En medio del debate fiscal, la atención suele centrarse en el tamaño del déficit y cómo cambia su proyección a lo largo del año. Pero detrás de esa cifra visible existe un componente menos conocido que explica buena parte del aumento de la deuda. En 2025, el déficit efectivo se proyecta en 2% del PIB, pero la deuda bruta aumentaría en 3,4%. La diferencia no es un error de cálculo, sino que se explica, en gran medida, por un componente cada vez más relevante – y, a la vez, poco discutido–: los “otros requerimientos de capital”.
Se trata de transacciones registradas “bajo la línea”, es decir, movimientos que no forman parte del gasto corriente ni de la inversión tradicional, pero que sí implican salidas efectivas de recursos públicos. Estas operaciones modifican la posición financiera del Estado, mediante la variación de sus activos o pasivos, e incluyen, entre otras, la capitalización de empresas públicas, la compra de activos financieros y el otorgamiento de préstamos. En la última década, este ítem ha representado en promedio 1,2% del PIB anual, y para 2025 se proyecta que alcance un 0,9% del PIB.
Así como no se puede perder de vista el déficit, tampoco podemos ignorar lo que ocurre “bajo la línea”. Hacerlo sería un error, especialmente ahora que la deuda pública ya roza el 43% del PIB, su nivel más alto desde 1990, a solo dos puntos del límite considerado como prudente. Diversas simulaciones muestran que, en la mitad de los escenarios, el país terminaría superando ese umbral en menos de dos años (CFA 2025). En otras palabras, estamos en un punto frágil, donde una leve desviación —una caída de los ingresos o un gasto mayor al previsto— bastaría para empujar la deuda más allá del límite.
Pero, ¿dónde están los principales desafíos de estas transacciones “bajo la línea”? Una parte importante de los “otros requerimientos de capital” ha estado en el centro del debate público reciente. Un caso emblemático es el Crédito con Aval del Estado (CAE), cuya cartera ha sido adquirida progresivamente por el fisco y cuyos montos se registran –correctamente– como activos financieros.
El problema es que se asume una recuperación total que difícilmente se cumplirá, considerando que más de la mitad de los créditos en poder del Estado ya tiene la garantía ejecutada y que no se han implementado mecanismos efectivos de cobranza. Esto representa una pérdida fiscal potencial considerable que, hasta ahora, no ha sido reconocida en las cuentas públicas.
El nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) propuesto por el Gobierno busca reemplazar este sistema, pero no aborda el problema de fondo. En la práctica, lo que se requiere es un sistema que asegure una recuperación efectiva de los recursos públicos. Sin embargo, el diseño propuesto presenta deficiencias importantes. Tal como advirtió la Contraloría, los desembolsos del FES deben registrarse como gasto, no como inversión, lo que desmonta una de las principales justificaciones del proyecto: su supuesto menor costo fiscal en comparación al CAE.
Otro caso relevante son los préstamos otorgados por el Estado, donde aquellos otorgados por el Ministerio de Vivienda al sector habitacional representan más de tres cuartas partes del total. Este mecanismo –poco estudiado y opaco– busca otorgar financiamiento temporal a proyectos para que las constructoras puedan avanzar mientras se tramitan los subsidios. Sin embargo, como revelan varios reportes de prensa, esta “bicicleta financiera” se ha desajustado generando una millonaria deuda con las constructoras y fuertes presiones a las arcas fiscales.
Chile ha avanzado de manera significativa en el fortalecimiento de su institucionalidad fiscal. La incorporación de un ancla de deuda pública dentro del nuevo marco fiscal fue un paso clave para resguardar la sostenibilidad a largo plazo. Pero ese mismo progreso nos obliga a mirar con más atención lo que ocurre “bajo la línea”. Porque no se trata solo de contabilidad: cada peso que se escurre sin debate erosiona el margen para financiar prioridades sociales y encarece el costo de endeudarse. Mirar bajo la línea no es una obsesión técnica. Es, literalmente, la línea que separa la prudencia de la improvisación fiscal.
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¿Cómo se prioriza lo prioritario? Por Juan José Obach. https://t.co/KJUk6WmvsG
— Ex-Ante (@exantecl) November 7, 2025
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