Mayo 25, 2026

Alerta de Hacienda: Cifras entregadas por Grau subestiman gravemente déficit fiscal y deuda pública 

Jaime Troncoso R.

Hacienda recalculó las cifras fiscales heredadas del período Grau-Martínez: el déficit efectivo 2026 sube de 1,8% a 2,4% del PIB y, sin medidas correctivas, habría llegado a 2,9%. El IFP también informa que el déficit estructural 2025 cerró en -3,7% del PIB, más de dos puntos sobre la meta, y que la deuda bruta superaría el umbral prudente de 45% desde 2028.


Nuevo error en las cifras. El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre incorporó una corrección relevante en las cifras heredadas del período en que el Ministerio de Hacienda era encabezado por Nicolás Grau y la Dirección de Presupuestos por Javiera Martínez.

  • Según los antecedentes del IFP, el déficit fiscal efectivo de 2026 no se ubica en 1,8% del PIB, como se había estimado en el IFP del cuarto trimestre de 2025, sino en 2,4% del PIB.
  • La revisión de Hacienda concluyó que la estimación anterior contenía supuestos poco realistas tanto por el lado de los ingresos como por el gasto. Al corregir esas variables, el déficit habría llegado a 2,9% del PIB. Sin embargo, con las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo, la cifra efectiva informada queda en 2,4% del PIB.
  • Pero las nuevas cifras también evidencian un problema más grave para la credibilidad de la información fiscal. Hacienda detectó una inconsistencia aritmética en el cálculo de la deuda pública futura, que llevaría a que esta supere el umbral prudente de 45% del PIB definido por la institucionalidad fiscal. Por ello, se encargó una investigación administrativa para determinar las razones del error.

El ajuste del déficit. El Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 estimaba para 2026 un déficit fiscal efectivo de 1,8% del PIB. Pero, según la nueva administración, esa cifra descansaba en supuestos de ingresos y gastos que no se sostendrían con la información efectiva revisada por Hacienda.

  • Por el lado de los ingresos, la principal diferencia está en la Ley de Cumplimiento Tributario. La proyección anterior consideraba que esa normativa recaudaría 0,7 puntos del PIB. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico de Hacienda, la recaudación efectiva estaría más cerca de 0,1 puntos del PIB.
  • La brecha equivale a cerca de US$ 2.000 millones menos de ingresos respecto de lo estimado. Ese solo factor obligó a recalcular el balance fiscal y redujo el margen disponible para financiar el gasto comprometido.
  • El gasto proyectado para 2026 asciende ahora a $87.550.259 millones, equivalente a 24,1% del PIB, 0,3 puntos por sobre lo informado en el IFP anterior. A ello se sumaron mayores gastos no contemplados originalmente. Hacienda identificó presiones heredadas de $2,578 billones, equivalentes a 0,7% del PIB. Entre ellas, la ley de reajuste del sector público significó US$ 800 millones que no estaban incorporados en el Presupuesto, además de presiones adicionales en servicios públicos. Entre los ejemplos mencionados figura Fonasa, con un gasto devengado por unos US$ 300 millones.
  • Con esos ajustes, la estimación corregida del déficit habría llegado a 2,9% del PIB. Esa cifra es la que Hacienda considera que reflejaba mejor la situación fiscal si se aplicaban correctamente los datos disponibles al cierre de 2025.

Las medidas que bajan el déficit a 2,4%. El déficit efectivo informado en el IFP del primer trimestre queda en 2,4% del PIB debido a un paquete de medidas incorporadas por Hacienda en sus cálculos.

  • Entre ellas está la ampliación del impuesto al diésel a empresas que no lo estaban asumiendo, una mayor recaudación asociada al CAE, ventas proyectadas de activos y un ajuste inicial de US$ 2.000 millones en el gasto público.
  • Ese ajuste forma parte de una meta más amplia de reducción del gasto durante el período de gobierno. Hacienda ha planteado un esfuerzo total de US$ 6.000 millones, de los cuales US$ 2.000 millones ya están considerados en esta primera etapa.
  • Como contrapeso, Hacienda señala que el mayor precio del cobre —de US$5,15 a US$5,46 por libra— mejora la tributación minera privada y los traspasos de Codelco. Además, las medidas propias del nuevo gobierno, como la mayor recaudación del CAE y la reducción del crédito fiscal al diésel para empresas no transportistas, aportarían $360.009 millones adicionales.

