Aunque Jorge Schaulsohn, con quien compartimos una larga e intensa experiencia política y ahora espacio vecino en este medio digital, es muy escéptico de que ocurra, mi apuesta es que la izquierda reformista volverá por sus fueros para disputar de nuevo con opción la hegemonía del campo progresista, luego de varios años de capitulación frente a la emergencia de una nueva izquierda radical que se adhirió a la crítica comunista a los logros de los gobiernos conducidos por la alianza política del centro y la izquierda que contrarió la tendencia histórica de Chile a la alternancia ganando cuatro elecciones presidenciales consecutivas y gobernando veinte años seguidos, hoy recordados mayoritariamente como las décadas continuas de mayor progreso político, económico, social y cultural de nuestra historia.
Lo que ocurrió con la Concertación es que no asumió las transformaciones del país que ella misma había producido, una clase media muy extensa y mayoritaria, una demanda de crecimiento económico sostenido que permitiera a otros integrarse a ella, una sociedad que satisfecha con la cobertura de salud y educación comienza a clamar por calidad, una ciudadanía empoderada que se resistía a entregarse a mediadores y a ser representada por partidos y una valoración inédita de la individualidad, el emprendimiento, la diversidad y la libertad.
Las fuerzas políticas de la Concertación dejaron de ser fuerzas de cambio, su discurso y su oferta siguió hablándoles a los chilenos de la transición y perdieron sintonía con el nuevo país que ellas mismas habían contribuido a crear.
La derrota presidencial a manos de Sebastián Piñera en 2009, aunque parezca inverosímil porque fue la derecha la que ganó, fue leída por muchos como resultado de que el primer gobierno de Bachelet no había sido suficientemente de izquierda. El PPD, particularmente, pasó a definirse como otro partido de izquierda, dejando atrás su riqueza de partido de centroizquierda progresista, síntesis del liberalismo y el socialismo, buscando homogeneidad donde antes había diversidad, desapareciendo su diferencia con el Partido Socialista y por tanto su razón de ser.
El segundo gobierno de Bachelet partió con la eutanasia de la Concertación para dar lugar a la Nueva Mayoría con un rol protagónico del Partido Comunista y un discurso que ahora sí se harían los cambios estructurales que supuestamente no habían podido realizarse por los enclaves autoritarios, el bloqueo de la derecha y los renuncios de la Concertación.
Una reforma tributaria ideológica que estuvo lejos de recaudar lo esperado y de innegable impacto sobre el crecimiento, una reforma educacional impulsada desde el prejuicio y la adversidad a la participación privada que terminó acelerando el deterioro de la educación pública y un buenismo ciego a los efectos de la inmigración descontrolada, terminaron por situar a ese gobierno hoy entre los peor evaluados por la ciudadanía, muy lejos del buen juicio que se tiene del primer gobierno de Bachelet, así como de los periodos presidenciales de Aylwin, Frei y Lagos.
Este progresivo deterioro del orgullo de lo hecho en los veinte años de Concertación, la persistencia del complejo de no ser suficientemente revolucionarios, la ceguera a los cambios económicos, sociales y culturales vertiginosos como efecto de políticas públicas sostenidas durante las décadas de los Noventa y Dos mil, generaron las condiciones para la capitulación deshonrosa que protagonizó la izquierda concertacionista frente a la crítica radical a la transición proveniente del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Fue así como llegó a participar inicialmente del gobierno del presidente Boric, en calidad de segundo y tercer círculo de poder, una especie de furgón de cola, para después del naufragio del proceso constituyente convertirse en su impensada columna vertebral e inesperada fuerza de salvataje del proceso de mutación experimentada por el gobierno a partir de la flagrante derrota del Apruebo en septiembre de 2022.
Aunque Carolina Tohá en la campaña de Primarias por momentos mostró que la izquierda reformista madura y con visión de desarrollo y seguridad aún tenía pulso y estaba con vida, estaba condenada a perder en una elección en la que participó el núcleo duro de adherentes al gobierno y representando la dimensión peor evaluada de su gestión -la seguridad- en competencia con la de mayor aceptación, la laboral.
El desembarco del gobierno fue demasiado tarde y los partidos del socialismo democrático carecían entonces de la convicción suficiente para llevar adelante una candidatura propia a la primera vuelta, resistiendo la presión del presidente Boric por una candidatura única y su correlato parlamentario.
Aunque no hubo en el ejercicio de gobierno del presidente Boric lo que propiamente pueda caracterizarse como una coalición política que lo sustentara, el presidente consiguió enfrentar la elección con una sola candidatura presidencial y un pacto electoral amplio, que incluyó desde el PC a la DC, sólo fracasando en integrar a dos pequeños partidos oficialistas, El Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista, que por su decisión recibieron fuerte castigo gubernamental.
Si el ejercicio del poder no fue suficiente para cimentar una coalición política con programa común, mecanismos de decisión política y de resolución de conflictos, la travesía por el desierto no hará otra cosa que profundizar esa ausencia.
