La megareforma entre una oposición que negocia y una que estorba. Por Kenneth Bunker

Ex-Ante
Daniel Manouchehri y diputados opositores en el hemiciclo de la Cámara. Foto: Agencia UNO.

Unos van a entrar a negociar. Otros van a salir a denunciar que negociar es traición. Esa tensión, que hasta ahora se había podido administrar con cierta comodidad desde la derrota, va a quedar expuesta en cada votación y en cada declaración pública. La megareforma va a hacer visible la falla que ya existía.


El gobierno de Kast ingresó al Congreso la reforma más ambiciosa de su mandato. No hay nada que pueda venir que sea más grande que esto. La oposición tiene que decidir qué hacer. Esa decisión, que parece táctica, es en realidad la primera prueba real de qué tipo de oposición va a ser y cómo eso va a influir en lo que viene.

Así, para ellos, el sector que comprende desde el PC a la DC, la megareforma no es solo un paquete legislativo, es una prueba. Lo que cada sector de la oposición haga a partir de lo que está en la mesa va a revelar si su objetivo es mejorar el país desde la vereda de al frente o impedir que el gobierno pueda mostrar resultados. Como es evidente, no son posiciones que se puedan sostener simultáneamente.

Por lo mismo, la pregunta relevante no es si la reforma es buena o mala en abstracto. Es qué hace la oposición con ella. Y más específicamente, si hay algo dentro de ese paquete que la izquierda comparte en el diagnóstico, si tiene la disciplina intelectual para decirlo en voz alta, o si el cálculo político se lo permite.

Para el diputado Manouchehri, la senadora Cicardini y el segmento que representan, la respuesta ya estaba tomada antes de leer el proyecto. El rechazo no es el resultado de un análisis. Es el punto de partida. La reforma viene del gobierno de Kast, y eso ya la hace rechazable. Su argumento vendrá después, construido para justificar una conclusión que tenían desde el inicio.

Ahora, la estrategia tiene réditos inmediatos y visibles. Moviliza a la base, genera cohesión interna, produce titulares y da la sensación de que la oposición existe y actúa. Pero, al mismo tiempo, esos réditos son de corto plazo, pues el verdadero costo se pagará después, cuando el votante del centro, el mismo que decidió las dos últimas elecciones, termine asociando a ese sector con un bloqueo que impide soluciones.

Pero el obstruccionismo frente a la megareforma tiene otro problema menos obvio. Si la reforma pasa de todas formas, con votos de la derecha, el Partido de la Gente y eventuales disidencias de la centroizquierda moderada, los que la rechazaron de plano quedarán neutralizados. No la bloquearon, no la mejoraron, solo estorbaron. Hicieron ruido mientras otros decidían. Y eso se notará.

Frente a esta posición estridente, la socialdemocracia institucional tiene en sus manos una respuesta. Dentro de la megareforma hay elementos que cualquier gobierno de centroizquierda serio habría tenido que abordar tarde o temprano. El diagnóstico fiscal, por ejemplo, es compartido por varios de ese segundo sector que han seguido los informes del Consejo Fiscal Autónomo en los últimos tres años.

Lo mismo va para los incentivos a la inversión, que tampoco son, o debiesen ser, patrimonio exclusivo de la derecha. Rechazar eso en bloque porque viene firmado por Kast no sirve para presentarse más adelante como el socio responsable del sector.

Lo mismo va para aprobar. Participar en la tramitación no significa visar la reforma tal como viene. Significa entrar al debate con indicaciones, con argumentos técnicos, con la disposición de mejorar lo que es mejorable y de oponerse con fundamento a lo que no tiene justificación. Eso es lo que distingue a una oposición que quiere volver a gobernar de una que solo quiere que el adversario fracase.

El problema es que dentro del mismo bloque van a convivir ambas posiciones frente a la reforma. Unos van a entrar a negociar. Otros van a salir a denunciar que negociar es traición. Esa tensión, que hasta ahora se había podido administrar con cierta comodidad desde la derrota, va a quedar expuesta en cada votación y en cada declaración pública. La megareforma va a hacer visible la falla que ya existía.

Si el obstruccionismo termina dominando el bloque, el que colabora paga el costo reputacional del que hace circo. El votante del centro no distinguirá el diputado que presentó indicaciones técnicas durante la tramitación del que salió a marchar a la calle con pancartas. Si comparten coalición, compartirán no solo los beneficios, sino también los costos. Y ese es exactamente el tipo de arrastre que la socialdemocracia institucional no puede seguir tolerando sin consecuencias electorales.

La tramitación de la megareforma es una bifurcación, un tenedor en el camino. Los senadores, diputados y dirigentes de la socialdemocracia institucional tendrán que elegir con qué cara llegan al siguiente ciclo electoral. Pueden seguir absorbiendo el costo del obstruccionismo ajeno, o pueden trazar una línea lo suficientemente visible como para que el votante pueda distinguirlos.

La megareforma va a pasar o no va a pasar. Pero independientemente del resultado, va a dejar un registro de quién hizo qué. Ese historial es el insumo real con el que cada sector va a llegar a la próxima campaña electoral. Es obvio que al gobierno no le conviene que se le rechace su reforma emblemática. Pero no es tan obvio que obstruir salga gratis.

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