Desde un punto de vista político, el actuar del gobierno en la presentación de su último proyecto de presupuesto es, al menos, torpe. Primero, de forma inédita el Presidente Gabriel Boric utilizó la cadena nacional para criticar la propuesta de uno de los aspirantes a la Moneda, que asegura (con total desparpajo) poder recortar en US$6.000 millones el gasto público en apenas 18 meses.
El mandatario se olvida que la cadena nacional es un privilegio -que conlleva deberes-, rompiendo las reglas del fair play democrático y deteriorando, una vez más, la figura presidencial.
Segundo, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, decide eliminar la “glosa republicana” y dejar con cero pesos a la próxima administración. Si bien es cierto que esta era una de las medidas de la Comisión Revisora de Gasto, la propuesta original contenía una facultad de reasignación 10 veces mayor a la propuesta por el titular de Hacienda. Que las críticas no se hayan hecho esperar y que cayeran de todos los sectores (incluida la candidata oficialista) habla del poco trabajo pre-legislativo que hizo el gobierno con esta medida.
Tercero, este es el último presupuesto de un gobierno que ha estado marcado por despilfarros fiscales, como el caso de las fundaciones amigas o las deudas impagas del MINVU. Si a estos escándalos le sumamos sistemáticas desviaciones de la meta de balance estructural (sin crisis de por medio), el proyecto de Presupuesto 2026 era la última oportunidad del gobierno para dar un golpe de timón y dejar “la casa ordenada”. Nada de eso ha pasado hasta el minuto.
Entrando al tema de fondo. ¿Es alto o bajo el aumento de 1,7% que propone el gobierno para el Presupuesto 2026? Si lo comparamos con el crecimiento histórico del presupuesto es bajo (4,8% anual en la década pre-pandemia). Pero esta no es la comparación relevante. Lo que importa es si el 1,7% es compatible con la meta de balance estructural de -1,1% del PIB.
La respuesta no es tan simple. Recordemos que, dada nuestra regla fiscal, el gasto se fija en base a los ingresos estructurales (estimados con precio del cobre de largo plazo y con la economía en su nivel de tendencia).
Para el 2026, el gobierno proyecta que el gasto alcance el 23,3% del PIB, lo que equivale a un aumento de US$3.100 millones con respecto a su última estimación de hace tres meses. Si a esto agregamos sobreestimaciones de ingresos para los años 2024 y 2025, todo indica que los riesgos de incumplir la meta el 2026, persisten.
Cuando las reglas no se cumplen, se daña su credibilidad. Las proyecciones indican que este año terminaremos con un déficit fiscal estructural de -2,2% del PIB, una desviación del doble con respecto a la meta inicial (-1,1% del PIB). Con esto, el actual gobierno cumplirá tres años de incumplimiento de la meta fiscal, por lo que no podemos darnos el lujo de volver a incumplirla el 2026.
De ahí la importancia de que en la tramitación legislativa el gobierno explicite claramente sus supuestos y, ojalá, el Consejo Fiscal Autónomo pueda emitir su opinión al respecto.
Por último, dada la estrechez fiscal en que nos encontramos, es fundamental agregar medidas de ahorro y racionalización del gasto público. En este sentido, es positivo que se estén considerando 16 de las 34 medidas de la Comisión Revisora de Gasto, aunque aún faltan más detalles del gobierno para ver cómo se materializarán (pág. 128, IFP 3T).
Con todo, el proyecto de Presupuesto 2026 es de carácter insípido y timorato. Queda la sensación de que los esfuerzos por hacer un ajuste fiscal de la magnitud que el país requiere no son suficientes y que el gobierno perdió la oportunidad de transmitir y proyectar un compromiso real con devolver la credibilidad de la meta fiscal. Otra tarea que quedará pendiente para la próxima administración.
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