La tragedia que ha golpeado a las regiones del Biobío y Ñuble desde el 18 de enero nos obliga, antes que todo, a manifestar una profunda solidaridad con los habitantes de estas zonas, quienes hoy enfrentan los efectos devastadores de los incendios forestales. A través de los medios de comunicación, el país ha sido testigo del despliegue y la movilización de diversas autoridades, cuyo objetivo primordial ha sido detener el avance del fuego, proteger bienes y animales, y, por sobre todo, salvaguardar las vidas humanas.
Es justo reconocer que la reacción oportuna, sumada a la colaboración estrecha y la alta competencia técnica de los organismos de emergencia, constituye hoy nuestra mayor garantía para que los costos humanos y materiales de este siniestro sean los menores posibles. Sin embargo, más allá de la respuesta inmediata ante la crisis, una catástrofe de esta magnitud debe impulsarnos a una reflexión sobre el aporte de las distintas disciplinas técnicas a la prevención de estos eventos.
En este escenario, la infraestructura no es un actor secundario: juega un rol determinante en la mitigación del riesgo. En el ámbito urbano, la prevención comienza con la planificación: el emplazamiento de las viviendas debe diseñarse bajo criterios de aislamiento circunstancial que permita enfrentar eventos de fuego, garantizando además acceso a fuentes de agua para evitar que las llamas se propaguen sin control entre las estructuras.
Asimismo, el diseño de nuestras rutas y caminos —vitales para la conectividad del territorio— debe ser repensado. Estas fajas de transporte tienen el potencial de funcionar como cortafuegos estratégicos, siempre que se consideren estas variables desde su concepción técnica. Es imperativo que las zonas de alto riesgo cuenten con espacios habilitados para la operación aérea, permitiendo el despegue y la recarga de aviones y helicópteros de combate. Contar con reservas hídricas suficientes en entornos vulnerables es, más que una recomendación, un requisito de supervivencia.
Incluso cuando el fuego ya se ha desatado, la infraestructura debería estar concebida para limitar su expansión. Esto implica que los materiales utilizados en la construcción de caminos y servicios públicos deben ser seleccionados para precaver situaciones críticas o, al menos, para ser neutrales ante el avance de las llamas.
Una vez controlado el siniestro, el desafío se traslada a la recuperación. La rapidez con la que la infraestructura vuelve a estar operativa es clave para que las comunidades afectadas vuelvan a la normalidad, un anhelo fundamental tras el trauma de una emergencia. Chile ha demostrado ser un país expuesto no solo a terremotos, sequías o inundaciones -que ponen a prueba nuestra gestión hídrica-, sino también a incendios de gran envergadura con un poder destructivo inmenso sobre las personas y la matriz productiva.
Esta realidad nos confronta con la necesidad de elevar las exigencias en el diseño, emplazamiento y resiliencia de nuestra infraestructura pública. Para lograr este cambio, es fundamental revisar y actualizar los criterios que hoy deciden la viabilidad de los proyectos de inversión del Estado. A pesar de ser una demanda recurrente en el debate técnico de los últimos años, la reacción de quienes toman las decisiones ha sido, lamentablemente, escasa. No podemos permitir que la inacción política siga postergando las mejoras necesarias para proteger nuestro territorio.
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La oportunidad que abre la tragedia. Por Pepe Auth (@pepe_auth). https://t.co/dGikfUH7SI
— Ex-Ante (@exantecl) January 19, 2026
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