En la última década, China ha sorprendido al mundo académico al posicionar a ocho de sus universidades entre las diez más destacadas del planeta en términos de producción científica, según el reconocido índice de Nature. Este fenómeno no es producto del azar, sino el resultado de una política pública deliberada que ha vinculado estrechamente a la educación superior con los objetivos de desarrollo económico, innovación tecnológica y proyección internacional del país.
Detrás de este salto cualitativo y cuantitativo se encuentra una estrategia de Estado que ha combinado inversión masiva y sostenida con un enfoque estratégico de excelencia, la atracción y formación de talento nacional y extranjero y una decidida apertura hacia la colaboración internacional y con el sector productivo. China ha elevado su gasto en investigación y desarrollo a niveles que hoy superan, ajustados por poder de compra, a los de Estados Unidos y la Unión Europea.
Parte importante de este financiamiento se ha canalizado hacia las universidades y centros de investigación, permitiendo construir una infraestructura científica de primer nivel y formar investigadores altamente capacitados. Este esfuerzo ha sido sostenido en el tiempo y acompañado por metas concretas, como alcanzar un 2,5% del PIB en I+D, cifra que superó en 2022.
A la inversión se ha sumado una clara priorización institucional. Programas como el Proyecto 985, el 211 y el plan “Doble Primera Clase” han identificado universidades clave y disciplinas prioritarias, canalizando hacia ellas mayores recursos y autonomía. Esta concentración de esfuerzos ha transformado a instituciones como Tsinghua, Zhejiang o Peking en referentes globales, especialmente en áreas como química, ingeniería, inteligencia artificial y ciencia de materiales.
Estas universidades no solo publican en las mejores revistas científicas, sino que también producen patentes y colaboran activamente con empresas tecnológicas como Huawei o Alibaba, convirtiéndose en engranajes centrales de la estrategia de transformación económica del país.
En paralelo, China ha comprendido que el talento es el corazón de cualquier proyecto científico. Ha ampliado su sistema de educación superior, multiplicando la matrícula universitaria y facilitando el acceso. Pero también ha implementado ambiciosos programas para repatriar científicos emigrados, como el plan “Mil Talentos”, que ofrece condiciones de trabajo excepcionales.
Asimismo, ha enviado a miles de estudiantes a formarse en el extranjero con becas estatales, bajo el compromiso de regresar y aportar al desarrollo nacional. A diferencia de lo que ocurre en Chile, donde muchos doctores becados encuentran dificultades para reintegrarse al sistema, en China este retorno ha sido exitoso, incorporando a los becarios en universidades, centros de investigación y empresas de base tecnológica.
El modelo chino también destaca por su vocación internacionalista. Lejos de encerrarse, sus universidades han tejido una densa red de cooperación con instituciones extranjeras, creando programas conjuntos, centros de investigación compartidos y fomentando la movilidad académica. Antes de la pandemia, casi medio millón de estudiantes extranjeros cursaban estudios en China, en parte como estrategia de diplomacia científica y cultural. Esta apertura ha contribuido al fortalecimiento interno del sistema, demostrando que la internacionalización puede ser compatible con el desarrollo local.
Si bien las diferencias entre Chile y China en escala y recursos son evidentes, las lecciones del modelo chino pueden ser valiosas. Para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, Chile debe aumentar significativamente su inversión en investigación, cumpliendo la promesa de alcanzar el 1% del PIB en I+D. Esta inversión debe ir acompañada por una política de focalización que permita crear un sistema de universidades de excelencia, con financiamiento preferencial y autonomía reforzada para instituciones comprometidas con la ciencia de frontera.
Es fundamental, además, fortalecer los mecanismos de formación, retorno e inserción de talentos, evitando la fuga de cerebros que tanto debilita al país. Y, por supuesto, se debe profundizar la relación entre la academia y el sector productivo, impulsando la transferencia tecnológica y la innovación aplicada a los desafíos nacionales. Finalmente, Chile debe integrarse más activamente a las redes científicas internacionales, aprovechando sus ventajas comparativas en áreas como astronomía, energías renovables o biodiversidad.
El caso chino demuestra que las universidades pueden ser verdaderos motores de desarrollo cuando existe una visión estratégica y sostenida desde el Estado. Chile, con voluntad política y perseverancia, puede adaptar esa experiencia a su escala, construyendo un sistema de educación superior de excelencia, capaz de formar a las nuevas generaciones y generar soluciones innovadoras para los grandes desafíos del siglo XXI. Apostar por la ciencia y el conocimiento es, en definitiva, invertir en un futuro de desarrollo sostenible y progreso compartido.
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