Recientemente, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció que se impulsará el desarrollo de los modelos internos de los bancos.
Como se sabe, el marco de capital de Basilea II instauró la posibilidad de que los bancos operen con modelos internos para los riesgos de crédito, mercado y operacional. Como resultado de la crisis financiera de 2009, se introdujeron una serie de modificaciones respecto de los modelos internos, donde se eliminaron los modelos internos para riesgo operacional (no se permite más el AMA), y se introdujeron ciertos pisos mínimos para el caso de riesgo de crédito (72,5%) y condiciones más exigentes para riesgo de mercado.
Dicho lo anterior, Basilea mantiene el espíritu original de Basilea II, en virtud del cual si un banco tiene un modelo de negocios asociado a carteras con bajas probabilidades de incumplimiento (PI) y garantías y colaterales fuertes (PDI), eso redunda directamente en menores cargos de capital. Esto significa que los bancos pueden gestionar activamente sus riesgos, con el objeto de reducir sus cargos de capital.
Por el contrario, los bancos son libres de tener modelos de negocios más agresivos y riesgosos, lo que se traducirá en mayores cargos de capital. Esto pone los incentivos correctos en los agentes bancarios y con ello, activa la primera barrera de defensa que es la propia industria y su capacidad de gestionar adecuadamente los riesgos, lo cual es una ventaja para el supervisor.
Además, en las jurisdicciones donde operan bancos con modelos internos —como ocurre con la mayoría de las grandes instituciones de los países de la OCDE—, una falta de alineación entre el requerimiento de capital regulatorio y dichos modelos obliga a las entidades a operar con sistemas paralelos, lo que incrementa significativamente su carga regulatoria.
Este aspecto resulta especialmente relevante para economías que buscan posicionarse como centros financieros, ya que los bancos con operaciones internacionales tenderán a privilegiar aquellas plazas donde puedan optimizar y simplificar sus exigencias regulatorias.
En el caso de Chile, formalmente los modelos internos de riesgo de crédito están permitidos tanto para provisiones de carteras grupales (Anexo 1 Norma B1) como para capital (sección 6 Norma 21.6). Sin embargo, no existe ningún banco de la plaza que esté operando con modelos internos computables para efectos de provisiones y/o capital.
Ello, a pesar de las estimaciones compartidas entre la autoridad y los bancos, de que los ahorros potenciales rondan los USD 10.000 millones en capital (la mayor parte de lo cual debiera ser sólo por uso de modelos internos para riesgo de crédito). El hecho de que tanto la autoridad como la industria coincidan en la magnitud de estos beneficios sugiere que el problema no radica en la ausencia de incentivos económicos, sino en la existencia de fricciones que dificultan su materialización. ¿Cómo se explica semejante paradoja?
La primera hipótesis explicativa es que la carga regulatoria establecida en la norma es muy exigente.
Al revisar la norma, se observa que en determinadas configuraciones de cartera —por ejemplo, exposiciones con garantías CORFO o FOGAPE— la aplicación de modelos internos puede generar requerimientos equivalentes o superiores a los del método estándar, lo que reduce el incentivo marginal para su adopción en esos segmentos específicos. Asimismo, en las carteras grupales, el nivel de provisiones exigido corresponde al mayor valor entre el modelo estándar y el interno, salvo que este último esté autorizado —lo que actualmente no ocurre—, lo que desincentiva su utilización.
Adicionalmente, en el caso de las provisiones de cartera individual, la normativa no permite el uso de modelos internos; ni tampoco existe la opción de usar modelos avanzados que usen como insumo la pérdida dado el incumplimiento. Dicho esto, y considerados de manera aislada, los requisitos considerados en la norma, de gobernanza, de datos, tecnología, etc, también están considerados en otras plazas, aunque con exigencias más específicas y predecibles.
Dado lo anterior, la segunda hipótesis es que el problema central no radica tanto en las limitaciones que establecen las normas, sino en la incertidumbre asociada a los requisitos para alcanzar la aprobación y las consecuencias de un eventual rechazo. Un ejemplo relevante es el test de uso, elemento central y relevante en los modelos internos, ya que al exigir su utilización efectiva en la gestión de riesgos y en el pricing evita que los modelos se usen únicamente para reducir carga regulatoria y hace más visibles sus eventuales debilidades.
Sin embargo, en la normativa chilena las referencias al test de uso son genéricas. Otro ejemplo dice relación con el cálculo de la PI, donde dicho parámetro es requerido para calcular provisiones y capital; siendo importante que exista total claridad acerca de la necesidad de utilizar el mismo parámetro en ambos casos.
Así, los requisitos implican costos elevados y ciertos en términos de recursos, enfrentados a la incertidumbre respecto de si esos esfuerzos se traducirán finalmente en la aprobación por parte de la autoridad. En ese sentido, podría resultar valioso explorar instancias más estructuradas de interacción técnica durante los procesos de autorización —similares a las pre-application meetings utilizadas en jurisdicciones como el Reino Unido o la zona euro—, que permitan a las entidades identificar brechas anticipadamente y realizar ajustes progresivos antes de formalizar una solicitud.
En la misma línea, entregar retroalimentación a los bancos en caso de rechazo también contribuiría a ir identificando las áreas de mejora que deben corregir las entidades.
Una responsabilidad central de la CMF es velar por la solvencia de la banca, que es el factor habilitante para el desarrollo de mercado. Avanzar hacia un esquema de modelos internos exige desarrollar capacidades supervisoras altamente especializadas, capaces de entregar mayor certidumbre respecto de las expectativas regulatorias y de facilitar procesos de autorización técnicamente robustos y predecibles.
Ello supone contar con equipos suficientes y debidamente capacitados, no sólo para evaluar solicitudes, sino también para contrastar los resultados de los modelos internos de los bancos con estimaciones propias o benchmarks supervisores y, cuando corresponda, sostener diálogos técnicos que permitan explicar eventuales brechas.
Precisamente por ello, resultan especialmente auspiciosas tanto la voluntad declarada de la CMF de avanzar en el desarrollo de modelos internos, como la disposición manifestada por el Ministerio de Hacienda de aportar financiamiento para fortalecer las capacidades supervisoras en esta materia.
En esta línea, existen múltiples formas de avanzar hacia un esquema de adopción de modelos internos que sea progresivo, incurriendo en riesgos calculados, pero sistemático. En ese sentido, avanzar en esta materia requiere un proceso técnico sostenido, que combine claridad normativa por parte de la autoridad con preparación institucional por parte de los bancos.
Una hoja de ruta gradual a tres o cuatro años —comenzando por carteras grupales en provisiones y avanzando progresivamente hacia capital— permitiría gestionar los riesgos de implementación de forma ordenada, fortalecer la gestión interna del riesgo crediticio y contribuir a una asignación de capital más eficiente en el sistema.
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Plan de Reconstrucción Nacional: 5 nudos a destrabar. Por Juan José Obach (@jjobach).https://t.co/v0tufR5mK0
— Ex-Ante (@exantecl) May 6, 2026
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