-El gobierno dijo que ustedes manejaron la negociación como una mera compraventa. ¿Qué responden a esa crítica?
-Nosotros nos vimos orillados a sentarnos en esta mesa de negociación, donde nos impusieron esta visión de generar una política pública a costa del patrimonio de la empresa. ¿Por qué los privados, con su patrimonio, tendrían que hacerse cargo de paliar el déficit habitacional? Eso es absolutamente injusto.
-Pero ¿esta fue una negociación distinta, porque había temas económicos, humanitarios, políticos?
-Si para los propietarios hubiera sido una compraventa más, no habrían estado negociando durante tanto tiempo, postergando el desalojo en tres ocasiones. Nos reunimos 17 veces con el Gobierno. Malamente nos podrían acusar de intransigentes.
-¿La negociación ya está muerta?
-Desde que comenzó fue letra muerta, porque no avanzamos en ninguno de los puntos. Es un claro fracaso para el gobierno en la medida en que no pudo proponer quién era el financista, los mecanismos de financiamiento ni otorgar la garantía comprometida. El Gobierno jugó con las expectativas de la gente que está ocupando ilegalmente el terreno.
-El Minvu dio a entender que ustedes no quisieron bajar el precio. ¿Fue así?.
-Ellos quieren centrar el tema en el precio, pero la mesa no fracasó por el tema del precio, sino porque el Estado no cumplió lo comprometido. La empresa ha bajado cuatro veces el precio. Por tanto, el precio no fue el detonante del fracaso de esta mesa de negociación, sino que fue la inactividad e inoperancia del gobierno.
-¿Hasta qué punto estuvieron dispuestos a transar?
-Hubo una tasación de 1.29 bajo el método residual y de 0.80 bajo el método comparativo. Luego de eso nos bajamos a 0.69, nos volvimos a bajar a 0.58. Cuando en la sesión número 16 el Minvu dijo 0.4, los propietarios hicieron un esfuerzo importante aceptando perder más de 25 mil millones de pesos, que es la diferencia entre el 0.69 y el 0.40. En la última sesión el Minvu no reconoció esto y planteó 0.22 UF el metro cuadrado.
-¿Hubo ánimo en el ministerio de alargar el proceso para traspasar el problema a otro gobierno?
-Forzoso es concluir aquello dado el fracaso y la falta absoluta de certeza e información. Fue un año y medio perdido en donde no avanzamos absolutamente nada.
-¿Ustedes han tenido contacto con los líderes de la toma?
-No, porque entendemos que ellos siguen cometiendo el delito de usurpación.
-¿Hay sectores de la toma donde hay narcotráfico y delincuencia?
-Es un caldo de cultivo para que se desarrollen distintas actividades delictivas. Las tomas se han normalizado como una forma de saltarse la fila y de presionar a los privados. Detrás de ellas hay personas inescrupulosas, que desarrollan actividades delictivas con total impunidad.
-¿Cuál es el ánimo actual de los empresarios?
-Ellos siempre han manifestado estar abiertos al diálogo. Se solicitaron audiencias con el ministro Montes en dos oportunidades, con el ministro Cordero. Todas fueron rechazadas.
-¿Cuál fue la respuesta?
-Simplemente no hubo respuesta. Ahora los propietarios sí accedieron a reunirse con el ministro Montes pero la verdad es que no hubo ningún tipo de avance. La expectativa que se mantiene es poder recuperar el patrimonio. Y que se restablezca el imperio del derecho. Al final del día es lo más beneficioso y provechoso para los dueños.
-¿Han calculado cuánto dinero han perdido?
-Sin lugar a dudas que son pérdidas sustanciales. El terreno al momento de la ocupación estaba en un proceso de expropiación para construir un acceso norte, por 1,2 UF el metro cuadrado. Es una zona vital para el crecimiento ordenado de San Antonio. Además, el fisco pierde por contribuciones.
-Carlos Montes llamó a buscar una “solución hasta el último momento”. ¿Es realista?
-No. A la fecha nosotros ya hemos activado la orden de desalojo porque no ha existido ningún avance sobre una solución alternativa al cumplimiento de la sentencia.
-Aquí se enfrentan el derecho de propiedad, que es constitucional y según el Gobierno el derecho de las personas a conseguir vivienda. ¿Cómo abordan ese problema?
-Estas personas han cometido un delito y no puede pretenderse por parte del Estado endosar responsabilidad a los privados. Además, es una mala política pública que favorece a quienes están cometiendo una usurpación. Es una señal para las personas a tomar los terrenos.
-¿Cuánto tiempo calculan que puede demorar el desalojo?
-Nosotros esperamos que sea durante este Gobierno.
-Desde el Minvu, se informó que hubo conversaciones con el Banco Estado, ¿ustedes tuvieron conocimiento de esas tratativas?
-Absolutamente, no. Fue precisamente el punto más relevante sobre el cual pasó el fracaso de la mesa técnica, porque en reiteradas ocasiones solicitamos un documento formal del Banco Estado.
-¿Piensas que las tomas son uno de los problemas más acuciantes del país?
-Luego del estallido social existió un síntoma generalizado por parte de inescrupulosos de entender que existía impunidad en torno a generar este tipo de movimiento organizado. Dentro de los terrenos tomados existen loteos irregulares, ventas de microlotes y una serie de actividades delictivas que están amparadas bajo estas tomas desde 2019 a la fecha.
-Ustedes dijeron que había gente de gobiernos locales que había apoyado las tomas. ¿En qué se basan?
-Existen audios que se filtraron de la exalcaldesa de San Antonio (ex Frente Amplio), en donde ella entregaba instrucciones a los tomadores de cómo evitar las notificaciones judiciales a propósito de la actividad de carabineros.
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