Chile es referente mundial en abastecimiento de agua potable y saneamiento, liderando la OCDE en cobertura de tratamiento de aguas servidas urbanas. Sin embargo, hemos avanzado poco en incorporar el reúso de aguas residuales como una práctica habitual, que complemente las fuentes continentales y contribuya a la seguridad hídrica del país.
Esta condición se ha dado por dos razones. Principalmente, porque el tratamiento y transporte del agua a los puntos de consumo requiere de inversiones que pueden ser muy costosas para los usuarios finales. Pero también por regulaciones que desincentivan este tipo de proyectos.
En el caso de las inversiones en tratamiento y transporte, dejar aguas servidas domésticas aptas para usos como riego o industria oscila normalmente entre 0,5 y 1,0 dólares por metro cúbico, dependiendo de la escala y tipo de tratamiento. Pero este costo, que puede ser similar o menor al de otras tecnologías, como la desalación de agua de mar, es sólo una parte del total.
Se debe agregar la inversión y operación en sistemas de bombeo, acueductos, cámaras, estanques y toda la infraestructura requerida para llegar con el agua a los interesados. Dependiendo de la altura de elevación y distancias, el transporte puede significar un 40%, 50% o incluso un 80% del total de los costos de suministro de este tipo de fuentes.
¿Quién, entonces, debería cubrir estos costos de inversión y operación? Parece evidente que los usuarios que serán beneficiados con el recurso. El problema es que muchas actividades económicas, como varias ramas de la agricultura, no pueden pagar un costo para esta agua de 1, 2 o más dólares por metro cúbico. Donde sí podría existir disponibilidad de pago, como en la minería, surge el segundo factor: la incertidumbre regulatoria.
La legislación sanitaria establece que toda actividad económica de tipo “no regulada”, que involucre infraestructura usada también para la prestación de servicios sanitarios a la población, debe compartir sus beneficios con los clientes, generando, en algunos casos, una rebaja de sus tarifas. Esto se observa, por ejemplo, en la compartición de los ingresos que se perciben por la entrega de aguas servidas tratadas a terceros, que se realiza en algunas plantas de tratamiento del país.
El problema aparece cuando, para poder reusar las aguas, se requiere invertir en tratamientos adicionales o en grandes conducciones para llevarla, por ejemplo, a una mina en la alta cordillera.
En estos casos, como la infraestructura adicional no es parte de la prestación del servicio regulado, las inversiones no deberían ser consideradas para evaluar potenciales descuentos en las tarifas reguladas. Sin embargo, esto ha sido materia de discusión en sucesivos procesos de cálculo de tarifas entre las empresas sanitarias y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Lo anterior agrega un costo incierto al reúso, que desincentiva a todas las partes involucradas, especialmente a los usuarios finales, ya que complejiza la evaluación en el largo plazo de estas inversiones y dificulta la proyección de flujos y modelos de financiamiento, debido a que una partida importante del proyecto puede variar cada cinco años, que es lo que dura la vigencia de los respectivos decretos tarifarios.
Como vemos, el problema no es técnico, sino económico y administrativo. Superar esta brecha requiere actuar en distintos frentes que permitan construir un modelo que entregue estabilidad y visión de largo plazo.
Por una parte, debemos trabajar en agrupar demanda, focalizar subsidios y hacer uso eficiente del recurso. Si logramos una mayor escala, capturaremos economías que abaratarán costos, y si esto se complementa con una reasignación de fondos, que hoy se destinan a otras fuentes que dependen de la disponibilidad de agua continental, podremos hacer accesible el reúso de aguas a nuevas actividades, como la agricultura.
El otro frente importante es la incertidumbre regulatoria. Si fijamos condiciones que permitan realizar inversiones de largo plazo, sin tener que discutir periódicamente los criterios de descuento y, por ende, el costo total de operación de estos sistemas, daremos condiciones de financiamiento y desarrollo a proyectos cuyos efectos son positivos para la población, el entorno, las empresas y los usuarios finales del recurso.
Imaginemos un Chile con agua, llueva o no llueva. En ACADES trabajamos para que esa visión sea una realidad.
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