Fin de la franquicia Sence: Gobierno estudia financiamiento por Presupuesto para fundaciones

El proyecto de reconstrucción elimina la franquicia tributaria del Sence, una medida que Hacienda estima elevará la recaudación en $287.176 millones en 2026. Pero fuera del texto legal ya se abrió otra discusión: cómo evitar que el cierre del instrumento afecte a fundaciones que forman a personas vulnerables y articulan su inserción laboral con empresas. La alternativa que se estudia es reforzar su financiamiento vía Presupuesto.

Lo nuevo. El Gobierno mantendrá la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, pero ya comenzó a estudiar cómo evitar que esa decisión afecte a fundaciones que trabajan con personas vulnerables y que hoy operan como puente entre capacitación, empresas y empleo formal.

• En el proyecto de ley de reconstrucción la medida aparece solo como supresión del beneficio tributario para gastos de capacitación y de las normas asociadas. No incorpora, por ahora, un reemplazo específico para este tipo de instituciones.
• No obstante, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó en su presentación en la Comisión de Hacienda de la Cámara que se estudia financiar, a través del presupuesto público, a las instituciones que se verán afectadas.
• En paralelo, el equipo económico ya comenzó a trabajar con personeros del Sence en un nuevo estatuto de fomento de la capacitación, aunque esa alternativa todavía no forma parte del proyecto de ley.

Qué observar. El punto sensible es que algunas fundaciones podrían quedar atrapadas entre dos mundos: el cierre de una herramienta cuestionada y la ausencia, por ahora, de un mecanismo claro que preserve su vínculo con empresas y empleo formal.

• Varias de estas instituciones no dependen solo de transferencias directas, sino también de esquemas en que empresas financian capacitación orientada a la contratación. Si ese canal se corta antes de que exista una alternativa operativa, el riesgo no es solo financiero: también puede debilitarse la ruta de inserción laboral para personas vulnerables.
• Esa es la alerta que levantó Manuel Ureta, director ejecutivo de Fundación Infocap. “Tenemos que concentrarnos en las personas que no tienen otros caminos para poder insertarse en el mundo laboral”, señala, agregando que “lo que nos interesa son dos cosas: que haya recursos y que esos recursos podamos articularlos con las empresas”.

El diagnóstico oficial. La eliminación de la franquicia se apoya en un juicio severo del Ejecutivo. El mensaje del proyecto afirma que este gasto tributario implica un costo anual de $300 mil millones sin evidencia concluyente de impacto significativo en capacitación.

• En Hacienda agregan otro dato para sostener la decisión: hoy el 98% de los beneficiarios de la franquicia son grandes empresas y solo el 2% pymes, lo que, a juicio del equipo económico, confirma que el instrumento quedó desalineado con su propósito original.
• El informe financiero calcula que su eliminación implicará mayores ingresos fiscales cercanos a 0,08% del PIB, equivalentes a $287.176 millones en 2026.

El problema que aparece tras el cierre. La decisión de terminar con la franquicia Sence se apoyó en un diagnóstico duro: bajo impacto en salarios y empleabilidad, diseño regresivo, uso concentrado en empresas grandes y una larga secuencia de abusos. Pero la conversación que se abrió ahora es otra: qué pasa con la formación para el trabajo en sectores vulnerables si el instrumento desaparece sin una alternativa clara.

• Ureta sostiene que hoy existen dos grandes canales para financiar la formación para el trabajo: el presupuesto directo del Estado, vía licitaciones, y la franquicia tributaria, que permite vincular a las empresas con procesos de formación y contratación.
• A su juicio, el problema de la franquicia no era su espíritu original, sino su diseño y mala regulación. “No hay nada mejor que para la política del trabajo que las empresas estén adentro porque ellas son las que saben lo que necesitan y ellas son las que contratan”, dice.
• Según Ureta, el sistema terminó degradado por las bajas barreras para crear OTEC, la proliferación de actores de baja calidad y malos incentivos en el uso de la capacitación. “Hay 2.000 OTEC en Chile. La vida promedio de un OTEC es de alrededor de 2 años”, afirma.

El vínculo con las fundaciones. Ureta rechaza, además, una simplificación habitual: que las fundaciones vivan de remanentes automáticos de la franquicia. Explica que esos recursos hoy suelen licitarse y muchas veces terminan adjudicándose por precio a actores con menor estructura.

• Aun así, reconoce que el impacto existe. Infocap, por ejemplo, trabaja con empresas que usan la franquicia para formar personas con miras a contratarlas, desde bodegueros hasta soldadores.
• Su fundación, afirma, forma unas 2.000 personas al año y además mantiene un colegio para jóvenes y adultos con cerca de 600 estudiantes anuales.
• El punto, sostiene, es que si desaparece ese instrumento sin reemplazo, no solo se pierde financiamiento: también se debilita el puente entre capacitación y empleo formal.

Telón de fondo. El proyecto ya tomó una definición: cerrar una franquicia cuestionada por su costo, bajo impacto y mala regulación. Pero en Hacienda sostienen que la decisión no apunta solo a suprimir un beneficio tributario, sino a abrir paso a un rediseño más amplio del sistema.

• Según una fuente del equipo económico, ya se está trabajando con personeros del Sence en un nuevo estatuto de fomento de la capacitación, que podría traducirse en un proyecto este año o a comienzos del próximo.
• La discusión, por lo tanto, ya no es solo cómo cerrar la franquicia, sino con qué arquitectura se la reemplazará y cómo se evitará romper el vínculo entre formación, empresa y empleo formal.

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