Numerosos parlamentarios parecen convencidos de que, al declararse opositores, están apostando por el fracaso del gobierno. Su deber sería, por lo tanto, “hacerle la vida imposible”, como dijo Pamela Jiles antes de que asumiera Kast, o “negarle la sal y el agua”, como dijo en otros tiempos el PS cuando inició su gestión Frei Montalva, el primer presidente demócratacristiano.
Tal visión contradice los fundamentos de la vida en democracia, que necesita sostenerse en el compromiso básico de favorecer una convivencia en la cual las discrepancias no deriven en confrontación ciega. Para ello, es indispensable el funcionamiento de un sistema de contrapesos que impida la concentración del poder y asegure la estabilidad institucional, lo cual exige que tanto el gobierno como la oposición actúen dentro de la Constitución y las leyes. Todas las fuerzas políticas tienen la obligación de defender los procedimientos democráticos con la misma energía cuando están en el gobierno que cuando están en la oposición.
Ha iniciado su gestión un nuevo gobierno, y corresponde reiterar que la crítica de sus errores, incluso la denuncia y censura de sus eventuales ilegalidades, es una condición del funcionamiento del régimen de libertades. El escrutinio público de todas las autoridades es parte del control social que, como el oxígeno, permite que la democracia no se agote en los procesos electorales, sino que sea una forma de convivencia en la que nadie esté por encima de la ley.
La reciente derrota electoral de la izquierda y la centroizquierda ha hecho resurgir en sus filas una compulsión que parece haberse originado a comienzos de 2010, cuando concluyó el ciclo de la Concertación. Nadie discute hoy cuánto avanzó el país en dicho período, pero se produjo también entonces un acostumbramiento al poder de los partidos de aquella alianza, y hasta creció en sus filas la idea complaciente de que solo la centroizquierda podía gobernar de un modo que asegurara el progreso económico y social.
Cuando vino la derrota, se generó una especie de temor inconfesable: que los adversarios pudieran gobernar bien, y que ello fuera valorado por los ciudadanos. Ello parecía asociarse a la posibilidad de que el éxito de la derecha hiciera tambalear las propias ideas.
El primer gobierno de Piñera (2010-2014) afianzó el rumbo que traía Chile, y ello se debió a que, en los años de la transición, se creó una sólida convergencia de la mayoría del país respecto de cuál era el camino del progreso: el dinamismo de la economía de mercado y la concepción del Estado como agente de cohesión social.
Lo concreto es que las grandes reformas que modernizaron a Chile fueron el resultado de amplios acuerdos entre la centroderecha y la centroizquierda. Surge aquí una pregunta inevitable: ¿cuánto podría haber progresado Chile sin el estallido antisocial y antidemocrático de 2019 que buscó derrocar a Piñera?
Es cierto que el país no se caía a pedazos al término del gobierno de Boric, pero ello se relaciona sobre todo con las fortalezas que fue capaz de construir en las décadas anteriores y que sobrevivieron al intento de crear otra cosa. ¿Qué cosa, exactamente? La que estaba descrita con todo detalle en el proyecto de Constitución que promovieron Boric y Bachelet.
El país necesita salir del estancamiento, alentar la inversión, crear nuevos puestos de trabajo, modernizar el Estado para que vaya al ritmo de las exigencias de este tiempo y sirva mejor a la población. Ese es el reto que enfrenta el gobierno de Kast. Ello plantea requerimientos políticos complejos, como la indispensable reingeniería de los múltiples programas sociales sobre cuya eficacia hay dudas fundadas, o la obligación de combatir a fondo el derroche de recursos públicos. Se supone que alguna lección dejó la experiencia de los millones dilapidados a través de las redes construidas ad hoc en las fundaciones investigadas por el Ministerio Público.
El proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno es una apuesta políticamente audaz, puesto que abarca muchas materias en un solo impulso legislativo, y el riesgo es que se confunda lo sustantivo con lo adjetivo. Como sea, ese fue el camino elegido y el Congreso deberá pronunciarse.
El debate ya iniciado puede ser provechoso respecto de la definición de las prioridades nacionales, lo que implica precisar cómo se enfrentarán las consecuencias del agudo retroceso de la economía mundial causado por la guerra. De partida, no pueden sobreestimarse los ingresos. En ese contexto, el gobierno deberá actuar con flexibilidad y realismo para alcanzar un amplio apoyo a las medidas que considera fundamentales y, por ende, descartar aquellas que no lo son.
Los partidos opositores están sacando cuentas respecto de lo que les conviene más en esta coyuntura. Hay quienes ya tienen decidido el rechazo a la idea de legislar. Están en su derecho, pero quizás están leyendo mal el momento, condicionados por el prejuicio de que la derecha estaría genéticamente impedida de encarnar una perspectiva de progreso para el país.
Otros opositores, en cambio, es posible que se den cuenta de que no pueden aparecer en una actitud mezquina, que se desentienda del interés nacional, y traten por lo tanto de contribuir a que el Congreso genere un acuerdo que permita que el país despliegue sus capacidades y consolide un horizonte de esperanza. El verdadero coraje político es atreverse a cruzar hacia la otra vereda para establecer acuerdos que ayuden realmente a mejorar las cosas.
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