la herramienta adecuada, si los plazos fueron razonables, si la Tesorería pudo haber ofrecido alternativas. El problema, por el contrario, es que la narrativa elegida omite por completo su propia contribución al problema y reasigna el costo a quien asumió el cargo hace tres meses.
En esa clave, hay dos formas de leer la decisión del expresidente, y aunque no son incompatibles, conviene distinguirlas.
La primera es la del candidato. Boric ya no opera como expresidente, opera como aspirante a 2029. Esa lente explica su comportamiento desde Londres, desde Gales y ahora desde X. Un candidato no se hace cargo de lo que hizo mal, se hace cargo de lo que no hizo. Ahí cobra fuerza el CAE. Le permite invocar a las familias afectadas por los embargos, construir un frente común con su base contra el nuevo gobierno, y al mismo tiempo evitar la conversación de fondo sobre el proyecto que él mismo prometió y archivó. Es disciplina estratégica, en línea con quien sabe que su capital político está en parte intacto y que cualquier intervención en frentes sensibles lo erosionaría.
La segunda es la del legado en construcción. Después del cierre fiscal del gobierno, después del informe del Consejo Fiscal Autónomo que estableció el mayor desvío histórico de la meta de balance estructural en un año sin crisis, y después de tres años consecutivos de incumplimiento, el expresidente tiene un problema distinto al del candidato. No solo no le conviene hablar de cifras, le conviene activamente que esas cifras no se asocien a su nombre. El CAE, en cambio, le permite construir una historia donde él aparece como el que intentó y no pudo, donde la responsabilidad es del adversario que bloqueó. Cada intervención en este frente protege algo más durable que la próxima campaña, protege la forma en que la historia política reciente terminará escribiéndose.
Las dos lecturas son coherentes con el patrón que él mismo exhibió durante su gobierno. Decir mucho y hacer poco. Diagnosticar errores generales sin asumir los propios. Atribuir el bloqueo al adversario sin explicar por qué la propia coalición tampoco produjo resultado. La intervención sobre el CAE es la misma retórica que mostró en los festivales europeos, solo que ahora aplicada a un frente doméstico concreto.
El asunto es que la estrategia del CAE termina siendo la trampa del CAE, por las dos vías.
Por la del candidato, porque la apuesta no funciona. La Cadem de la primera semana de abril mostró que un 80% de los chilenos está de acuerdo con cobrar la deuda del CAE por vía judicial a quienes ganan más de 5 millones de pesos mensuales, y un 75% respalda ofrecer convenios de pago a quienes ganan menos. La población que se invoca como víctima, en realidad, respalda el cobro firme. El votante chileno, en su mayoría, ve el no pago de una deuda contraída como una conducta reprochable, no como un acto de justicia social. Y para peor, con voto obligatorio, ese sentido común gana peso en la urna. El votante que antes solo iba cuando quería ir, ese que respaldaba agendas valóricas y demandas refundacionales, ahora vota junto al votante que solo va porque tiene que ir, que tiende a premiar lo concreto, lo justo y lo razonable. Boric construyó un proyecto político para el primero. La regla actual amplía la influencia del segundo.
Por la vía del legado, la estrategia es inútil porque los actores que sí tienen futuro electoral en el sector ganan más por no entrar al tema que por sumarse. Tomás Vodanovic, por ejemplo, que en la última CEP apareció como el político mejor evaluado del país y como la figura del Frente Amplio con mayor proyección presidencial, no tiene incentivo alguno para entrar al debate. Cada paso que el expresidente da en este frente empuja a su eventual sucesor a tomar distancia. Mientras Boric defiende lo que él mismo no hizo, Vodanovic acumula capital simplemente por defecto. La operación que Boric cree usar para mantenerse vigente puede terminar acelerando su reemplazo dentro del propio sector.
La pregunta para Boric es ¿qué ocurre cuando la base que lo respalda empieza a reconocer que el CAE no se condonó no porque la oposición lo bloqueara, sino porque su propio gobierno nunca lo empujó en serio? Esa parte del electorado, que ha tolerado la promesa incumplida porque cree que el responsable fue el adversario, podría empezar a leer la historia en otra clave. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando la tramitación de la megarreforma termine de instalar el cierre fiscal de su gobierno como evidencia compartida? Si el relato del descalabro fiscal se asienta como hecho, el costo de identificarse con Boric se vuelve mayor que el beneficio, y se abre el espacio para que un sucesor tome el lugar marcando distancia, no continuidad.
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