Chile enfrenta hoy una convergencia poco frecuente de factores económicos, políticos y estructurales. El precio del cobre se mantiene en niveles históricamente altos: la estimación de precio promedio subió a 4,30 a 4,55 dólares la libra, impulsado por la transición energética, la electromovilidad y la creciente demanda de redes eléctricas.
Cochilco proyecta un peak de producción minera hacia 2027, con una cartera de proyectos que hoy supera los US$ 104.549 millones, la más alta en al menos una década. Este nuevo ciclo encuentra al país con una infraestructura productiva, logística e hídrica que no avanza al mismo ritmo. Las Alianzas Público -Privadas (APP) aparecen, nuevamente, como una herramienta clave para anticipar inversión, distribuir riesgos y liberar recursos fiscales. Para que funcionen, se requiere una nueva generación de proyectos y un fortalecimiento institucional acorde a los desafíos actuales.
Desde la perspectiva de las oportunidades, el país cuenta hoy con condiciones especialmente favorables. Existe un nuevo impulso político a la inversión acompañado de avances regulatorios relevantes, como la Ley de Modificación de Autorizaciones Sectoriales y el Proyecto de Ley de Desalación. A ello se suma un consenso cada vez más transversal sobre la importancia de la sostenibilidad y la seguridad hídrica como pilares del desarrollo.
Puertos, carreteras, energía y agua se han transformado en cuellos de botella. En agricultura, la crisis hídrica ha golpeado con fuerza al centro y norte del país, pero también abre una oportunidad: impulsar una estrategia de infraestructura hídrica y tecnificación de riego que permita convertir estas zonas en el huerto de América, siguiendo un camino similar al que recorrió España en el Mediterráneo, hoy uno de los principales abastecedores agrícolas de Europa.
Sin embargo, los desafíos son significativos. El país necesita nuevos proyectos, destrabar permisos y resolver tempranamente los conflictos que hoy aquejan a inversores y usuarios. Frente a este escenario, las propuestas deben ser claras y concretas:
Primero, es clave volver a promover la iniciativa privada en concesiones, otorgando certezas en plazos y reglas estables. Segundo, reforzar la Dirección General de Concesiones y el Panel Técnico de la misma, alineando incentivos a la inversión e implementando su presencia regional. Tercero, avanzar en la concesión de proyectos multipropósito, particularmente en agua, combinando desalación, conducción compartida, reúso y riego, con esquemas de subsidios cruzados o subsidios explícitos que permitan viabilizar producciones agrícolas.
Finalmente, es fundamental implementar modelos tarifarios en la agricultura progresivos y beneficiosos para los usuarios, que fomenten cultivos de alto valor y exportaciones, y trabajar coordinadamente con gremios como ACADES en propuestas de inversión y avances en aprovechamiento hídrico, incluyendo el reúso de aguas servidas tratadas. Chile no necesita inventar las APP. Lo que requiere hoy es actualizarlas y alinearlas con la transición energética, la seguridad hídrica y el desarrollo regional. Si se actúa bien, las alianzas público-privadas pueden ser el puente entre crecimiento, sostenibilidad y cohesión territorial.
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