En apenas un año desde su regreso al poder, Donald Trump ha causado un inmenso daño a la autoridad de EE.UU., muchísimo mayor que el que pudieran haberle infligido sus enemigos declarados. La ostentación de la fuerza no ha hecho más fuerte a ese país. Si la credibilidad y la confianza siguen valiendo como base de las relaciones internacionales y requisito necesario de los pactos y tratados, EE.UU. no es hoy una nación más respetable, sino exactamente al revés.
Parece increíble, pero el país que gravitó decisivamente en la creación del orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, actúa hoy para desintegrar ese orden e imponer la lógica del poder imperial. Tal perspectiva se ha expresado en la guerra comercial impulsada en 2025, el empeño por llevar a la crisis al sistema de Naciones Unidas, la hostilidad hacia los antiguos aliados de Europa y, ciertamente, las acciones militares contra varios países y las amenazas contra otros.
En ese contexto, el gobierno de Trump ha arrebatado a Venezuela su condición de nación independiente. Allí, sigue ejerciendo el poder la misma camarilla corrupta que estuvo liderada por Chávez y Maduro, salvo que ahora está sometida a los dictados norteamericanos. Nadie sabe cómo evolucionará esa oscura alianza, pero Trump ya dijo que EE.UU. se quedará por largo tiempo en Venezuela y tomará el control de la industria del petróleo.
Cuando The New York Times le preguntó a Trump si reconocía algún límite a su poder global, su respuesta fue esta: “Sí, solo una cosa. Mi propia moral. Mi propia mente. Es lo único que me puede detener. No necesito el derecho internacional”. Allí está dicho lo esencial. Es una señal que seguramente aprecian los otros imperios con los cuales Trump debe imaginarse un reparto del mundo: China y Rusia.
La línea del gobierno de EE.UU. no obedece, por cierto, a las obsesiones de una sola persona. Lo que dicen y hacen el jefe del Pentágono, la fiscal nacional o el asesor de seguridad nacional permite deducir que el movimiento MAGA y el Partido Republicano han alentado y validado la degradación institucional de EE.UU. Con todo, es Trump quien define este tiempo, y ello obliga a tener en cuenta también la ficha clínica elaborada por algunos expertos en salud mental.
¿En qué manos está, entonces, el liderazgo de la nación más poderosa del planeta? En las de “un matón desquiciado”, dijo en una reciente entrevista el destacado economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia.
Sachs fue invitado a intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la reunión de emergencia del lunes 5 de enero que fue convocada para debatir la situación de Venezuela. Allí, recordó que el año pasado EE.UU. llevó a cabo bombardeos en siete países, ninguno de los cuales fue autorizado por el Consejo de Seguridad ni se realizó en legítima defensa conforme a la Carta. Los países atacados fueron Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y, ahora, Venezuela.
Recordó también que, en diciembre pasado, Trump lanzó amenazas directas contra al menos seis Estados miembros de la ONU: Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, por supuesto, Venezuela. Y señaló: “Los miembros del Consejo no están llamados a juzgar a Nicolás Maduro. No están llamados a evaluar si el reciente ataque estadounidense y la actual cuarentena naval de Venezuela dan lugar a la libertad o la subyugación. Los miembros del Consejo están llamados a defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de Naciones Unidas”.
A la luz de la experiencia histórica, en particular las consecuencias de las dos guerras mundiales del siglo XX, la conclusión de Sachs es categórica: “la anarquía internacional conduce a la tragedia”. Sostener, por lo tanto, que en nombre de una supuesta buena causa no hay que fijarse demasiado en las formas, implica aceptar la lógica de que si el fin perseguido es noble (la libertad, la paz, etc.), los medios se justificarán por sí solos. Las matanzas de Irak, Afganistán y Libia lo desmienten. También el genocidio de Gaza. La historia muestra, una y otra vez, que la tentación de “hacer el bien” ha provocado inmensos desastres.
¿Significa que hay que cruzarse de brazos frente a los crímenes que, por desgracia, han acompañado la historia de la humanidad? De ninguna manera. Pero, de esa necesidad solo se deduce que tenemos que sostener el patrimonio de civilización, lo cual exige establecer reglas internacionales, y sanciones también, para que tales reglas tengan eficacia. Es la opción del derecho y, por lo tanto, de la política. Y no se trata de ingenuidad, sino de realismo: hay que bregar para que no se extienda la barbarie. La vía del derecho es, sin duda, un terreno pedregoso, pero, ¿cuál sería la alternativa? No hay misterio: consagrar el poder absoluto de quienes tienen la fuerza para actuar del modo que quieran para proteger sus intereses. La ley del más fuerte.
Es legítimo preguntarse si la defensa de la soberanía nacional justificaría la mantención de la dictadura chavista o de cualquier otra. Si aceptamos que la soberanía puede sacrificarse para lograr un bien mayor, estamos obligados a preguntarnos quiénes quedarían facultados para cumplir la misión benefactora. ¿Un ejército transnacional con poderes omnímodos, suponiendo que eso fuera posible? ¿O, sin más trámite, aceptar que sea el ejército de EE.UU. el encargado de “hacer el bien”? ¿O, el establecimiento de zonas que serían atendidas por el ejército ruso, el chino o el norteamericano?
Pongámonos en una situación que puede estar en el horizonte de Trump. Muchos deseamos fervorosamente el fin de la dictadura cubana, que ha durado 67 años, pero, ¿aceptaríamos que Cuba fuera invadida por las tropas norteamericanas para terminar con ese régimen e instalar otro? Yo digo que no. Condeno con todas mis fuerzas a la dictadura fundada por Castro, pero me opongo a la invasión de Cuba. Tendrá que ser la nación cubana, con la solidaridad de mucha gente en el mundo, la que recupere su derecho a autogobernarse.
Esperemos que el gobierno de Kast no vacile en la defensa del derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos. Es posible que en ese preciso punto se juegue la dignidad de Chile en los tiempos que vienen.
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