Un hito marcó el mercado laboral chileno este año: por primera vez, la fuerza laboral con educación superior completa superó a aquella con enseñanza media completa. En 15 años, la proporción de trabajadores con educación superior prácticamente se duplicó, desde un 22% en 2010 a un 42% en 2025. Si bien este proceso ha tenido retornos positivos en promedio, también ha abierto un problema estructural: una parte relevante de este mayor capital humano no logra insertarse en empleos acordes a su formación.
¿Qué ha pasado con la empleabilidad y los salarios de quienes acceden a la educación superior? En promedio, las personas con educación superior mantienen mayores tasas de empleo y mejores salarios que quienes no la tienen. Pero el promedio esconde un fenómeno problemático: el subempleo por calificaciones, o sobreeducación. De acuerdo con los datos del INE, actualmente, un 36% de los trabajadores con educación superior se desempeña en ocupaciones para las que está sobrecalificado. La cifra alcanza un 44% entre quienes tienen educación técnica superior completa y al 33% entre quienes cuentan con educación universitaria completa.
El subempleo no es inocuo. Para los trabajadores, implica años de estudio —y recursos públicos y privados significativos— que no se traducen en mejores trayectorias laborales. La evidencia lo asocia a menores salarios, mayor inestabilidad y peores expectativas futuras. Para las empresas y para el crecimiento económico, el problema es igualmente grave: el capital humano se asigna de forma ineficiente, limitando la productividad agregada y los retornos sociales de la inversión en educación.
¿Se trata de una falta de demanda por trabajadores calificados? Los datos sugieren que más que escasez de empleo, el problema parece ser un desajuste persistente entre la formación que entrega el sistema educativo y las necesidades de las empresas. Según la Encuesta Nacional de Demanda Laboral 2023, un 72% de las empresas reportó haber tenido vacantes que no pudo llenar, y más de la mitad correspondía a cargos que requerían educación superior. Conviven así empresas que no encuentran los perfiles que necesitan y trabajadores que no logran acceder a empleos acordes a su formación.
¿Qué hacer frente a este diagnóstico? Corregir este desajuste requiere un conjunto de acciones complementarias. Por una parte, resulta clave fortalecer la capacidad de crecimiento de la economía, ya que sin una mayor creación de empleos —en particular de alta calificación— el problema difícilmente se resolverá. Al mismo tiempo, se hace necesario avanzar en mecanismos de coordinación entre las instituciones de educación superior y el mundo productivo, para lograr un mejor alineamiento entre los contenidos formativos, las competencias enseñadas y la demanda laboral.
También es fundamental mejorar de manera sustantiva la información y la orientación vocacional. Las decisiones de estudio deben tomarse con información comprensible y oportuna sobre riesgos y retornos. No es un asunto menor: según la Fiscalía Nacional Económica, en 2023 el 40% de los estudiantes de primer año ingresó a carreras con rentabilidad negativa. En paralelo, Chile destina cerca del 2,4% del PIB a la educación superior, por encima del promedio de la OCDE, lo que da cuenta de un esfuerzo fiscal y privado considerable que, en muchos casos, termina financiando trayectorias laborales subóptimas.
Por último, la educación superior no puede seguir entendiéndose como una decisión única e irreversible. En un mercado laboral dinámico, el desafío ya no es solo gestionar la sobreoferta o escasez de egresados, sino formar habilidades transferibles y facilitar la reconversión laboral a lo largo de la vida, permitiendo que las personas se adapten a cambios productivos y tecnológicos cada vez más acelerados.
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Panorama empresarial chileno en el 2026. Por Luis Hernán Paúl. https://t.co/GKM0O7L8sd
— Ex-Ante (@exantecl) November 27, 2025
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