La sesión de la comisión regional de uso del borde costero en Aysén no fue una más. Muchos de quienes estuvimos ahí sentimos que se estaba discutiendo algo más profundo que un trámite administrativo: se jugaba la coherencia del sistema, la convivencia en el territorio y, por supuesto, el futuro de actividades que conviven hace décadas en la región. Esto se jugaba en Aysén, pero el precedente tenía un impacto para todo Chile.
Tras un proceso marcado por cuestionamientos procedimentales y por la magnitud inédita de las solicitudes involucradas, primó nuevamente la responsabilidad con la Región de Aysén y con Chile, rechazando una petición a todas luces desproporcionada, que pudo afectar varias actividades, no sólo la industria acuícola.
Una petición que buscaba entregar más de 620 mil hectáreas a cerca de 50 personas, y que se alejaba totalmente del espíritu original de la Ley Lafkenche. La figura de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) fue concebida para resguardar usos consuetudinarios debidamente acreditados, no para establecer extensiones territoriales desproporcionadas ni carentes de la fundamentación que debe validar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Aprobar solicitudes de esta escala, sin la rigurosidad técnica que corresponde, habría generado un precedente legal y político muy negativo de impacto nacional.
No es el primer problema que deja la Ley Lafkenche, la cual sin duda es uno de los temas de fondo de esta discusión. Los problemas que ha traído para la inversión y certeza que los proyectos requieren sin lugar a dudas debería llevar al próximo Gobierno y Parlamento a mirar lo que ha sido su aplicación.
Detrás de decisiones como la enfrentada en Aysén, hay miles de familias, trabajadores, emprendedores y comunidades que necesitan certezas territoriales y jurídicas para proyectar su futuro. El solo hecho de haber pensado en una aprobación de las ECMPO en los términos propuestos habría significado un golpe severo, con efectos económicos y sociales que el país no puede desestimar, ni debe volver a arriesgar.
Estar en Aysén esta semana no fue una elección, sino una obligación. La región requiere institucionalidad robusta, evaluaciones transparentes y metodologías verificables que permitan distinguir entre el legítimo resguardo de prácticas ancestrales y solicitudes que, por su escala o falta de sustento, generan riesgos reales de arbitrariedad y altas niveles de tensión y conflictividad social entre las mismas comunidades involucradas.
Ha vuelto a imponerse el sentido común. Con esta decisión no solo ganó la Región de Aysén, ganó Chile entero. Se reafirma que las políticas públicas deben construirse con evidencia, con proporcionalidad y con la convicción de que el desarrollo y la protección cultural no son caminos excluyentes, sino ámbitos que deben dialogar con seriedad.E
Estamos convencidos de que este es el camino. Solo con decisiones responsables, reglas claras y procesos técnicos sólidos Chile podrá recuperar su capacidad de crecer, generar empleo y proyectar un desarrollo equilibrado para todos los territorios.
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