En el Congreso —ese mundo de discursos, fiscalización y responsabilidad difusa- conocimos al mejor Carlos Montes. En el Ejecutivo —el terreno de los presupuestos, los plazos y la responsabilidad directa— vimos su peor versión. Tras 32 años como parlamentario, su llegada al gobierno parecía el cierre con broche de oro de una carrera impecable.
Pero el paso a la gestión lo dejó al descubierto. Hoy, entre la deuda de su cartera, la negligencia en la reconstrucción, el fiasco de las tomas, la corrupción del caso Convenios y el enfrentamiento con su candidata presidencial, Montes vuelve al centro de la polémica, con una reputación irreversiblemente dañada.
Parlamentario excepcional. De origen en el MAPU y posterior militancia socialista, Montes fue parlamentario entre 1990 y 2022.
Ministro con altas expectativas. El 11 de marzo de 2022, Montes fue uno de los cuatro ministros del Socialismo Democrático en el primer gabinete de Gabriel Boric. Junto con Mario Marcel, fue de los pocos nombramientos valorados por la oposición y los gremios. Su experiencia en vivienda hacía pensar que sería un ministro de lujo, capaz de aportar oficio y solvencia técnica a un gobierno inexperto.
3. Plan de Emergencia Habitacional: De menos a más y una deuda que preocupa. El octavo reporte de Déficit Cero, al primer semestre de 2025, muestra que el PEH ha acelerado su ejecución al punto de que podría cumplirse la modesta meta de 260 mil soluciones habitacionales al cierre del gobierno.
4. Tomas de San Antonio y Quilpué: el arte de patear los problemas. En el manejo de las usurpaciones, Montes ha repetido la lógica dilatoria: ganar tiempo y dejar el conflicto al próximo gobierno.
5. Incendios: del crimen al abandono. A un año y medio de que 137 chilenos perdieran la vida y más de 4.600 viviendas fueran consumidas por las llamas, Montes, en lugar de pedir perdón, optó por excusarse: “Soy el ministro, no el jefe de la reconstrucción”.
6.Convenios: corrupción bajo sus narices. El caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del gobierno. Lo que comenzó con el traspaso de $391 millones desde la Seremi de Antofagasta a la fundación Democracia Viva derivó en una red de convenios con más de 50 fundaciones, en 15 seremías, con 41 imputados y cerca de $90 mil millones bajo investigación, de los cuales $12 mil millones son del MINVU.
7. Estos episodios no son hechos aislados, sino parte de una gestión marcada por ineficiencia, obsecuencia con la corrupción y evasión de responsabilidades.
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