ProCultura: el criterio del fiscal Castro que golpeó a Orrego y lo tiene cerca de ser formalizado

“Aquí no va a haber formalización, porque nosotros hemos actuado siempre con absoluta trasparencia”, dijo el gobernador Orrego (ex DC) previo a su reelección. La audiencia para desaforarlo, fijada para el 6 de octubre, lo dejó cerca de que esto sí ocurra. Este escenario se desencadenó luego de que el fiscal Castro invirtiera el criterio de su predecesor.

Por qué importa. La audiencia de desafuero del gobernador Claudio Orrego (ex DC) fijada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta para las 9 am del 6 de octubre dejó a la autoridad metropolitana cerca de que su predicción de que no sería formalizado en el caso ProCultura, resulte ser falsa.

• Ésta fue formulada en el debate del 17 de noviembre por su reelección, cuando dijo a su contendor de Chile Vamos Francisco Orrego que “aquí no va a haber formalización, porque nosotros hemos actuado siempre con absoluta trasparencia”.
• El 6 de octubre —en un mes más— el tribunal analizará los antecedentes que presente el fiscal jefe de alta complejidad de Antofagasta Eduardo Ríos, la defensa del gobernador que haga su abogado Rodrigo de la Barra y resuelva si hay mérito para quitarle su fuero legal.
• Si lo desafuera y esto se confirma, la fiscalía podrá formalizar cargos en su contra por fraude al fisco y otros delitos en el caso ProCultura y pedir medidas cautelares que podrían llegar a la prisión preventiva.
• Este escenario ocurrió luego de el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro invirtiera el criterio trazado por su predecesor, Patricio Cooper, quien fue sacado en mayo del caso.
• ProCultura es la principal arista del caso Convenios, en que se indaga el presunto traspaso irregular de $6 mil millones a esta fundación, desde el Ministerio de Vivienda y de siete Gobiernos Regionales (Gores), durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El convenio cuestionado. La trama metropolitana de esta causa se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar al siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín —ahijado político de Orrego— director de la Corporación de Desarrollo presidida por la misma autoridad.

• Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para prevenir suicidios Quédate, causa en que Orrego declaró como imputado y se levantó su secreto bancario.
• Sólo en mayo de 2024, casi 11 meses después de que la fundación se sumara al escándalo del Caso Convenios, el Gore se querelló contra ProCultura por la presunta apropiación indebida de $1.010.379.291 no restituidos del programa Quédate, lo que dejó a Orrego con la doble figura de imputado y querellante.
• “El gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”, dijo este jueves su abogado en una declaración.

El criterio Cooper. El 30 de julio, el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper dijo a Radio Duna que al dejar el caso había tomado la decisión de “formalizar a las 14 personas de ProCultura”.

• “Estoy hablando de Alberto Larraín para abajo (…), de distintas regiones, que eran de la fundación propiamente tal, por fraude al fisco”.
• “La arista de financiamiento ilegal de la política no estaba desarrollada”, precisó, dando a entender que todavía no tenía contemplado formalizar a gobernadores.
• Su salida del caso ocurrió el 16 de mayo, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas desde octubre a la siquiatra Josefina Huneeus, ex señora de Alberto Larraín, que incluyeron un diálogo con el Presidente Boric.
• La resolución, ratificada en fallo dividido por la Corte Suprema, comparó el “pinchazo” con las actuaciones de agentes estatales durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que el fiscal nacional Ángel Valencia consideró “grave”.

El nuevo criterio. El nuevo criterio fijado por Castro (de partir por Orrego) se conoció tras tres meses en que el fiscal revisó las más de 70 mil páginas de la carpeta dejada por Cooper, luego de lo cual habría resuelto enfocarse en un hecho conocido desde 2023: el potencial conflicto de interés que había entre Orrego y Larraín.

• Estos reparos fueron explicitados por Cooper al solicitar el levantamiento del secreto bancario de Orrego, lo que fue concedido el 25 de febrero de este año.
• “Antes de la suscripción de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín Salas, cofundador de la fundación y director ejecutivo de la misma, como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gobierno Regional, cargo que fue propuesto por el gobernador”, dijo la petición.
• “Otro punto relevante a destacar es que Alberto Larraín Salas celebró un contrato de prestación de servicios con la Fundación Procultura, como director ejecutivo de la misma, recibiendo una remuneración bruta mensual de $6.000.000 y que, a partir de abril del año 2023, parte de este monto, en específico, $1.500.000, fueron pagados con cargo a los fondos traspasados por el Gore Metropolitano con ocasión del convenio”.

Los otros gobernadores. El criterio de Castro ha generado interrogantes sobre qué ocurrirá con otras autoridades políticas. En la causa declararon como imputados los gobernadores Orrego; Rodrigo Mundaca (Ind-FA) de Valparaíso; Jorge Flies (Radical) de Magallanes y Ricardo Díaz (ex RD) de Antofagasta.

• También lo hizo en esa misma calidad el exgobernador del Biobío Rodrigo Díaz (ex DC). Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble, guardó silencio.

 

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