El desarrollo de la infraestructura involucra oportunidades: agua segura, menores tiempos de viaje y resiliencia frente a terremotos e incendios, además de generación de empleo. Por eso, el próximo gobierno que asumirá en marzo debe liderar un pacto a nivel nacional que traduzca inversión en obras en crecimiento, productividad y bienestar.
El primer punto a abordar es la gobernanza y el rumbo. Chile necesita una institucionalidad que mire a 2030-2055, priorice y empuje proyectos clave con una ventanilla única y plazos ciertos. Una Agencia de Infraestructura Estratégica, más la figura de “Prioridad Nacional/Presidencial”, permitirían coordinar carteras interministeriales y acelerar permisos sin renunciar a estándares técnicos y ambientales.
Segundo, foco en proyectos habilitantes que muevan la aguja: logística (puertos y ferrocarriles), agua (embalses, desalación multipropósito, APR) y conectividad digital/energética. Una lista acotada, pública y trazable es una condición para recuperar la confianza.
Como tercer desafío, se debe implementar una regla simple: sostener la inversión pública en infraestructura en torno al 3,2% del PIB por al menos una década, apalancada por los instrumentos de Asociación Público-Privada (Concesiones, Ley FUC y Desarrollo País). Es una señal “contracíclica” que acelera empleo y la productividad regional.
El cuarto reto corresponde a cerrar la brecha de agua con institucionalidad y ejecución. Se requiere una autoridad única para la política hídrica, un plan nacional de infraestructura del agua y un sistema unificado de información; además, destrabar normas para embalses y acelerar obras para contar con Agua Potable Rural, donde siguen llegando camiones aljibe. Es seguridad social básica y habilita la producción.
El quinto punto corresponde a los contratos. Se deben modernizar los marcos contractuales, incorporar resolución temprana de controversias y asegurar el pago oportuno para evitar paralizaciones y sobrecostos. Obras bien contratadas son más baratas, rápidas y seguras.
El sexto foco corresponde a la reconstrucción y resiliencia permanente. Un país sísmico y con eventos extremos requiere una unidad de reconstrucción al alero de la Presidencia que active protocolos y atribuciones claras; la infraestructura debe anticipar riesgos, no solo responder.
Finalmente, un Estado que habilite: menos discrecionalidad y más previsibilidad en permisos; evaluación ex-ante y ex-post, y trazabilidad pública de resultados. La certeza regulatoria es el puente entre inversión y bienestar.
La buena noticia para Chile es que existe gran convergencia en la necesidad de avanzar en estas propuestas. La alianza público -privada puede ser la bisagra que convierta ese consenso en crecimiento y calidad de vida en las regiones.
Para más noticias de After Office en Ex-Ante, clic aquí.
Pensiones: Calma y tiza. Por Felipe Jaque. https://t.co/Ds6tSSQHUE
— Ex-Ante (@exantecl) January 6, 2026
Publicaciones relacionadas
Esta dupla descubrió que en la política chilena no se necesita asaltar bancos. Solo pararse siempre al lado correcto del lente, con la frase lista, el gesto ensayado y el ángulo que más favorece. Su fórmula para legislar también es simple. Se les ocurre eliminar la UF. Si la frase suena bien, y cabe en […]
La premisa implícita de la declaración del Frente Amplio es que las pequeñas y medianas empresas conforman un sujeto político con intereses naturalmente opuestos a los de las grandes compañías. Se trata de una idea atractiva desde el punto de vista discursivo, pero difícil de sostener cuando se observa cómo funciona una economía moderna.
Entre ellas, el documental que narra cómo Noruega llegó al Mundial 2026, tras ser “el equipo del casi”. El legendario gesto vikingo con que la Selección de ese país se presentó al Mundial se instaló por sobre las disputas futboleras con su contagiosa fuerza y tesón en los sitios más recónditos. Ello, solo unos meses […]
El Gobierno modificó algunos de los pilares del proyecto de Reconstrucción Nacional, como eliminar el crédito tributario general al empleo, profundizar hasta 22% la rebaja del impuesto corporativo y crear incentivos para la exportación de servicios digitales y el financiamiento de enfermedades catastróficas.
Las señales están sobre la mesa. Falta que el Estado actúe en el orden correcto: primero legalidad, luego regulación; después recaudación. Porque cuando se invierte ese orden, no se moderniza el mercado, se abre una puerta peligrosa. Y esa puerta, una vez abierta, puede ser muy difícil de cerrar.
