La reciente resolución del Juzgado de Garantía de Coronel en el denominado Caso Bruma marca uno de los primeros test relevantes de la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos, en particular respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El tribunal rechazó la solicitud de medidas cautelares contra Blumar S.A., estimando que, en esta etapa del proceso, no se acreditó una insuficiencia grave de su Modelo de Prevención de Delitos (MPD), ni tampoco una relación directa entre eventuales falencias del modelo y los hechos investigados.
Se trata de una decisión que va más allá del caso concreto. El pronunciamiento comienza a delinear el estándar probatorio que deberán superar el Ministerio Público y los querellantes no solo en el juicio oral, sino desde fases tempranas del proceso penal, cuando se busque imponer medidas cautelares a una empresa.
El debate jurídico de fondo
Desde la perspectiva de la Fiscalía y de los querellantes, la solicitud de medidas cautelares se sustentó en que los cuasidelitos —incluido el cuasidelito de homicidio— forman parte del catálogo de ilícitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica, conforme al artículo 2°, numeral 28, de la Ley N° 21.595, que los clasifica como delitos económicos de segunda categoría.
En virtud de ello, se solicitó la aplicación de la medida prevista en el artículo 11 bis de la Ley N° 20.393, consistente en la supervisión de la persona jurídica. Esta medida está diseñada para aquellos casos en que, debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, resulte necesario intervenir para evitar la comisión de nuevos ilícitos al interior de la organización.
Sin embargo, el tribunal descartó su procedencia. La razón fue clara: Blumar contaba con un modelo de prevención vigente, y en la audiencia no se acreditó ni en qué consistiría su insuficiencia grave ni cómo esa eventual deficiencia habría incidido causalmente en los hechos investigados. El estándar fijado es exigente: no basta con afirmar que el modelo es defectuoso; es necesario demostrar la gravedad del déficit y su conexión funcional con el delito imputado.
Personas naturales y déficit organizacional
El caso también ilustra un punto clave en la imputación de responsabilidad penal empresarial. Los hechos investigados se atribuyen a tres personas naturales que cumplían funciones relevantes a bordo del buque: el capitán y dos tripulantes con roles operativos en la navegación. Esa posición dentro de la estructura organizacional —en efecto, se trata de delitos en que lo posicional es aquello que delimita la autoría—permite, en abstracto, vincular la conducta con la esfera de actuación de la empresa.
No obstante, como ha sostenido de manera consistente la dogmática penal, la sola jerarquía o ubicación del autor dentro de la organización no basta para transferir responsabilidad a la persona jurídica. Es indispensable demostrar que el hecho constituye la manifestación de un déficit organizacional relevante, es decir, de una falla estructural en los mecanismos de prevención y control de la empresa.
Precisamente, este es el punto en que el tribunal considera que la imputación no supera el umbral exigido: no se acreditó que el ilícito fuera expresión de una deficiente organización del riesgo ni de un modelo de prevención ineficaz.
Implicancias para las empresas y los Modelos de Prevención de Delitos
La resolución refuerza una señal que la legislación ya venía transmitiendo: los modelos de prevención no pueden ser meros documentos formales. La Ley N° 20.393 exige que sean idóneos, efectivamente implementados y dotados de mecanismos reales de supervisión y control. Sin embargo, la práctica muestra que su valor jurídico depende, cada vez más, de su funcionamiento concreto y demostrable.
En este contexto, adquieren especial relevancia las evaluaciones periódicas de los modelos de prevención, idealmente realizadas por terceros independientes. Estas revisiones no solo permiten detectar brechas y fortalecer la capacidad preventiva, sino que generan evidencia objetiva que puede resultar decisiva frente a una investigación penal.
Una señal temprana del nuevo estándar
Aunque se trata de una resolución dictada en sede de garantía, su impacto es significativo. El fallo ofrece una primera aproximación a los criterios que los tribunales podrían adoptar en la aplicación de un régimen legal particularmente estricto con la actividad empresarial.
El mensaje es claro: un modelo de prevención adecuadamente diseñado, implementado y probado en la práctica no solo puede operar como eximente de responsabilidad penal en una sentencia definitiva, sino también como una barrera eficaz frente a medidas cautelares invasivas, capaces de afectar gravemente el funcionamiento y la reputación de una empresa.
Más que una carga regulatoria, el cumplimiento aparece, así, como un verdadero instrumento de protección jurídica. La organización del riesgo —y no solo la reacción ex post— se consolida como el eje central para delimitar la responsabilidad penal empresarial en el nuevo escenario del derecho penal económico chileno.
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