Los shocks petroleros han sido, históricamente, pruebas de estrés para las economías dependientes de la energía importada. Chile, sin producción significativa de crudo y con un transporte aún dominado por combustibles fósiles, ha vivido en carne propia las consecuencias de estas crisis.
El paralelo entre el embargo de la OPEP en los años setenta y el alza actual en el precio de los combustibles permite observar cómo un mismo fenómeno externo puede tener impactos muy distintos según el marco institucional y las herramientas de política disponibles.
En 1973, el embargo de la OPEP disparó el precio del petróleo desde 3 a 12 dólares por barril, y posteriormente a 32 dólares en 1979. Para Chile, que dependía casi por completo de las importaciones, el efecto fue devastador: inflación descontrolada, desabastecimiento y una economía atrapada en la estanflación.
El país carecía de mecanismos de estabilización y de instituciones capaces de amortiguar el golpe. El shock petrolero fue uno de los factores que aceleró el colapso del modelo económico de la época y contribuyó a la crisis social y política.
Hoy, más de cincuenta años después, Chile enfrenta un nuevo shock energético. El conflicto en Medio Oriente ha encarecido el petróleo y sus derivados, provocando alzas históricas en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos subirá en torno a 370 pesos por litro y el diésel entre 570 y 580 pesos. El impacto inmediato se sentirá en transporte, logística y hogares.
Sin embargo, la respuesta institucional es muy distinta a la de los setenta. El país cuenta con un Banco Central autónomo y con credibilidad para controlar la inflación. Además, dispone de mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), diseñado para suavizar las variaciones extremas.
Pero aquí aparece un matiz técnico relevante: la histórica alza anunciada esta semana no responde únicamente al encarecimiento internacional del petróleo, sino también a la revisión de parámetros del MEPCO anunciada por Hacienda el 23 de marzo. El ajuste redujo el desfase con que las variaciones internacionales se reflejan en el mercado interno, lo que significó un traspaso más rápido y casi inmediato del alza global del precio del petróleo a los consumidores.
La decisión busca transparentar el costo real del petróleo y evitar que el Estado acumule un déficit fiscal excesivo por subsidios prolongados. El MEPCO, que en su diseño actúa como amortiguador, puede suavizar o acelerar el impacto según los parámetros definidos. En este caso, el ajuste implicó un traslado inmediato y masivo, que explica gran parte del alza de $370 en la gasolina y de casi $580 en el diésel. Hasta febrero de 2026, la inflación anual se mantenía en torno al 2,4%, con variaciones mensuales moderadas.
Sin embargo, el alza del precio los combustibles introducen un riesgo claro de aceleración inflacionaria en los próximos meses. De esta manera, el Banco Central deberá evaluar si mantener o ajustar la política monetaria para contener expectativas inflacionarias. Aunque la inflación actual está lejos de los niveles de los setenta, el riesgo de un repunte es real y puede tensionar la credibilidad de la política monetaria si no se gestiona adecuadamente.
La comparación con los setenta es ilustrativa. En ambos casos, la causa principal es geopolítica: en los setenta, el embargo de la OPEP; hoy, la guerra y las tensiones en Medio Oriente. En ambos, el impacto es inmediato sobre los precios internos y la inflación. Pero mientras en los setenta Chile enfrentó la crisis sin amortiguadores, hoy dispone de instituciones más sólidas y herramientas fiscales que permiten gestionar el shock.
El ajuste del MEPCO revela, sin embargo, un dilema técnico: ¿hasta qué punto el Estado debe proteger al consumidor frente a shocks externos, y hasta qué punto debe trasladar el costo real para evitar desequilibrios fiscales? La decisión de Hacienda privilegia la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero el costo social es evidente. El alza golpea directamente a los hogares y al transporte, generando tensiones en un contexto de recuperación económica aún frágil.
La lección más importante es que la dependencia estructural del petróleo sigue siendo un talón de Aquiles. Chile ha avanzado en diversificación energética, con un desarrollo notable en energías renovables como la solar y la eólica, pero el transporte y gran parte de la logística aún dependen de los combustibles fósiles. Mientras esa dependencia persista, el país seguirá expuesto a los vaivenes del mercado internacional y a las tensiones geopolíticas.
El shock de los setenta mostró cómo un alza abrupta del precio del petróleo puede desestabilizar un país entero cuando no existen amortiguadores institucionales. El shock actual demuestra que, aunque Chile ha aprendido a gestionar mejor las crisis externas, la vulnerabilidad energética persiste. La diferencia crucial es que hoy el país enfrenta el desafío con mayor estabilidad política y económica, pero la urgencia de acelerar la transición energética es más evidente que nunca.
En definitiva, el paralelo entre ambos episodios revela que la historia no se repite de manera idéntica, pero sí ofrece lecciones. Chile ha recorrido un largo camino desde la fragilidad institucional de los setenta hasta la capacidad de respuesta actual. Sin embargo, la dependencia del petróleo sigue siendo una amenaza latente.
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El conflicto como activo estratégico en la empresa. Por Macarena Letelier. https://t.co/WMbCmMY8E3
— Ex-Ante (@exantecl) March 26, 2026
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