Error en la deuda pública. El punto más sensible de la revisión está en la deuda pública. Hacienda detectó una inconsistencia aritmética en las cifras que, al corregirse, llevaría los cálculos futuro de la deuda sobre el 45% del PIB (no el 41,7% del PIB estipulado) el máximo prudente definido por los organismos fiscales.

  • El IFP del cuarto trimestre mostraba un deterioro acumulado del balance de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba $3,9 billones, una brecha “aritméticamente incompatible”.
  • La diferencia para 2030 estaría subestimado en cerca de US$ 10.500 millones, alrededor de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), se habría originado en las cifras del cuarto trimestre de 2025, cuando el Ministerio de Hacienda era encabezado por Nicolás Grau y la Dirección de Presupuestos estaba a cargo de Javiera Martínez. Según los antecedentes entregados, al contrastar la información del tercer trimestre con la del cierre del año, el nuevo equipo detectó que los cálculos no cuadraban.
  • La diferencia hacia 2030 llegaría a 9,6 billones de pesos, equivalentes a cerca de US$ 10.500 millones. Esa corrección no solo modifica la trayectoria de deuda, sino que también eleva las estimaciones de pago de intereses.
  • La trayectoria corregida muestra que la deuda bruta del Gobierno Central pasaría de 41,5% del PIB en 2025 a 43,1% en 2026 y 44,4% en 2027. A partir de 2028 superaría el umbral prudente, con 45,4% del PIB, para luego llegar a 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030.
  • Hacienda informó que existe una investigación administrativa para determinar qué ocurrió con esos cálculos y que el Consejo Fiscal Autónomo fue notificado de la situación. En el Gobierno sostienen que el objetivo es recuperar la confianza y el prestigio de las cifras fiscales, tras lo que consideran un deterioro en la calidad de la información recibida desde la administración anterior.

Telón de fondo. La corrección tiene efectos técnicos y políticos. En lo técnico, un déficit más alto y una deuda pública por encima del umbral prudente reducen los espacios fiscales del Gobierno, encarecen el pago de intereses y obligan a una estrategia de consolidación más exigente.

  • En lo político, Hacienda reafirma que recibió una situación fiscal más deteriorada que la informada oficialmente. La nueva administración no solo cuestiona los supuestos de ingresos y gastos, sino también la consistencia de los cálculos de deuda pública realizados en el cierre del gobierno anterior.
  • El episodio vuelve a poner bajo presión a la Dipres, un organismo clave para la credibilidad fiscal del país. Sus estimaciones son la base sobre la cual se construye el Presupuesto, se evalúan los compromisos de gasto y se proyecta la sostenibilidad de la deuda.
  • La situación también puede abrir un flanco político para el exministro Nicolás Grau. En el Congreso, el eventual impacto de estos antecedentes podría alimentar una acusación constitucional por responsabilidades políticas en el manejo de las cifras fiscales durante el cierre de la administración anterior.

Crecimiento más bajo. El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre también incorporó una rebaja en la estimación de crecimiento de la economía chilena. Hacienda ahora ubica la expansión de la actividad en torno a 2% para 2026.

  • Ese dato es relevante porque un menor crecimiento implica menor recaudación tributaria y mayores dificultades para cumplir las metas fiscales. También restringe la posibilidad de corregir el déficit solo por la vía de mayores ingresos cíclicos.
  • El Gobierno, además, aún no incorpora en estas cifras los eventuales efectos de la Ley de Recuperación Nacional ni los mejores ingresos que podrían venir del cobre. Esos factores podrían modificar el escenario, aunque Hacienda busca evitar que ingresos transitorios relajen el ajuste comprometido.

Qué viene. La Ley de Responsabilidad Fiscal obliga al nuevo Gobierno a entregar, a más tardar el 9 de junio, un decreto con su estrategia de manejo fiscal. Ese documento deberá incorporar las nuevas cifras de déficit, deuda y crecimiento, además de las medidas que permitirán cumplir la trayectoria comprometida.

 

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