Los detalles del decreto del gobierno para expropiar los terrenos de la toma de San Antonio
Ex-Ante
El ministro Carlos Montes el 27 de noviembre en Quilpué. (Pablo Ovalle / Agencia Uno)
El texto argumentó que no había alternativas de reubicación para las cerca de 4.100 familias que la habitan y que tienen raigambre en el sector y que habían presentado un plan de ahorro. “Hay que tener varias filas”, dijo el ministro Montes frente a la crítica de que la expropiación fomentaba “saltarse la fila”.
Lo nuevo. El decreto exento número 88 de la cartera de Vivienda detalló las justificaciones que el ministro Carlos Montes (PS) entregó para expropiar casi 111 de las 215 hectáreas del campamento Cerro Centinela de San Antonio, a días de que expirara el plazo dado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para desalojar con fuerza policial la toma más grande de Chile.
El texto, publicado este miércoles en el Diario Oficial, argumentó que el desalojo representaba un problema humanitario; que no había alternativas de reubicación para las cerca de 4.100 familias que la habitan —incluidos tres mil niños, de un total de 10.251 habitantes—, que éstas tenían raigambre en el sector y que habían presentado un plan de ahorro.
Montes abordó este jueves la crítica de que esta fórmula premiaba incumplir las reglas y usurpar terrenos diciendo que el proceso tendrá costos económicos para sus habitantes.
“Una de las condiciones es que ellos tenían que pagar el equivalente al valor del terreno”, dijo a T13 Radio. “Eso era lo que hacía que no se saltaran la fila (…). Hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, porque las realidades son distintas”.
De concretarse, el gobierno desembolsará cerca de $11 mil millones por la expropiación.
Esta fórmula fue rechazada por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. que, en una declaración, sostuvo que “el gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin diálogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación, de especular”.
Por qué importa. El anuncio de esta semana mostró la tardanza del gobierno para alcanzar una solución para un campamento que, si bien partió en 2019 —durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera—, ha persistido durante toda la administración del Presidente Gabriel Boric.
También generó dudas en el sector inmobiliario sobre si se trató de una maniobra dilatoria frente a la orden de desalojo.
La determinación abrió además el debate sobre si debía primar las dificultades para reubicar a sus 10.251 habitantes o bien hacer cumplir un mandato judicial. Éste alcanzó a los candidatos presidenciales.
Mientras la postulante oficialista Jeannette Jara (PC) dijo “desalojar 10 mil familias y dejarlas a la buena de Dios es una tremenda irresponsabilidad”, el candidato opositor José Antonio Kast (Republicanos) dijo que “si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso”.
Los detalles del decreto. El problema humanitario y la raigambre en el sector están entre los argumentos esgrimidos en el documento.
Plazo inminente. “Con fecha 4 de noviembre del año en curso, la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso ha ordenado (…) que dentro del plazo de treinta días corridos den estricto cumplimiento al fallo (para desalojar) (…), debiendo acreditar fehacientemente la implementación del recinto transitorio que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble con posterioridad al lanzamiento”.
Sin alternativas. “No existen alternativas: Serviu no tiene otro terreno disponible con la superficie requerida en la comuna de San Antonio, ni tampoco existen otras soluciones posibles en el corto plazo para cumplir la sentencia que otorgó la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso”.
“Falta de acuerdo con el propietario”. “El propietario se ha mantenido en un valor de venta de los terrenos superior al respaldado por las tasaciones encargadas por Minvu existiendo una diferencia de aproximadamente 6 mil millones de pesos, sin perjuicio de la existencia dentro del procedimiento de expropiación de la opción de llegar a un acuerdo en el monto de la indemnización dentro del procedimiento expropiatorio”.
“Costos y coordinación”. “Trasladar a la totalidad de las personas que habitan el campamento a otro lugar generaría altos costos adicionales, tanto sociales como económicos e involucra a distintas instituciones públicas y la coordinación de políticas sectoriales y financiamientos públicos de diversa naturaleza y regímenes jurídicos”.
“Raigambre social”. “Las familias tienen una raigambre en el sector, lo que apoya la decisión de reubicarlas en él”.
“Compromiso de las familias”. “El pasado 28 de octubre, representantes de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela presentaron ante el ministerio una propuesta en la que exponen su situación, solicitan un proyecto habitacional y manifiestan su voluntad de participar activamente asumiendo corresponsabilidad en la gestión y financiamiento de esta solución”.
Meta de ahorro. “Para ello, han implementado un plan de ahorro, con la meta de reunir $1.500.000 por familia al mes de diciembre, monto que irá acrecentándose y será parte del financiamiento compartido de un futuro proyecto habitacional, complementando los subsidios del Minvu para la urbanización y radicación de las familias. Dicho aporte adicional será en un monto equivalente al valor de los terrenos”.
“Problema humanitario”. “Un desalojo de esta magnitud constituye un problema humanitario, considerando que más de 3.000 niños habitan el lugar, y genera elevados costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado”.
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