-¿Cómo evalúa el accionar del gobierno respecto a la toma de San Antonio y la orden de desalojo de la Corte Suprema?
-La toma de San Antonio es un claro ejemplo de una usurpación de terrenos que debería haberse tratado desde el principio con una aplicación firme de la ley. Aquí estamos ante un caso en el que, desde el principio, se vulneró el derecho de propiedad de los dueños de los terrenos. Al llegar a este punto, con una orden de desalojo de la Corte Suprema, me parece que la situación ya ha escalado más de lo necesario. A pesar de tener un fallo claro de la Corte, el gobierno ha dilatado la solución, generando más incertidumbre jurídica.
-¿Qué le parece la expropiación de las 100 hectáreas anunciadas por el gobierno?
-La expropiación no es una solución válida. La medida no solo es una respuesta tardía y equivocada, sino que también pone en riesgo el orden legal que ha existido en Chile para resolver los problemas habitacionales. El proceso de construcción de viviendas debe seguir los procedimientos establecidos por la ley, con una clara normativa que respete tanto los derechos de los propietarios como las necesidades habitacionales de los ciudadanos. Validar la ocupación ilegal de terrenos solo abriría la puerta a más tomas.
-¿Cuál es la solución adecuada para las familias en esta toma, considerando que hay más de 10.000 personas afectadas?
-La solución debe ser clara: aplicar la ley. Las tomas de terrenos no pueden ser una válvula de escape para los problemas habitacionales del país. Lo que se necesita es un enfoque integral que considere la situación de las familias afectadas, pero siempre dentro del marco legal. Esto implica el uso de mecanismos establecidos para resolver situaciones de emergencia habitacional, como se hizo en el pasado, por ejemplo, con los campamentos de Quilpué y Lo Barnechea. Pero nunca a costa de violar el derecho de propiedad, ni de saltarse las filas de aquellas personas que han estado esperando durante años para acceder a una vivienda.
-¿Cómo afecta esto a los ciudadanos que esperan una vivienda social?
-Es una enorme injusticia para los ciudadanos que han seguido todo el proceso que se les exige para acceder a una vivienda social. Estamos hablando de miles de personas que han cumplido con todos los requisitos, que han presentado su postulación y que han esperado pacientemente su turno, en muchos casos durante años. La situación de las tomas de terrenos no solo vulnera los derechos de los propietarios, sino que también socava la confianza de las personas que están esperando en la fila para acceder a una vivienda. Si se empieza a dar prioridad a quienes ocupan terrenos de manera ilegal, los que cumplen con las reglas se verán aún más perjudicados.
-¿Cuántas tomas existen actualmente en Chile?
-Según la última actualización de TECHO, en Chile existen actualmente 1.428 campamentos, donde residen 120.584 familias. Esta cifra refleja un aumento del 10,6% respecto al informe anterior, lo que muestra un agravamiento del problema. A esto se suma el déficit habitacional, que según nuestro catastro, ronda el millón de viviendas, incluyendo tanto a personas sin hogar como a aquellas que viven en condiciones precarias. Las tomas de terrenos no solo agravan este déficit, sino que desvían los recursos necesarios para construir nuevas viviendas. Este tipo de situaciones genera una distorsión en los recursos disponibles, que podrían estar destinados a solucionar el déficit de vivienda de manera estructural.
-Existe un gran déficit habitacional, lo que ha incrementado las tomas…
-El déficit habitacional es uno de los mayores problemas que enfrenta Chile. Sin embargo, las tomas de terrenos no son la forma de solucionarlo. Las empresas constructoras estamos dispuestas a contribuir a resolver este déficit, pero necesitamos un marco legal claro que nos permita trabajar con seguridad. Si el gobierno sigue validando este tipo de prácticas ilegales, el sector de la construcción se verá afectado, ya que perderemos la confianza en el sistema. Sin reglas claras y respetadas, el desarrollo de viviendas se ve seriamente comprometido.
-¿Cómo evalúan el manejo de la situación por parte del gobierno?
-Es evidente que hubo una mala gestión del gobierno en todo este proceso. Si se hubiera tomado una decisión clara y aplicada la ley desde el principio, probablemente no habríamos llegado a este punto. En lugar de buscar una solución a través de la expropiación, el gobierno debería haber abordado el problema con una mayor capacidad de gestión y con una visión más clara de las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. La falta de acción temprana y la dilación en la aplicación de la ley son las principales responsables de que esta situación haya llegado tan lejos.
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