Según diversas fuentes, la contralora Dorothy Pérez determinaría que la ministra de Seguridad se excedió en sus atribuciones en el oficio que envió el 13 de marzo al director de la PDI a partir -entre otras cosas- de sus preguntas sobre una decisión administrativa sobre el traslado de detectives. A raíz del dictamen, que se conocerá la próxima semana, el Presidente Kast salió la noche del jueves a respaldarla.
El dictamen de Contraloría. En su recta final se encuentra el dictamen que prepara Contraloría sobre la actuación que tuvo la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, frente a la PDI cuando recién asumió el cargo.
- Según fuentes consultadas por Ex-Ante, el pronunciamiento de la contralora Dorothy Pérez sería un revés para la ministra.
- El dictamen responderá un requerimiento del diputado PS Raúl Leiva, quien pidió revisar la legalidad del oficio reservado que Steinert envió el 13 de marzo al director de la Policía Civil Eduardo Cerna, para que aclarara las razones del traslado de su antiguo equipo de detectives, que trabajó junto a ella cuando era Fiscal de Tarapacá.
- Según las fuentes, el dictamen que se emitirá la próxima semana, arrojaría que Steiner se extralimitó en sus funciones al pedir los antecedentes a la PDI.
- Todo apunta a que Contraloría estaría tomando en cuenta una serie de preguntas de administración interna que no corresponden a la función del ministerio.
- El organismo revisó en detalle el oficio de Steinert que incluye, entre otros puntos, individualización completa (con nombre, cédula de identidad, y grado jerárquico) de los funcionarios trasladados de la Región de Tarapacá o cesados de sus funciones.
- Además pidió una fundamentación “pormenorizada” de las razones del traslado de los efectivos y un informe sobe las nuevas destinaciones y funciones de cada uno. También solicitó adjuntar copia de los antecedentes disciplinarios o penales de los detectives.
- El equipo de detectives, liderado por el subprefecto Mauricio Fuentes, había participado junto a Steinert en las investigaciones para desbaratar al Clan Chen, una mafia china-chilena que operaba en la Zofri. A inicios de año, los cuatro detectives fueron trasladados de Iquique por orden de la entonces jefa de Inteligencia, Consuelo Peña.
- Fue la propia Peña quien envió la respuesta a la ministra Steinert, en la que señala que “esta directora de inteligencia, quien se encontraba presente en el operativo, observó fallas en la planificación del mismo”. El documento de respuesta también habría sido analizado para elaborar el dictamen de Contraloría.
- El 22 de marzo se confirmó que Consuelo Peña dejó su alto cargo en la PDI, tras 36 años de servicio. Steiner ha negado haber presionado para que removieran a Peña.
“Si el informe viene mal…”. En La Moneda están conscientes de que el texto de la Contraloría “no será un informe amable” para Steinert, ante lo cual anoche el Presidente Kast entregó un respaldo a la secretaria de Estado.
- “Lo razonable es esperar a que salga la resolución, y una vez que salga, actuar en conformidad de lo que señale la Contraloría, pero el respaldo a la ministra de Seguridad es total”, dijo.
- Previamente Steiner había declarado en radio Infinita que “si el informe viene mal, yo soy una mujer muy respetuosa del derecho”.
- La ministra ha enfrentado problemas en los primeros dos meses de gobierno y ha caído hasta 17 puntos en las encuestas (Cadem) siendo la segunda secretaria de Estado peor evaluada del gabinete.
Agenda legislativa. Desde el oficialismo han surgido críticas por la falta de una agenda legislativa más robusta en temas de seguridad, un pilar del “gobierno de emergencia”.
- Un episodio que detonó críticas fue la ausencia el 14 de abril de Steinert a una sesión clave del Senado para tratar el proyecto de modernización de Carabineros.
- El senador Rodolfo Carter calificó el hecho como “impresentable, se nos cae todo el relato”.
- En RN entregaron esta semana a Steinert un documento con 100 propuestas en seguridad, al tiempo que la ministra presentó el proyecto de ‘Ley Sin Escape’, que busca permitir la continuidad del juicio oral, aunque el acusado no esté presente. En el Congreso fue comentado que en marzo, un grupo de senadores de oposición y el oficialismo -entre los que estaban Paulina Núñez e Iván Moreira- ya había presentado un proyecto que regulaba el mismo tema.
Temucuicui. Esta semana, la detención de cinco personas en un operativo en Temucuicui, encabezado por Carabineros en coordinación con Fiscalía y el Ejército, fue valorado en el gobierno.
- Sin embargo, la cartera recibió cuestionamientos a partir del atentado incendiario en Collipulli que ocurrió un día después.
- “Esto pudo haberlo previsto el gobierno. Se sabe que somos una empresa de servicios forestales que ha sido tremendamente afectada y no vimos ninguna coordinación especial. Se ostentó en la tele, lo que se había logrado ingresando a Temucuicui, pero usted comprenderá que cuando usted ataca a gente tan violenta, y para mí esto es un cajón de abejas, ¿qué van a hacer si lo patean? Atacar de vuelta”, dijo Yasna Navarrete, de la empresa damnificada.
- La diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naiveillan también criticó la falta de previsión del gobierno para lo que ocurriría después en la zona.
- Steiner además debió ordenar una indagatoria por una publicación en la cuenta oficial de X del Ministerio de Seguridad, que luego fue borrada, que señalaba que “mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, aludiendo al fallido ingreso de la entonces ministra Izkia Siches en 2022.
Caso Lincolao. La agresión contra la ministra de Ciencias Ximena Lincolao, ocurrida el 8 de abril en la U. Austral, puso en aprietos al Ministerio de Seguridad.
- En un revés judicial, los tres estudiantes querellados quedaran en libertad y la Corte de Valdivia reprochó al ministerio por levantar la tesis de un supuesto “secuestro” de Lincolao.
- Tras eso Steinert anunció la ampliación de la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE), herramienta jurídica utilizada en situaciones excepcionales. Sin embargo, entre los parlamentarios hicieron ver que la LSE sólo puede ser solicitada por Interior, mientras que la Defensoría Penal Pública, presentó un recurso de amparo acusando irregularidades procedimentales de la cartera.
- La acción estuvo a cargo del nuevo equipo de abogados contratado por la ministra que responden directamente al gabinete.
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