Jesuita. Alberto Andrés Larraín Salas, 43 años, estudió en el San Ignacio de Alonso de Ovalle y fue novicio de los jesuitas. Según ha contado, una crisis lo llevó a la siquiatría. “Cuando tenía 21 años tuve una hospitalización siquiátrica que marcó de forma importante mi vida”, dijo en julio de 2023 a La Segunda.
Orrego. En 2012 publicó en coautoría el paper “Telepsiquiatría: una revisión sistemática cualitativa”, mientras se desempeñaba como director del consultorio de Salud Mental de Peñalolén, municipalidad encabezada entonces por Claudio Orrego. Este patrocinaría su ingreso a la DC.
Boric. En 2018 Larraín abandonó la DC, tras lo cual se acercó al Frente Amplio (FA). “Conocí al Presidente Boric cuando era diputado en el contexto de mi trabajo en salud mental en Magallanes”, dijo La Segunda. Cuando el entonces diputado Boric hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), “se armó una bancada transversal en el Congreso y me pidió realizar la coordinación técnica”, dijo en esa entrevista, donde descartó haber sido el siquiatra personal del mandatario.
Caso Convenios. En mayo de 2010 obtuvo personalidad jurídica la fundación ProCultura que cofundó con Ilonka Csillag. Sus giros ante Impuestos Internos fueron actividades culturales; venta al por menor de libros en comercios especializados; edición de libros y otros tipos de enseñanza. ProCultura quedó en entredicho con el Caso Convenios.
Fachadas. A esto se sumó la apertura de una indagación por el proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico de Antofagasta. El Gobierno Regional (Gore) encabezado por el gobernador Ricardo Díaz (ex RD) firmó un convenio con ProCultura por $629 millones. Cobró el el equivalente a más de $ 260.000 el m2, un precio astronómico, según los precios de mercado. ProCultura respondió que el proyecto incluía el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas y la realización de talleres.
Orrego y “Quédate”. En junio de 2022, el Consejo Regional (Core) Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar a Larraín director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Orrego. 21 días después el Core autorizó la entrega de $1.683.788.000 a esa fundación, para el programa de prevención de suicidios Quédate, en que ProCultura debería coordinar a otras organizaciones.
Respuesta. El Gore de Orrego respondió entonces por escrito que “no hubo ningún tráfico de influencias (…). La razón por la que la Fundación ProCultura terminó siendo la representante legal, no fue un tema ni de favoritismo ni de discrecionalidad, sino que fue pedido por las otras fundaciones, ya que era la única que podía contratar las boletas de garantías y/o pólizas de seguro”. Añadieron que “respecto a si existe delito de fraude, lo tendrán que determinar los tribunales. Lo que nosotros hemos hecho es una demanda civil y una querella criminal por apropiación indebida”.
Un año antes de querella. El caso ProCultura estalló en julio de 2023, cuando se hizo público que afectaba a varias regiones, entre ellas la RM. En noviembre se anuncia el cierre de la fundación. El 8 de mayo de 2024 el Gore de la RM presenta una querella por apropiación indebida de $1.015.283.548 contra la fundación ProCultura y su representante legal María Constanza Gómez, pero no contra Alberto Larraín.
Declaraciones como imputado. Larraín declaró en dos oportunidades ante el fiscal Patricio Cooper: los días 19 y 20 de diciembre de 2024, y posteriormente el 5, 6 y 7 de marzo de 2025, ambas veces en calidad de imputado. Durante sus declaraciones, se desentendió del control financiero de ProCultura afirmando que “nunca he tenido acceso ni a las claves ni a la cuenta de la fundación”, contradiciendo testimonios de su expareja Josefina Huneeus y de María Constanza Gómez, quienes señalaron que Larraín tenía pleno control de las decisiones financieras.
Inversión prohibida. En febrero de 2025, el fiscal Ricardo Soto reveló en una solicitud de alzamiento de secreto bancario que el mismo día que se le transfirió los $1.683 millones, ProCultura “invierte la totalidad del dinero en un fondo mutuo en Banco Santander”, violando la cláusula que exigía usar los recursos “exclusivamente para ejecución del programa”.
Pago irregular de sueldos. En marzo de 2025, la Fiscalía reveló que desde abril de 2023, $1.500.000 mensuales del sueldo de Larraín (que totalizaba $6 millones brutos) fueron pagados con cargo a los fondos del convenio “Quédate”. El mismo patrón se repitió con dos trabajadoras de ProCultura: María José Maturana Valenzuela y María Teresa Abusleme Lama.
Solicitud de desafuero. El 4 de septiembre de 2025, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero de Claudio Orrego por los delitos de cohecho y fraude al Fisco. La solicitud fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Recurso de inhabilidad. Ocho días después, la Corte de Antofagasta suspendió la tramitación del desafuero tras una solicitud de la defensa de Orrego (abogados Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego) para inhabilitar al tribunal. Esta maniobra judicial logró dilatar el proceso.
CDE no se querella contra Orrego. En octubre de 2025, el Consejo de Defensa del Estado, presidido por Raúl Letelier, decidió no querellarse contra Claudio Orrego, argumentando que “con los antecedentes disponibles, no se observan conductas constitutivas de delito”.
Contradicciones ante el Tricel. El 18 de diciembre de 2025, Alberto Larraín declaró durante dos horas ante la ministra del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Adelita Ravanales, en el marco de la reclamación opositora que busca la destitución de Orrego como gobernador. El acta sostiene que Larraín afirmó que “no tiene vínculos personales más allá del trabajo que han realizado juntos. No se visitan, no participan en eventos comunes”, contradiciendo tanto los mensajes de Orrego como sus propias declaraciones previas ante la Fiscalía. En uno de los mensajes lo trata de “querido hermano”.
Estado actual. Claudio Orrego no ha sido formalizado porque requiere desafuero previo. La Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver la solicitud de desafuero, pero no hay fecha fijada para la audiencia.
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