Quizás la unidad del progresismo era el legado más anhelado por el presidente Boric, que se ve dramáticamente pulverizado en las postrimerías de su gobierno cuando los dilatados plazos judiciales reviven la coyuntura de octubre 2019 y los reflejos de entonces en la izquierda radical, como si no hubieran transcurrido más de 6 años y cuatro de ejercicio gubernamental, como si mantuvieran intacta la lectura que hicieron de los acontecimientos, de su propio rol y el de Carabineros.
El PC, el FA y, aunque parezca inverosímil, el propio presidente de la República, reniegan de la ley a la que le pusieron su firma y la enarbolaron como uno de los mil avances gubernamentales, dirigiendo sus críticas a quienes fueron más sensibles a la demanda de seguridad y funándolos como si fueran ciegos al hecho de que la ley Naín-Retamal tiene apoyo muy mayoritario y niveles de rechazo por debajo del 20%. Pero claro, es el núcleo más duro del apoyo al gobierno, es la barra brava, es quizás el electorado comunista y frenteamplista, y el presidente Boric cede ante su presión, sacrificando su búsqueda de sintonía con las mayorías.
Por supuesto la actitud y sensibilidad frente a las preocupaciones por la seguridad, el control migratorio y el crecimiento económico distancian a la izquierda comunista y frenteamplista de la socialista democrática. Del PC se diferencian claramente también en la apreciación de las dictaduras y violaciones a los derechos humanos, la participación privada en la economía, la relación entre el mercado y el Estado, la justificación de la violencia como factor de cambio social, entre otras líneas divisorias.
El Frente Amplio está aún en proceso de maduración y no se sabe cuánto efecto habrá tenido sobre esta fuerza política la participación protagónica en la gestión gubernamental, aunque su campaña en las primarias mostró que para muchos de ellos estos 4 años de gobierno no representaron aprendizaje alguno.
A diferencia de Jorge Schaulsohn, creo que salvo en cuestiones muy precisas, particularmente aquellas alejadas de las prioridades conceptualizadas como gobierno de emergencia, no habrá una sola oposición de izquierda al gobierno de Kast.
El PC vivirá su rol opositor como siempre lo ha hecho, con radicalidad y dureza, sin concesiones, dando testimonio para su base electoral. Jugará el rol habitual de presionar desde la izquierda contra los acuerdos, como lo hizo incluso con el que abrió el proceso constituyente en noviembre 2019.
Pero en la era del voto obligatorio, ahora que participa en las elecciones todo el pueblo y no solamente su mitad ideologizada y politizada, quien quiera volver a gobernar no podrá validar la violencia como algunos lo hicieron, no podrá menospreciar la relevancia de la seguridad y el orden, no podrá subestimar la importancia del crecimiento económico ni podrá seguir planteando que la migración es un derecho que debe ser garantizado negándole al Estado la posibilidad de regularlo.
Estoy seguro que socialistas, pepedés, democratacristianos, liberales, radicales y regionalistas verdes (35 diputados y 17 senadores) querrán volver a ser alternativa de gobierno en 2029. Eso los obliga a ser más sensibles a las pulsiones y demandas mayoritarias que a las de la barra brava izquierdista, a estar abiertos al diálogo y a la negociación cuando se trate de iniciativas populares o que contribuyan a resolver problemas nacionales, a evidenciar su respeto a las instituciones de la República, condenar sin ambages la violencia política y actuar desde sus propias convicciones, tomando sus propias decisiones y proyectando sus propios liderazgos.
Eso implica, por supuesto, a reencontrarse con su pasado concertacionista, pero también a abrazar el futuro desarrollando un discurso y propuestas para el país y los problemas de hoy.
Pronto sabremos si el Frente Amplio se convirtió efectivamente en fuerza de gobierno o continúa dominado por la tentación permanente de dar testimonio a los suyos. Es muy probable que con frecuencia viva intensamente esta encrucijada.
El PC tiene 11 diputados y 3 senadores, el FA 2 senadores y 17 diputados. Incluso si actuaran en conjunto, en la Cámara serían menos que el socialismo democrático y la DC, y en el Senado menos de la tercera parte de lo que estos agrupan.
La situación parlamentaria del gobierno de Kast no será muy distinta, entonces, de la que vivió el gobierno de Boric. Todas las iniciativas legales aprobadas por el gobierno actual contaron con el concurso de una parte más o menos significativa de la oposición y muchas de ellas con el rechazo de una parte de los suyos. Es muy probable que ocurra lo mismo con el nuevo gobierno.
Si Boric contó con dos oposiciones (Republicanos y Chile Vamos) que se comportaban en ocasiones del mismo modo pero muchas veces de manera diferente, Kast contará con al menos cuatro (PC-FA, Socialismo Democrático-DC, PDG y eventualmente Nacional Libertarios), sin contar con la posibilidad cierta de que algunos diputados o partidos de cada sector tomen resoluciones distintas dependiendo de la popularidad de las iniciativas y de las ofertas específicas provenientes del gobierno.
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