Con vacantes que en algunos casos se arrastran hasta cinco años, y a solo una semana del término legislativo del gobierno, el Ejecutivo activó los nombramientos para tribunales clave en la judicialización de proyectos, impulsando candidatos sintonizados al mundo ambientalista.
Lo nuevo. En enero de 2025, la Corte Suprema envió al Ejecutivo tres oficios con cinco opciones cada uno para llenar vacantes en los tribunales ambientales.
- Sin embargo, recién un año después el gobierno decidió escoger una propuesta por tribunal para enviarla al Senado, que debe pronunciarse sobre su aprobación.
- Aunque algunos de estos cargos llevan vacantes cinco años, como es el caso del Tercer Tribunal de Valdivia.
- La demora y el perfil de los candidatos elegidos han encendido alertas entre abogados y expertos del sector, que advierten un posible desequilibrio político en órganos clave para la judicialización de proyectos de inversión.
- Los tres oficios, firmados por el Presidente Gabriel Boric, fueron enviados en fechas distintas: el primero el 1 de diciembre, y los otros dos el 6 de enero de este año.
- En el sector se observa con preocupación lo que describen como una suerte de “amarre”, considerando que los ministros de los tribunales ambientales duran seis años en sus cargos y que las propuestas serían afines al actual gobierno.
- Tradicionalmente, sostienen conocedores del sistema, estos tribunales han mantenido cierto equilibrio político, algo que —a su juicio— podría alterarse con los nombramientos en trámite.
Precedentes. El gobierno ha enfrentado fuertes polémicas por proyectos de ley y nominaciones calificadas de “amarre” para la próxima administración.
- En diciembre, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que nombraba a Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, designación que finalmente no prosperó tras las críticas de la oposición por haber sido designada con siete meses de embarazo, lo que implicaba que entre licencia maternal y el fuero de un año, podría estar 18 meses sin posibilidades de ser removida.
- La cláusula del reajuste al sector público que endurecía las condiciones para no renovar contratas, impulsada por el ministro Nicolás Grau, generó el mayor enfrentamiento entre la administración saliente y la entrante tras el triunfo de Kast y fue rechazada en el Congreso, por su impacto en cerca de 380 mil funcionarios públicos.
Por qué es importante. Los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales e independientes, encargados de resolver controversias medioambientales y otros asuntos que la ley someta a su conocimiento.
- Si bien no forman parte del Poder Judicial, están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.
- En la práctica, después del máximo tribunal, se han convertido en actores clave en la judicialización de los proyectos de inversión.
- Un ejemplo emblemático fue el del proyecto minero-portuario Dominga, donde el Primer Tribunal Ambiental tuvo un rol decisivo para destrabar la iniciativa.
- Sin embargo, en el sector advierten que también existen casos en que ocurre lo contrario: proyectos que se entraman aún más, al reabrirse la discusión a partir de reclamaciones ciudadanas u observaciones acogidas por los tribunales, lo que puede extender por años la tramitación y aumentar la incertidumbre jurídica.
- En ese contexto, en el sector advierten que este escenario podría tensionar desde el inicio la agenda del gobierno de José Antonio Kast, que ha planteado como prioridad atacar la permisología y la judicialización de proyectos, considerando el rol estratégico que cumplen los tribunales ambientales en el destino de las inversiones.
- Actualmente, el proceso quedó radicado en el Senado. Este martes se recomendaron tres nombres para que continúen su tramitación, los que deberán ser revisados por la sala. El tema es que resta una semana legislativa antes de que termine el actual gobierno.
Vacantes. El Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, tiene competencia sobre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Allí existen dos vacantes, mientras que la abogada Marcela Godoy se mantiene como ministra titular y presidenta vigente.
- En tanto, el Tercer Tribunal Ambiental, ubicado en Valdivia, presenta una vacante de ministro titular abogado. En ese tribunal ejercen actualmente Javier Millar como ministro titular y presidente, y Sibel Villalobos como ministra titular en Ciencias. Su jurisdicción abarca desde las regiones de Ñuble hasta Magallanes.
Propuesta para Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia). Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, Andrés Bordalí Salamanca es profesor de la Universidad Austral.
- Ha tenido una participación pública activa en debates constitucionales y ambientales.
- Fue firmante de un texto difundido por Ciper Chile en 2019 que impulsó el proceso constituyente, donde se sostiene que el acuerdo político permitió “liberarnos de la Constitución de 1980”, impuesta por la dictadura y con mecanismos que habrían impedido que el sistema político respondiera a las mayorías democráticas.
- Es además coautor de un libro liderado por Jaime Bassa que critica la actual Constitución, señalando que contiene “trampas” que neutralizan la participación política y que instala un orden neoliberal heredado de la dictadura, según destacó la Universidad de Valparaíso.
- También firmó una carta exigiendo al gobierno del Presidente Sebastián Piñera la firma del Acuerdo de Escazú, junto a abogados ambientalistas que hoy ocupan cargos en el Ejecutivo, como Valentina Durán, Marie Claude Plumer, Luis Cordero y Verónica Delgado.
Propuesta de ministro titular abogado, Segundo Tribunal Ambiental (Santiago). Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la PUCV, Ricardo Pérez Guzmán se desempeña actualmente como relator del Segundo Tribunal Ambiental.
- Su doctorado fue dirigido por Jorge Bermúdez, ex contralor general, y Dominique Hervé, ex fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente durante Bachelet II, según informó la PUCV.
- Es pareja de la abogada Natalia Alfieri, actual jefa de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, quien participó en instancias de ONG Fima y fue coautora del “Decálogo para la Constitución Verde”, que propone, entre otros puntos, un Estado plurinacional y el reconocimiento de derechos a la naturaleza.
- Ambos han publicado artículos donde cuestionan el diseño del sistema sancionatorio ambiental.
- En una “Eco-Reflexión” difundida por el Programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción, critican la voluntariedad del Plan de Reparación por Daño Ambiental y sostienen que, una vez determinado el daño por la SMA, no debiera discutirse nuevamente en sede judicial.
Propuesta de ministra titular científica, Segundo Tribunal Ambiental (Santiago). Bióloga de la Universidad de Chile, Alejandra Figueroa Fernández fue jefa de la División de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente durante el gobierno de Michelle Bachelet. Es socia fundadora y presidenta de la Corporación Capital Biodiversidad.
- Es autora del artículo “La vegetación como sujeto de derechos”, publicado en SciELO, donde plantea la necesidad de una nueva Constitución que otorgue derechos a la naturaleza para restablecer equilibrios sociales.
- Fue también coautora del Decálogo para la Constitución Verde.
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